El Presidente Gabriel Boric acaba de nominar como miembro del directorio a un ex representante de los trabajadores ante dicha instancia y ex dirigente sindical, el periodista Rodrigo Cid, y se apresta a designar a una mujer en la Presidencia para impulsar un fuerte proceso refundacional.
Hace un par de semanas dediqué esta columna al repaso de la debacle y necesaria refundación de TVN como verdadera televisión pública. Un botín binominalizado y anacrónico que asiste a la paradoja de obtener más de 8 mil 297 millones de pesos de utilidades en el ejercicio contable 2021, pero que agoniza como proyecto editorial y medio identitario y promotor de la industria audiovisual independiente, como lo fuera antaño.
Marcando hitos
El nombramiento de Cid es simbólico por dar por primera vez representación con derecho a voz y voto a un integrante de la planta de trabajadores de la estación. Adicionalmente existe el cupo para el representante de los trabajadores -electo por votación directa- y que en los 30 años de aplicación de la ley solo tiene derecho a voz en esa instancia de gobierno corporativo.
En forma prematura –por lo que luego lo borró-, el exdiputado del PDC, Gabriel Ascencio, publicó en su twitter que este nombramiento tenía una inhabilidad contenida en el artículo 5º de la Ley 19.132 de 1992, que dio autonomía y autofinanciamiento al canal, al tiempo que fijó su normativa y composición de su staff directivo. Esta se refiere a que no pueden ser designados directores de TVN personas que mantengan relaciones contractuales con la señal. Pero se entiende en párrafos sucesivos que se trata de relaciones de tipo comercial vinculadas con la explotación de giro de TVN o con actividades comerciales, pero que no afecta a funcionarios de la señal que presten servicios sin ocupar cargos ejecutivos ni estén activamente ejerciendo la representación sindical. No obstante, el senador Evópoli, Luciano Cruz-Coke hizo rápido eco de esta denuncia para cuestionar la nominación del periodista de TVN, cuya proposición debe ser aprobada por la Cámara Alta.
La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, invitó a Cid a La Moneda junto con las directivas de los tres sindicatos que posee TVN. Allí expresó su satisfacción por materializar el cambio histórico de dar participación con derecho a voz y voto a trabajadores de TVN en su toma de decisiones corporativa. Una resolución que se ajusta a los planteamientos de la campaña del Presidente Boric para terminar con antiguos anclajes binominalizados en las empresas e instituciones estatales.
Si bien el nombramiento de Cid debe ser aprobado por la Cámara Alta, es el primer paso en el giro de gestión corporativa para la señal. Trascendió que este fin de semana se deberá ratificar a la candidata a reemplazar a la economista de la UC, Anita Holuigue, ex directora del Grupo Dial (que concentró a las radios de Copesa, de Álvaro Saieh), en la Presidencia del directorio de TVN. Entre los nombres que han trascendido está la periodista UC, Alejandra Matus, dedicada a investigaciones periodísticas de alto impacto, quien es parte de los panelistas y conductores de programas de La Red.
Refundar el canal
TVN ha sido jibarizado de modo profundo en su capacidad de producción de contenidos, cerrando su área dramática y externalizando la realización de sus espacios de entretención al grupo español Secuoya (como la nueva versión de Rojo). De este modo, el resto de los formatos de actualidad periodística recaen en el área de prensa, inclusive su matinal magazine.
Esta ausencia de apuestas nuevas en pantalla y de inversión de recursos en la ficción nacional -que históricamente dotó de identidad, representación y mucha popularidad a las teleseries y series de la estación-, debería revisarse en la nueva etapa institucional que se inicia desde el lunes 11 de abril.
Pero el problema de TVN es mayor que solo sanear su planilla de gastos e ingresos, de arrendar instalaciones o vender terrenos para hacer caja. Remite a conceptualizar de modo claro lo que implica ser un medio público estatal en el contexto país que vivimos: post estallido social, saliendo de una pandemia, con una fuerte contracción económica, una Convención Constitucional delimitando la institucionalidad que nos regirá en los próximos 50 años y un gobierno de izquierda que triunfa a costa de prometer profundos cambios en materia de ampliación de derechos sociales e inclusión.
El primer desafío es desentrañar el valor de lo público, cómo se encarna y se defiende, con qué herramientas audiovisuales y comunicativas desde una plataforma multimedial del Estado, que supere el actual modelo de solo señales de TV que deben autofinanciarse, entregadas a los vaivenes del mercado publicitario, que se interesa solo por atender a las audiencias trabajadoras en edades laboralmente activas y que tengan poder de compra por marca y no por precio.
El segundo es definir el diseño o la arquitectura de esta nueva plataforma multimedial. Saber si se crearán radios y con qué segmentaciones. También, si la actual señal educativa infantil/familiar se complementará con otra que realmente se defina como canal cultural. Si se concentrarán en un solo gran portal todos los esfuerzos por difundir las producciones de ficción y documental que se emiten actualmente por diversos webs públicos (Cineteca, Ondamedia, CNTV, etc.). Si TVN Play se despliega entonces como una plataforma audiovisual de amplia difusión de las creaciones nacionales, trascendiendo solo a la biblioteca de la estación. Si se abrirá al espectro digital de libre recepción el canal de noticias 24 Horas, uno de los más vistos de las televisoras de pago. Si se llegará a un acuerdo para fusionar los canales de la Cámara de Diputados y del Senado para emitir los contenidos en otra de sus señales digitales. Si se crearán nuevas sedes regionales para impulsar una verdadera descentralización televisiva pública potenciando los contenidos de los canales locales.
Un tercer desafío fundamental se vincula con la excelencia narrativa y los talentos a congregar para que los contenidos programáticos representen reales estándares de calidad programática, innovación discursiva y diferenciación de oferta respecto de las televisoras comerciales, altamente homologadas. Entender que hacer televisión pública no se basa solo en replicar las pautas de la prensa escrita, altamente elitizada y concentrada en poderes económicos de reconocido sesgo neoliberal y conservador. Tampoco en buscar contenidos baratos para cuadrar la caja a costa de negar pantalla a nuevas series y teleseries nacionales que sirvan de nuevo retrato social.
Un último y fundamental escollo refiere a su gobierno corporativo, que debe estar alineado con una total comprensión de lo que implica comunicar con sentido de servicio público. Y asumiendo además que debe ser financiado directamente con recursos públicos, sin publicidad, como el modelo inglés de la BBC, ajena a cualquier tipo de conflicto de interés que se produzca por la presión de los avisadores. Baste recordar estudios desarrollados por la Universidad de Chile y su Instituto de Comunicación e Imagen que demuestran cómo las empresas avisadoras cuando atraviesan crisis inhiben tratar esos temas a los medios en los que compran publicidad. Una clásica confrontación entre las direcciones de prensa y las gerencias comerciales -uno defendiendo la libertad de expresión; el otro, el negocio o los ingresos que permiten financiar al medio en su conjunto-, donde hasta el momento siempre el mercado lleva las de ganar si de ello depende la sobrevida de la señal televisiva.
