La complicidad entre los gobiernos militares fue absoluta y eficaz. Las policías secretas compartieron información y trasladaron a sus detenidos de un país a otro.
La imagen de esa ave negra, imponente, con sus alas desplegadas se le volvió una obsesión. Durante ocho años se sumergió en una investigación destinada desentrañar y denunciar cómo las dictaduras sudamericanas coordinaron sus políticas represivas para secuestrar, torturar, asesinar y hacer desparecer a los/as opositores políticos/as y exiliados/as.
Doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics, investigadora y docente de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo en la Universidad de Oxford, Inglaterra, la italiana Francesca Lessa es la autora de una de las investigaciones más exhaustivas sobre Operación Cóndor que se haya realizado.
El broche de oro de este ambicioso trabajo es un video titulado La Operación Cóndor al Descubierto -disponible ya en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GA44sszBetY&t=320s), en inglés y español -, que se da a conocer en vísperas del 46 aniversario del Golpe de Estado en Argentina (24 de marzo de 1976).
Lessa parte aclarando que la Operación Cóndor “no constituye un momento aislado de la coordinación represiva” sino que abarca toda la década de los ’70. “Los primeros casos de secuestro, tortura, detención y traslados clandestinos de ciudadanos brasileños refugiados en Uruguay tuvieron lugar ya en 1969”, advierte. “Los últimos se refieren a militantes chilenos del MIR detenidos en la zona fronteriza entre Argentina y Chile en 1981.”
Inaugurado en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, Cóndor tenía como misión exterminar a quienes eran considerados enemigos, subversivos peligrosos para la patria. Argentina, Uruguay y Chile fueron los miembros más activos. Argentina tuvo la presidencia de la organización en 1976 y 1977, los dos años más sangrientos de Cóndor. Su brazo operativo tenía su base en Buenos Aires. Cuando la dictadura militar concluyó, el país arrojó el triste saldo de 30 mil desaparecidos.
A la hora del balance, su aporte ha resultado clave para los juicios que se han celebrado para juzgar a los responsables de estos delitos, especialmente en Italia y en el sistema interamericano. Como si fuera poco, su libro The Condor Trials (Los Juicios Cóndor) se publicará en Estados Unidos en mayo próximo (https://yalebooks.yale.edu/book/9780300254099/condor-trials).
Víctimas y victimarios
Pero Francesca Lessa no sólo es obsesiva sino perseverante y corajuda. En el 2017 fue amenazada de muerte, junto a otras doce personas- ministros, activistas, abogados, fiscales- por un tal Comando Barneix. La sorprendió en el exterior y no pudo regresar a Uruguay, donde vivía entonces. La investigación para aclarar lo sucedido se abrió, pero “desde ese momento no pasó prácticamente nada”, recuerda. La actitud del gobierno uruguayo “fue de silencio total”, remata.
No se detuvo y, poco a poco, fue sistematizando una tremenda cantidad de material que, hasta entonces, había estado disperso. Además, escarbó en los documentos de archivos latinoamericanos y de Estados Unidos y, no menos importante, hizo más de cien entrevistas con actores locales para incorporar sus voces. En dos oportunidades (2008 y 2014) intentó reunirse con victimarios en Uruguay, pero ellos se negaron.
Dos bases de datos -inéditas hasta ahora- contienen toda la información: una con los nombres de las víctimas de la coordinación represiva. Otra con 45 juicios en varios países, principalmente en el Cono Sur, pero también en Italia, Francia y Estados Unidos. Tras su investigación, Lessa concluye que el Plan Cóndor cobró por lo menos 805 víctimas si se considera el periodo comprendido entre 1969 y 1981.
Ocho dictaduras militares sudamericanas –Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador– participaron en una red que cubrió cuatro quintos del continente y, con el respaldo de la CIA, ejerció el terrorismo de Estado más brutal del siglo 20. La complicidad entre los gobiernos militares fue absoluta y eficaz. Las policías secretas compartieron información y trasladaron a sus detenidos de un país a otro. El pacto de silencio entre los autores nunca se ha quebrantado y ninguno de ellos ha mostrado un asomo de arrepentimiento.
