Un difundido video que relata el proceso de conversión a la fe del nuevo santito del Opus Dei, recién elegido constituyente del Partido Republicano, lo muestra frente a la cámara con mirada tontiastuta, diciendo que le interesa ser político para hacer prevalecer a las personas por sobre el Estado.
El pecado de faltar a la verdad por parte del personaje es un pecado de omisión: Solo le faltó poner junto a la palabra persona la inseparable palabra que lo justifica: Jurídica. La omisión no es un detalle. Si las personas jurídicas prevalecen por sobre los intereses del Estado son los bancos, las grandes corporaciones financieras, los holdings del Retail, las empresas que explotan privilegiadamente nuestros recursos naturales, como el mar y los bosques y por supuesto las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) las que serán más relevantes que el Estado.
Si las personas jurídicas prevalecen por sobre los intereses del Estado son los bancos, las grandes corporaciones financieras, los holdings del Retail, las empresas que explotan privilegiadamente nuestros recursos naturales, como el mar y los bosques y por supuesto las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) las que serán más relevantes que el Estado.
En verdad, con relación a los hechos gatillados por el fallo de la Corte Suprema con relación a las deudas de las ISAPRES con los afiliados, será muy difícil encontrar una mejor oportunidad para mostrar que la ideología del neoliberalismo introducido en Chile vía maridaje entre una dictadura y los representantes y operadores de la escuela de Chicago, se ha traducido a fin de cuentas en una vieja y conocida práctica de le elite económica chilena: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Es imposible olvidar, cómo en el año 1982 los bancos reclamaron -y por supuesto, obtuvieron- el rescate del Estado, o sea, todos nosotros, personas naturales comunes y corrientes, y que a semejanza de los animales y, a diferencia de las personas jurídicas, somos seres sintientes y resignados, tuvimos que pagar sus deudas y aportar recursos equivalentes al 15% del PIB para permitir que los quebrados dueños de estos mantuvieran la propiedad de sus bancos.
Los representantes de las ISAPRES han culpabilizado, (¡oh sorpresa!) de su crisis a todos menos a sí mismos, utilizando un argumento que no deja de sorprender: Los verdaderos culpables son los que judicializaron las reclamaciones de los usuarios que no aceptaron las ilegales y unilaterales modificaciones de sus contratos que las ISAPRES realizaban al aplicar sus tablas de factores para determinar los precios de los planes en perjuicio de sus afiliados. ¿Habrase visto osadía mayor? Cómo las reclamaciones eran muchas fueron muchos también los abogados que comenzaron a defender a los afiliados reclamando de las ISAPRES mucho pero mucho dinero. Y las “impotentes y pobres ISAPRES” dijeron: es mucho Lucho; así no se puede seguir.
Durante decenas de años, los tribunales civiles estuvieron atestados de juicios de cobranza, llegando estos a agrupar las causas por los nombres de los abogados que patrocinaban a las sociedades ejecutantes como los bancos y entidades financieras. Nadie hablaba de industria de abogados porque entonces se trataba de defender a las personas jurídicas respetables. Sociedades anónimas de nombres respetables y conocidos y no a los miles de personas ejecutadas. Para ellos había una sola receta: Que se jodan por no cumplir con sus compromisos económicos.
Ejecución más DICOM. Esa era la consigna, la pena y el estigma.
Como todos saben, el fondo de la cuestión es simple. Como hemos dicho las ISAPRES manejan unas tablas de factores las cuales por largo tiempo les permitían asegurar, según nos dicen: “la viabilidad de su modelo de negocio”. Como la aplicación de esas tablas importaban modificar ilegalmente los contratos, los tribunales daban la razón a los afiliados. Sin embargo, las personas jurídicas, en su afán de prevalecer sobre el Estado, desconocían los fallos, y siguieron vulnerando los contratos, las leyes y las sentencias.
Como todos saben, el fondo de la cuestión es simple. Como hemos dicho las ISAPRES manejan unas tablas de factores las cuales por largo tiempo les permitían asegurar, según nos dicen: “la viabilidad de su modelo de negocio”.
Hasta que llegó el momento de la verdad y una sentencia de la Corte Suprema obligó a las ISAPRES a cumplir los fallos.
Y en este baile de contradicciones resulta surrealista que los mismos que hace tan poco rasgaron vestiduras con relación a los indultos otorgados por el presidente, ahora pretendan desconocer un fallo de la Corte Suprema.
¿No quedamos en que el artículo 76 de nuestra vigente Constitución Política consagra la inavocabilidad de los fallos judiciales? Y que no puede desconocerse el texto constitucional que señala que la “Autoridad requerida, deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad ni la justicia o legalidad de la resolución, que se trata de ejecutar.”
Pero hay personas y personas. Desde la vereda neoliberal se nos llama a “No confundir”. Si una persona jurídica está en problemas sólo tiene que decir en voz alta, y con voz trémula: ¿Y ahora quién me va a defender?, y al punto aparecerá un político que salte cual chapulín colorado para salvar a las indefensas personas jurídicas, cómo de hecho aparecieron sus amigos del Senado, porque es bien sabido que el resucitado es siempre agradecido.
Los mismos que están permanentemente invocando que el Estado debe jugar un rol subsidiario rol y no debe meterse en los negocios de los privados, hoy, dicen: “Si el Estado no se mete, vamos a perjudicarnos todos y especialmente los más humildes”. Vaya por Dios qué deseos más nobles los suyos.
