El día lunes 14 de octubre, en el centro educativo Julio César Tello todo parecía normal. Los chicos se encontraban asistiendo a sus clases vespertinas a cargo de sus profesores de enseñanza secundaria. A las 17:00, aproximadamente, un sujeto con polo blanco, chaleco negro y gorra azul se acercó a la puerta del colegio y preguntó por el profesor de comunicación social Julio Pacheco Pimentel que daba clases en el segundo piso del plantel. Como el individuo, que se acompañaba de otro que lo esperaba en una motocicleta insistiera en entregarle una notificación judicial, llamaron al profesor para que bajara inmediatamente. Cuando llegó al lugar señalado y ante la presencia de administrativos, profesores y alumnos que se encontraban allí y sin que mediaran palabras el requirente desenfundó una pistola y le dio tres balazos en el pecho que dejaron al profesor tendido en el piso, herido de muerte mientras una mancha de sangre se deslizaba lentamente por el suelo.
La noticia dejó a la comunidad escolar devastada, y causó alarma en el país, especialmente los padres y docentes de niños y jóvenes en edad escolar, pero en el Perú cercado por los sicarios no extrañó a nadie. Tampoco la frivolidad con la que reaccionó el gobierno y la ausencia de la presidenta.
La inseguridad de los ciudadanos es, el tema que tiene a los peruanos, más preocupados y divididos que nunca. Y al gobierno al final de una extensa, sostenida, y lacerante crisis política.
Recién el jueves pasado los principales gremios de los transportistas peruanos iniciaron una huelga de 72 horas reclamando mínimas medidas de seguridad cansados de tantos casos de extorsiones, secuestros, y homicidios del que son víctimas los conductores. En palabras del dirigente de los transportistas y vocero de uno de los gremios Julio Campos Cárdenas: es el propio gobierno el que nos lleva a movilizarnos para proteger nuestro derecho a la vida. ¿Cuántos muertos más tienen que haber para que esto termine?
El gobierno como siempre no solo no los escuchó. Ni siquiera fueron recibidos por sus autoridades. Es más, algunas de éstas -como el primer ministro Gustavo Adrianzen-, los acusó de chantajear al ejecutivo para obtener nuevas rutas y que les quiten multas. Otras autoridades no desaprovecharon la oportunidad para terruquear [1] a los dirigentes sindicales de la movilización.
Sin embargo, el paro fue todo un éxito. Y aunque ello empezó a preocupar al ministro del Interior, no parecen querer siquiera hacerse cargo en serio de la situación.
Los que sí se lo tomaron en serio son los representantes de Finlandia, Costa Rica (a los que se suman México, por otras razones) y los de DAVOS, que ya anunciaron que no asistirían a la reunión de la APECen Perú, por razones de seguridad: con cinco muertos al día Lima no es ya un lugar seguro.
En realidad, en el Perú actual faltan muchas cosas. Para empezar en una nación de régimen presidencialista falta la presidenta. Ni más ni menos. Dina acaba de cumplir el triste récord de pasar los cien días sin tener interlocución con el país. Al parecer, los encargados de comunicación de la Casa de Gobierno han preferido apostar por su silencio que intentar mejorar sus intervenciones. Por eso, la última aparición pública se realizó el día 17 de octubre, sin los molestos periodistas, sin preguntas, y en una intervención a propósito del nombramiento del personal de asistencias del Ministerio de Salud y en la que al final de su discurso declaró: no voy a renunciar y aquí nos quedamos hasta el 2026 para seguir consiguiendo más logros para el Perú tratando de anarquistas a los gremios opositores. Hay que reconocer que optimismo no le falta a la presidenta, que dicho sea de paso ostenta el lamentable récord de contar con un 96 por ciento de rechazo.
Para comprender la situación política, empero, hay que poner atención en lo que solicitan los gremios. Porque no se trata como pudiéramos pensar en reivindicaciones económicas típicas como lo son el subsidio a los combustibles, el ajuste de los precios del transporte o el encarecimiento de los insumos para reparar los vehículos. No. Lo que solicitan es la derogación de la ley denominada contra el crimen organizado y que en conjunto con otras de semejante naturaleza tienen como objetivo la impunidad de los delincuentes. De toda clase de delincuentes, subrayemos esto último.
Porque además de que el gobierno ha convertido al parlamento en mera correa de transmisión de sus cuestionados criterios políticos, las iniciativas legislativas que el ejecutivo ha llevado allí no pueden ser peores, al menos para las víctimas de los delitos de mayor trascendencia. Destaca, la controvertida ley 32.107, promovida por parlamentarios fujimoristas y que en su parte dispositiva declara que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. El resultado es claro: los 69.000 crímenes acaecidos en el oscuro período de 1980-2000, -el terrorismo de Estado durante el período de Fujimori- queda impune.
