Segundo aniversario. La urgencia de fortalecer los gobiernos regionales

El 14 de Julio se han cumplido dos años de ejercicio en el cargo de las y los gobernadores regionales de Chile. La noticia no ha ocupado titulares en los medios ni está en la agenda pública; sin embargo, el proceso de descentralización sigue vigente y comienza a traducirse en algunos pequeños primeros pasos que son significativos.

Una de las decisiones emblemáticas de los traspasos de oficio de competencias es el decreto que transfiere la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental a los gobernadores en 11 regiones del país. Por primera vez, un representante de la ciudadanía tendrá responsabilidades respecto del cuidado del medio ambiente en las ciudades y espacios rurales de su territorio. Se dirá que es poco, que el resto de los integrantes de esa comisión son nombrados desde el nivel central y que la transferencia se hace de manera temporal por 5 años, entre otras limitaciones. Esos juicios no comprenden la oportunidad histórica que significa presidir la Comisión y tener que emitir “votos fundados” en cada decisión. Esto abre una etapa en que los gobiernos regionales, los consejos regionales y la ciudadanía tienen el desafío de construir una visión compartida de qué quieren para sus territorios y, a partir de ellas, elaborar propuestas y fijar criterios de desarrollo sustentable que sirvan de fundamento a esas decisiones de voto.

La oportunidad está abierta. Fortalecer el rol y la influencia del gobernador en las decisiones de la Comisión requiere saber más; tanto respecto de los impactos de los proyectos sobre los equilibrios ecológicos, como de las necesidades y prioridades que la población plantee. Lo anterior debiera potenciar los estudios propios que fortalezcan buenas decisiones de políticas basadas en evidencias y así favorecer el liderazgo de la autoridad electa. También sería conveniente escuchar a la ciudadanía en las instancias formales (COSOC Regional) e informales de cada caso. Por eso, sería recomendable que las regiones que no aceptaron este traspaso se incorporaran a este proceso. Sabemos de las enormes dificultades que entraña desenredar la madeja del centralismo. En este pequeño ejemplo podremos visualizar la potencialidad que nos entregan medidas aparentemente insignificantes para gatillar procesos realmente descentralizadores.

Desde arriba: Política Nacional de Descentralización

El Protocolo de Acuerdos firmado en enero, entre el gobierno nacional y la AGORECHI, define que “el gobierno de Chile convocará a autoridades regionales, locales y parlamentarios, así como a representantes de la academia y de la sociedad civil organizada vinculada al desarrollo territorial a dialogar en torno a una propuesta de la Política Nacional de Descentralización”.

El plazo era el mes de junio y ha vencido. Se espera pronto contar con ese instrumento para generar diálogos, visiones compartidas y empujar decisiones concretas en la materia.

La imagen de la institucionalidad centralista como una madeja muy difícil de desenredar refleja la complejidad del proceso. Para tejer la descentralización es importante desenredar la madeja sin cortar el hilo, esto es sin dañar la calidad de los servicios que la ciudadanía debe seguir recibiendo. Eso que nuestras abuelas hacían con tanta habilidad. Por eso, la iniciativa acordada en enero tiene tanta importancia. Debemos encontrar los hilos que permitan avanzar en esa tarea.

El desarrollo territorial debe ser colaborativo. En este caso, tal como está planteado, deben confluir iniciativas de lo alto hacia abajo (“top – down”) con otras que vayan desde la base hacia arriba (“bottom – up”).

El Estado de Chile ha dado el primer paso al aprobar el nuevo “royalty minero” con una fuerte opción descentralizadora tras objetivos de aumentar los recursos de decisión regional y local para lograr innovación y competitividad, recompensar a las zonas afectadas por la explotación minera y favorecer la equidad territorial.

Ahora corresponde complementar esa importante decisión generando las condiciones necesarias para una gestión impecable y exitosa de esos recursos.