Y aquí viene otra buena. Los mismos que están permanentemente invocando que el Estado debe jugar un rol subsidiario rol y no debe meterse en los negocios de los privados, hoy, dicen: “Si el Estado no se mete, vamos a perjudicarnos todos y especialmente los más humildes”. Vaya por Dios qué deseos más nobles los suyos.
El problema es que los números se muestran díscolos.
Y como se trata de hacer las cosas fáciles empecemos por lo más básico.
Nuestro sistema previsional actual prescribe un descuento obligatorio para salud de un siete por ciento de las remuneraciones. Por consiguiente, si una persona tiene una remuneración que asciende a $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos) solo cuenta con un monto de $ 105.000 (ciento cinco mil pesos) para financiar un plan de salud y obviamente este no le alcanzará para contratar un plan razonable, tienen que aportar una cantidad mayor al 7%, por ejemplo $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos), o sea un 16, 7 por ciento. Como el 75% de la población no puede pagar esos valores, su única opción es ingresar o migrar a Fonasa.
Por esa vía las ISAPRES descreman el mercado, atienden principalmente a las personas de mayores ingresos y dentro de estas privilegian a los más jóvenes y sanos, presionado a las personas que lograr alcanzar una mayor edad, a migrar a Fonasa.
Eso en plata significa que las ISAPRES, con una cantidad de afiliados superior a 1.800 mil afiliados, recaudan una cantidad cercana a los 350 mil millones de pesos, todos los meses.
Ahora bien, como las ISAPRES están crecientemente integradas verticalmente con prestadores de servicios de su propiedad ellas perciben utilidades tanto por el diferencial entre el coso de las prestaciones que financian y la recaudación que perciben desde sus afiliados. Las cuantiosas utilidades que ellas obtienen cada año muestran claramente que sus costos son menores a sus ingresos y eso que no consideran las utilidades que son traspasadas a sus prestadores relacionados vía precios cada vez más altos, un problema que parece tenerlos sin cuidado pues sus utilidades son desde esos prestadores mayores a las que obtienen como ISAPRES.
Por ello, es difícil entender por qué de pronto una sentencia convertirá en inviable un negocio que en los últimos años ha tenido un sostenido incremento en sus beneficios. Un buen ejemplo: el año 2020, o sea plena pandemia, las ISAPRES obtuvieron ganancias por montos superiores a los dineros que deberían reintegrar.
Entonces, cuando se escucha que la ley no debe cumplirse para evitar la ruina nuestro Bombo Fica diría: ¡Rara la cuestión!
Porque en verdad, solo hay ganancias cuando los costes del negocio son menores que lo que se cobra. ¿Cómo entonces antes de cumplir la ley y pagar lo que les birlaron a sus clientes se transformaron en un negocio ruinoso?
Como dice el adagio latino para estos casos: “Habeas Data”, que vengan los datos, los antecedentes, en este caso las cuentas.
Sin embargo, aunque el peligro de quiebras de ISAPRES es exagerado, el problema no es menor.
El sistema público de salud puede verse colapsado e incapaz de atender adecuadamente si hay una migración de muchos millones de afiliados en poco tiempo. Y, evidentemente, eso es lo que buscan. Transformar la cuestión en un problema social y por eso, finalmente, político.
En esta tesitura, el gobierno tiene un problema en ciernes, pero también una gran oportunidad.
Todo depende de cuál de las dos posibilidades de solución elegirá: La primera es conocida. Las Personas Jurídicas tienen derecho porque tienen poder y tienen por poder, porque tienen derechos. El mayor de ellos es ser tratada con la diferencia que les corresponde a quienes por su posición en los mercados en los que actúan, si les va bien, es porque se lo merecen y si les va mal, es porque los políticos no supieron hacerlas prevalecer como corresponde. Por consiguiente, si están en problemas toca ponerse a todos y especialmente el Estado que somos nosotros, los naturales, especialmente cuando hay guerras, catástrofes o quiebras.
¿La segunda? Es igual de obvia, pero un poquito más difícil. Un gobierno que asume el rol que le corresponde representar al pueblo, encarnar la soberanía, hacerse cargo de los problemas presentes y futuros. Y por eso, aprovechar los quiebres para apuntar a la prosperidad futura de los ciudadanos.
Y eso significa, negociar, acordar, convenir y por qué no decirlo ayudar. Sí. Ayudar a las ISAPRES. Pero, como diría el tío Milton, no hay almuerzo gratis. La cuestión debe resolverse en el parlamento, abiertamente, con luz y taquígrafos y no de modo inescrupuloso con un puñado de parlamentarios. No señor. Un diálogo entre todos y con todos los involucrados que se haga cargo no solo de las ISAPRES sino también del sistema previsional en su conjunto, incluida la reforma previsional para jubilaciones. De paso, una gran oportunidad para que los flamantes republicanos puedan probar públicamente que su apoyo a las personas jurídicas no importa el descuido de las personas naturales, incluida la señora Juanita que al igual que su inventor empieza a olvidar su causa.
Si quieren ayuda del estado y legislar para ello, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Y eso exige conversar, no solo de deudas de las ISAPRES, sino de su estructura, modelo de negocios y garantía de los derechos de sus afiliados y destrabar, por fin, el competente proyecto de la competente ministra del trabajo.
Y avanzar.
Porque este es el instante preciso en que el presidente Boric, recordando a los millones que lo votaron y a los millones que no lo votaron, pero lo necesitan, con su mejor estilo magallánico mirando al Estrecho y subido a un árbol, haga prevalecer las razones detrás de la célebre frase:
To be or not to be, that is the question.