Los gremios reclaman que las leyes recientemente aprobadas como, la ley 38.108 sobre crimen organizado, entre otras, favorecen directamente a los delincuentes por cuanto exigirá para que se considere una organización criminal que tenga una: compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, y que se conforme por tres o más personas que de manera concertada y coordinada, se reparten roles para la comisión de delitos sancionados con más de seis años de cárcel con el fin de obtener directa o indirectamente, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico. En palabras simples, para que un grupo de delincuentes que actúan coordinadamente cometiendo crímenes, la fiscalía consiga la consideración de organización criminal, deberá pasar por un exigente organigrama, Plan de Negocios y Visión Estratégica. Un absurdo. Pero no gratuito.
Además, y como si fuera poco ante el clima de alarma generalizado en el país el gobierno reacciona tarde y sobre todo mal. El último bochornoso suceso que tiene como protagonista al ministro del interior habla por sí solo. Porque el miércoles recién pasado el ministro del Interior Juan José Santivañez declaró por la radio Programas del Perú y anunció con bombos y platillos que la Policía Nacional había capturado ni más ni menos que al terrorista más buscado del Perú, -número dos se dijo- del Sendero Luminoso. La captura del siglo se difundía por las redes del ministerio. A los pocos días se desinfló: el capturado nunca fue cabecilla de la organización terrorista; había pasado largo tiempo en la cárcel; prestó cooperación a las fuerzas de seguridad; había recuperado su libertad hace 19 años, y ahora trabaja como albañil.
El siempre ansioso por ocupar las luces de la prensa, Santivañez, una vez conocido el error, guarda silencio, sumándose a la humilde práctica benedictina de su presidenta.
Todos saben en Perú que lo que une a la mayoría de los políticos es el miedo. El miedo a que llegue el día del ajuste de cuentas. El miedo a que como dice el prestigioso periodista y escritor César Hildebrandt los miembros del parlamento de los delincuentes sean tratados como tal. Y son muchos los actos reprochables de este, además de la dudosa constitucionalidad con la que destituyeron al presidente Castillo.
Probablemente, por eso también, los índices de pobreza son preocupantes: En el gobierno de Dina Boluarte la cifra de pobreza pasó del 27,5% en 2022 al 29% en 2023, lo que importa el incremento en 3,2 millones de personas pobres, en relación con el período prepandemia.
Un acontecimiento aparentemente menor parece mostrar el calentamiento súbito de la temperatura ambiental de la sociedad peruana: el día 17 de octubre y rompiendo con el más elemental respeto por sus reglamentos en la prestigiosa e icónica Universidad de San Marcos, la rectora y sus subalternos, presentaban una lista única luego de sacar por secretaría a sus oponentes. Con ello se proponía controlar a través de los decanos y otras autoridades la asamblea universitaria para asegurar su permanencia en la rectoría hasta el 2035.
Como era de esperar los alumnos y profesores reaccionaron oponiendo movilizaciones en protesta por los luctuosos sucesos en el claustro universitario. Las consecuencias directas fueron la represión brutal de los estudiantes, pero no por medio de la policía -que se mantuvo inmóvil y pasivamente cómplice de los hechos- sino por grupos armados, y encapuchados que agredieron a los estudiantes con medios desconocidos hasta ahora. Cuando al día siguiente la represión de los matones contratados fue desbordada por los estudiantes, la rectora de la Universidad de San Marcos anunció la suspensión de las cuestionadas elecciones. El ambiente estudiantil empieza a contagiarse y todo parece anunciar que se sumarán al paro nacional convocado por los transportistas.
El paro convocado para el 23 tenía una consigna: cuyes si, ratas no. Esta curiosa metáfora hace referencia a la resistencia de los estudiantes y el pueblo peruano (cuyes) que representan a las comunidades que luchan y movilizan la esperanza de un país con una educación y salud de calidad y al alcance de todos, y, sobre todo, superar el insostenible clima de inseguridad. El gobierno y el parlamento (ratas) representan la corrupción y las ventanas por donde se cuela el sicariato, los extorsionadores, y las mafias.
Al publicar este artículo ya sabremos el resultado de la protesta, pero podemos vaticinar que será masiva, extensa e inclusiva en el mejor sentido del término: incluirá a muchas de las clases postergadas del variopinto pueblo peruano; a muchas reivindicaciones sobre injusticias sociales y a muchos agraviados por un gobierno corrupto y un parlamento venal.
Posiblemente vaticinará también el comienzo del hundimiento de un sistema político desprestigiado, fracasado e inmoral.
[1] El término terruquear hace referencia al vocablo terruco, como vulgarmente se trata a los terroristas que como el Sendero Luminoso asolaron Perú hace algunas décadas. Es un modo típico del gobierno y los políticos de derecha para denostar a cualquier forma de protesta que se realice públicamente.