De arriba hacia abajo nos parece que corresponde poner en marcha y dar forma legal permanente a lo que el Protocolo llama “Gabinetes Nación – Región” tanto a nivel nacional con el Presidente de la República y los 16 Gobernadores, como a nivel regional bajo el liderazgo de cada Gobernador/a Regional y la participación de sus jefes de División, Seremis y servicios públicos.

De la misma manera, debe avanzar y perfeccionarse el proyecto de Ley de Rentas regionales con responsabilidad fiscal todavía muy marcado por la enorme desconfianza que existe en la gestión autónoma de los gobiernos subnacionales y la ineficacia de las instancias de control. Un sistema con altas exigencias de transparencia debiera dar lugar a mejorar la eficacia de los procedimientos de gestión simplificando trabas burocráticas.

Recientemente, el Consejo de Política Fiscal, organismo asesor del Ministerio de Hacienda, ha alertado sobre los riesgos que entraña la descentralización fiscal. Sabemos que la responsabilidad en este ámbito es una condición necesaria para alcanzar el éxito; necesaria, pero no suficiente. Por eso, desde la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado hemos propuesto la creación de un Consejo Nacional de Descentralización, como órgano asesor del presidente de la República, que contribuya a acompañar el proceso dada su complejidad sistémica y a la carencia de comprensión y prioridad que las instituciones centralizadas otorgan a una descentralización que ayude a destrabar, desde el enfoque territorial del desarrollo, el empantanamiento de la productividad en Chile.

Y tan importante como lo anterior: corresponde ponerle fecha e impulsar lo que el Protocolo llama “Sistema de Gestión de Capital Humano Avanzado”. Algo en lo cual el gobierno y el Parlamento tienen mucho que decir. Es indispensable estudiar, debatir y concordar una Ley de Plantas Regionales acorde con las necesidades de gestión propias de las nuevas responsabilidades; y, mientras ella se aprueba, flexibilizar el presupuesto de funcionamiento de los gobiernos regionales para permitir la contratación de personas que cumplan con altos estándares profesionales y que ayuden a tomar las mejores decisiones, fortaleciendo las capacidades de los funcionarios actuales que participan en estos procesos.

Desde abajo: Construyendo las confianzas necesarias

A dos años de experiencia de gobernadores en sus cargos y un poco más de un año para la campaña y la nueva elección, donde cabe la posibilidad de la reelección, el fortalecimiento de los gobiernos regionales no admite mayor demora.

Las y los gobernadores deberán rendir cuenta a la ciudadanía. Si quieren reelegirse aprovechando la experiencia acumulada no bastará con cortar cintas. Hay dos cuestiones que serán demandadas: la conexión con la ciudadanía y la calidad de la gestión y sus resultados. Participación ciudadana y gobernanza efectiva.

La participación ciudadana es la palanca que permite potenciar las visiones compartidas y generar la fuerza política necesaria para impulsar las iniciativas subnacionales. Este es el camino para fortalecer la democracia y la calidad de vida en los territorios.

En esta materia el Protocolo de Acuerdos no solo plantea la incorporación de múltiples actores al debate de la “Política Nacional de Descentralización”, también establece un compromiso de los Gobiernos Regionales de poner en marcha las instancias participativas (los COSOC Regionales).

Es imperioso hacer exigible a todos los niveles del Estado no sólo conformar los organismos, sino también poner en marcha su funcionamiento con el financiamiento, la frecuencia y la autonomía necesaria para ejercer su tarea de incidencia y control social.

Al mismo tiempo, es necesario evitar los intentos por sobreponer las instancias participativas a las representativas. Las decisiones de los organismos participativos deben ser incidentes en los procesos de toma de decisión, pero sólo la vía plebiscitaria puede traducir sus iniciativas en decisiones vinculantes. Clarificar eso es clave para evitar los temores y eliminar las trabas que muchas veces se oponen a su funcionamiento.

La gobernanza efectiva con resultados satisfactorios para la ciudadanía es la cuestión fundamental. La gran tarea de los gobiernos regionales hoy es ejercer la autonomía para fortalecer de manera endógena sus propias capacidades. La llegada pronta de nuevos recursos exigirá incrementar la capacidad de gestión con más y mejores talentos humanos y con innovación pública a través de nuevas formas institucionales y métodos de gestión.