“Muchos de estos regímenes militares negociaron su salida del poder”, dice Lessa. “Incluyeron una cláusula de impunidad porque, por supuesto, dichos gobiernos querían asegurarse de que no se investigara lo que había ocurrido cuando estuvieron en el poder.”
Impunidad sin fronteras
Desde distintos puntos de la cordillera de Los Andes, muchas de las víctimas fueron arrojadas durante la noche a la inmensidad del océano, con sus vientres cargados de piedras para que no flotaran a la superficie. América del Sur se convirtió en una zona de terror e impunidad sin fronteras. En Argentina se cometieron el 69 por ciento de los delitos de la coordinación represiva.
Cabe destacar que el grupo de los uruguayos fue el más perseguido (48 por ciento), 24 por ciento argentinos y catorce por ciento chilenos. Asimismo, hubo un alto número de muertos y desaparecidos (45.5 por ciento) pero también un porcentaje similar de secuestrados, torturados, y posteriormente liberados (47 por ciento).
Mi hermana María Cecilia, y su marido, el médico argentino Guillermo Tamburini, fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires, en la madrugada del 16 de julio de 1976. Ella, socióloga, tenía 27 años; él, 32. Sus cuerpos no han sido encontrados.
El 27 de mayo de 2016, al cierre del juicio Plan Cóndor en Buenos Aires, Humberto José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti –ambos del ejército argentino– fueron los únicos dos imputados en el secuestro y desaparición de mi hermana. El primero fue condenado a 18 años de presidio y, el segundo, a doce. Alespeiti fue juzgado en el año 2009 por 107 secuestros y desapariciones. Murió en julio de 2019, mudo y senil, con la piel gris, las mejillas hundidas y la mirada vacía. Ambos ya cumplían arresto domiciliario por otros crímenes de lesa humanidad.
María Cecilia tenía una curiosidad insaciable. Imagino que las primeras palabras que aprendió fueron “¿Por qué?” Probablemente también fueron sus últimas. Pese a las décadas transcurridas, el dolor aún me rompe el alma. La herida sangra y no cierra. Ni por decreto ni con indulto. No cierra con un punto final ni con el olvido. Paradojalmente, esa herida nos une, en ella nos reconocemos
Caso emblemático
En diciembre de 2021, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado argentino es responsable por la desaparición forzada de Roger Julien y Victoria Grisonas, el 26 de septiembre de 1976, en la provincia de Buenos Aires. Ambos eran uruguayos, militantes del Partido de la Victoria del Pueblo (PVP). Estaban en su casa en la localidad de San Martin con sus dos hijos – Anatole, de cuatro años, y Victoria, de un año y medio -, cuando fueron violentamente detenidos. Tres meses más tarde, los niños eran abandonados en una plaza de Valparaíso y, posteriormente, adoptados por el matrimonio Larrabeiti Yañez.
En 1979 fueron localizados por la organización Clamor. Son los primeros nietos recuperados por sus abuelos.
Lessa subraya que este caso es “un ejemplo fuertemente emblemático del andamiaje del Plan Cóndor”, que tuvo como su blanco principal en 1976 a militantes políticos/as de nacionalidad uruguaya que se habían refugiado en Argentina. El mayor número de víctimas (487) fueron secuestradas en el período entre marzo de 1976 y diciembre de 1978.
Anatole Julien, actual fiscal de la zona oriente de Santiago, ha insistido durante años en la necesidad de “mantener una memoria viva”. Según subraya, el rescate de la memoria “puede ser un acto de reparación no sólo a nivel interno, sino también social. La cultura se construye conservando las emociones sociales que dejaron grandes movimientos, cambios o crisis de todo tipo.”
“Dar vuelta la página, sin leer lo escrito, permite la posibilidad de volver a repetir un ciclo sin aprendizaje”, remata.
