Un reciente artículo publicado por el medio de prensa nacional The Clinic, presenta una investigación en la que se da cuenta de que desde el año 2018 existen traspasos desde el sector privado por más de 22.000 millones de pesos a 157 municipios en Chile. Además, se señala que de estos existen 35 municipalidades que recibieron donaciones en dinero por un monto del orden de 6.800 millones de pesos desde empresas que estaban en proceso de evaluación ambiental y sobre las cuales los gobiernos locales debieron manifestar opinión. De estas, 17 de ellas no presentaron repararos a lo proyectos presentados al proceso de calificación ambiental y 18 de ellas sí lo hicieron.
Para ir hilando fino y comprender de qué estamos hablando, es relevante saber el rol que les compete a los gobiernos regionales y municipalidades en la evaluación ambiental de proyectos. De distinta forma en los artículos 8, 9 ter y 13 bis de La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (N° 19.300) se hace referencia ellos. El artículo 8 básicamente señala que los municipios y gobiernos regionales deberán emitir un informe sobre compatibilidad territorial del proyecto sometido a evaluación, esto sin perjuicio de los pronunciamientos sectoriales. Mientras que el artículo 9 ter, indica que el titular del proyecto debe describir cómo esta iniciativa de inversión se relaciona con los planes políticos, programas regionales y comunales. Adicionalmente en el artículo 13 bis se establece que los titulares de proyecto deben informar a la autoridad ambiental en caso de que antes o durante el proceso de evaluación, se hayan establecido negociaciones con los interesados (comunidad, municipio u otros) con el objeto de establecer medidas de mitigación o compensación y señala que de existir estos acuerdos no son vinculantes en el proceso de calificación ambiental.
En resumen y para ponerlo de manera clara, resulta cuestionable que titulares de proyectos que se encuentran en proceso de evaluación ambiental, donen dinero a municipios o gobiernos regionales los que a su vez deben emitir informes sobre la compatibilidad de la actividad que está siendo calificada ambientalmente con el territorio. A lo que se suma la existencia de la restricción que señala la propia ley 19.300 en el artículo 13 bis, el cual, aunque es un tanto ambiguo establece una intención para que no existan donaciones y/o acuerdos al margen de la evaluación ambiental, es lo que se entiende como negociaciones incompatibles.
Pero probablemente lo más relevante en este orden, es el dictamen E40340N de la Contraloría General de la Republica del año 2020, en el que se desestima la solicitud de reconsideración del dictamen E7213N del mismo año, presentada por el presidente Ejecutivo del Consejo Minero, en el cual se señala que “no resulta procedente que las municipalidades y gobiernos regionales celebren los aludidos convenios o reciban aportes de personas naturales o jurídicas que tengan o puedan tener interés en la calificación ambiental de proyectos o actividades, por cuanto ello podría mermar la debida imparcialidad en el cumplimiento de la función consultiva que corresponde a dichos órganos, en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.” Es decir, la Contraloría le señala a las municipalidades y gobiernos regionales que no pueden recibir dinero de empresas cuyos proyectos se encuentran en proceso de calificación ambiental y para ello argumenta con una serie de dictámenes existentes al menos desde el año 2011 al año 2020 donde el sentido es resguardar la imparcialidad funcionaria. En este sentido los dictámenes de Contraloría son muy claros en señalar que se debe salvaguardar la imparcialidad de los funcionarios públicos, tema no menor en un país donde hay muchos cuestionamientos a la gestión municipal por el mal uso de recursos públicos, a lo que se suman traspasos de dineros desde empresas a municipalidades amparados en conceptos como responsabilidad social empresarial, política del buen vecino u otros. Lamentablemente los aludidos dictámenes de Contraloría solo se refieren al proceso de evaluación ambiental y no a donaciones que puedan ocurrir cuando un proyecto ya está operando en un territorio, lo cual abre la interrogante sobre que pasa en estos casos.
Un estudio de 2024 señala que los fondos públicos mal utilizados por los municipios serían del orden de 430.000 millones de pesos y habría unas 67 municipalidades involucradas, pero lo cierto es que no hay cifras definitivas, como tampoco información actualizada sobre las causas judiciales existentes. Por otra parte, Contraloría informó que durante 2024 se traspasaron mas de 90.000 millones de pesos a 307 municipalidades como un anticipo del 50% de la recaudación del royalty que se distribuirá en 2025, sin embargo, solo 164 municipios informaron sobre los destinos de los fondos recibidos.
Hoy en día las municipalidades son la “primera línea” de la gestión territorial casi de toda índole, son los que están ahí cuando hay incendios, sequías, aluviones, terremotos o cualquiera de los eventos naturales que suelen ocurrir en el país. También son ellos los que deben entregar informes sobre como la evaluación ambiental de un proyecto específico se relaciona para bien o para mal con las definiciones territoriales y por si esto fuera poco, la mayoría de los gobiernos locales de Chile comenzará a recibir un porcentaje de lo que se cobre a la actividad minera del cobre por royalty.
Pero tal como hemos visto existen serios cuestionamientos a la gestión municipal y por ende hoy en día urge buscar formas de garantizar la mayor probidad de los funcionarios públicos locales y también su mayor independencia e imparcialidad en la toma de decisiones. Si bien, esto resulta simple en palabras no lo es en términos reales, pues tanto en tamaño, recursos y capacidades hay mucha desigualdad y grandes diferencias sobre el tipo de población que deben atender. Urge nivelar la cancha de las municipalidades tanto en términos de capacidades profesionales, cómo de transparencia en la información y rendición de cuentas.
No podemos seguir suponiendo que existen buenas gestiones locales si no contamos con instrumentos de política pública que nos aseguren de forma clara y transparente cuantos fondos recibió cada municipalidad del país, ya sea proveniente del presupuesto de la nación, del royalty, de aportes de empresas privadas o de otro origen y como se usaron los fondos, así como los resultados de esto. La buena política pública no solo consiste en el desarrollo e implementación de planes políticas y programas, tiene que ver con la probidad e independencia de los funcionarios, la transparencia en el uso de recursos y la rendición de cuentas, lo cual no solo se debe hacer a nivel central, lo local es cada vez importante.
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Muy bueno al artículo gracias por mantenernos informados