Hay que sincerar las cosas. No se puede hacer más de lo mismo. Habrá más tareas y éstas serán más exigentes. Hasta ahora se ha ganado experiencia en la ejecución propia de una institucionalidad subordinada al poder central. En lo inmediato es fundamental dar un salto de calidad. Para ello es necesario definir cantidad y calidad de las capacidades humanas necesarias. A la vez, se debe innovar en las instituciones y el modelo de gestión.

Los recursos del royalty minero distribuidos en las 16 regiones y en las comunas del país serán la prueba de fuego de las capacidades subnacionales. Es necesario prepararse, desde ya, para hacerse cargo de las nuevas responsabilidades.

En el espacio regional no bastará, como está ocurriendo con los Fondos de Innovación y Competitividad (FIC), responder a la oferta de proyectos proveniente del mundo académico y técnico. Las regiones exitosas en el uso de esos recursos serán aquellas que logren alinear su uso con las prioridades de las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD). Esto exige una política proactiva de demanda de tipos de proyectos en áreas prioritarias y con estándares claros. Fortalecer los equipos que gestionan esos proyectos es indispensable para hacer posible esta nueva función estratégica.

Para lograrlo será conveniente evaluar la experiencia acumulada a la fecha con los FIC en términos de alineamiento con los lineamientos principales de las ERD y también de resultados; medir cuál es la capacidad subnacional para pasar de “investigación aplicable” a “investigación aplicada”.

En ese marco de innovación pública subnacional endógena, bienvenida sea la colaboración de otros niveles y actores.

En junio recibimos la visita de expertos internacionales desde el Estado de Ceará, Brasil. Una región caracterizada por elevados niveles de pobreza, pero que en las últimas dos décadas ha logrado, entre otras cosas, transitar desde los niveles más bajos de calidad educativa al primer lugar en todo Brasil. Ello se ha logrado fortaleciendo el gobierno estadual con recursos humanos altamente calificados agrupados en instituciones de análisis estratégico. Clave ha sido el apoyo de la academia para generar innovaciones, a través de políticas públicas en diversos ámbitos, lo cual ha sido evaluado y reconocido por el Banco Mundial. Bienvenido el apoyo de la experiencia internacional.

Bienvenidas, también, las ofertas de la SUBDERE en materia tales como: “análisis territorial”, “modernización de procesos”, “capacidad de ejecución directa”, “instalación de Áreas Metropolitanas”, “estrategias de internacionalización” y “acreditación de la calidad de la gestión”, donde cada región priorice lo que necesite.

Y desde las propias regiones, bienvenidas las alianzas con las universidades regionales, el sector privado y el sector social para recoger los mejores saberes y aplicarlos en cantidad y calidad suficientes para traducirlos en mejoras reales de la gestión subnacional y la resolución de problemas prioritarios.

En días recientes se ha producido una avalancha de denuncias sobre eventuales faltas a la probidad en servicios desconcentrados e instituciones descentralizadas. En ese contexto, las visiones centralistas están presionando por detener el proceso como producto de la creación de un clima de desconfianza generalizada.

Sin perjuicio del rigor que debe existir en materia de uso de fondos públicos y de las sanciones que merezcan quienes hayan abusado, estoy seguro de que la inmensa mayoría de las instituciones cumplen con las normas y procedimientos establecidos. Muchas de las denuncias reflejan desinformación y buscan sensacionalismo.

La misión propia de la descentralización es lograr un tipo de desarrollo con crecimiento, sostenibilidad ambiental y mejor calidad de vida para todas y todos. Para lograrlo, los gobiernos regionales están llamados a alcanzar una gestión de excelencia. Sobre la base de transparencia, probidad y rendición de cuentas potenciadas por un nuevo tipo de liderazgo con las competencias políticas y técnicas que permitan construir las confianzas que Chile necesita.