Después de la derrota del 7 de mayo, el gobierno ha logrado hacer avanzar algunas legislaciones, como la de la regalía minera y la de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Mantiene la perspectiva de hacer aprobar más leyes de seguridad, mientras ya se había aprobado la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Esto podría abrigar la esperanza de avances legislativos razonablemente concordados con la oposición. Pero lo que se conoció con el rechazo sin más a la idea de legislar en materia tributaria en marzo se prolonga actualmente en el tema de la devolución de cotizaciones cobradas en exceso por las Isapres y en el de la reforma previsional.
Se ha observado una alineación inmediata con los intereses de los seguros privados de salud por parte de la derecha, que anuncia el rechazo al mecanismo propuesto por el gobierno para la devolución de pagos ilegales de cotizaciones excesivas. Recordemos que esto lo estableció un fallo de la Corte Suprema y que, aunque se trata de otro poder del Estado, la derecha muestra una nula voluntad de hacerlo efectivo. Como siempre, se plantea el pretexto según el cual, en este caso, las Isapres quebrarían, siguiendo el ritual y falaz argumento de las catástrofes que le ocurrirían a los privados cada vez que se plantea subirles los impuestos o establecer regulaciones sociales o ambientales razonables.
Incluso, la derecha y los ex DC avanzaron en el Senado una propuesta de reforma constitucional que busca un aumento retrospectivo de las cotizaciones obligatorias, con lo que las Isapres no tendrían ya deudas con los usuarios, lo que es una simple leguleyada para evitar la aplicación del fallo. Al mismo tiempo, se sigue escuchando desde la derecha una férrea defensa de la permanencia de las AFP en el sistema previsional, pero no solo en la administración del 10% de cotización obligatoria, sino también para que se hagan cargo del 6% adicional previsto. Todo esto no parece augurar algo muy distinto a un clima de confrontación y de bloqueo a la acción de gobierno, especialmente en los temas que dicen relación con los privilegios empresariales en materia de tributos y de legislación social y ambiental.
Incluso, la derecha y los ex DC avanzaron en el Senado una propuesta de reforma constitucional que busca un aumento retrospectivo de las cotizaciones obligatorias, con lo que las Isapres no tendrían ya deudas con los usuarios, lo que es una simple leguleyada para evitar la aplicación del fallo.
La derecha parece hacer un balance que consiste en que las derrotas gubernamentales de septiembre y mayo en materia constitucional habrían hecho que los cambios en derechos sociales y su financiamiento, que el actual gobierno se propone promover, ya no tendrían audiencia en la sociedad frente a la exitosa exacerbación cotidiana de los asuntos de delincuencia e inmigración irregular por la TV y otros medios masivos. Esta es una apuesta política que le ha dado frutos sobre todo a la extrema derecha, y que es arriesgada por los temas sociales sensibles que involucra frente a un electorado que ha demostrado ser muy volátil. Será tarea del gobierno organizar una agenda que haga manifiesta esta actitud opositora y ponga en evidencia en cada caso los intereses que representa, sin dejarse llevar cotidianamente por los temas de seguridad. En las sociedades normales, estos los enfrentan y comunican las policías y no los principales ministros, con pocas excepciones. Salvo que se quiera adoptar el modelo de extremismo securitario de Bukele en El Salvador.
Por otro lado, cuando ha habido negociación, el precio de concordar algunas legislaciones con la derecha ha sido alto. Por ejemplo, el acuerdo de las 40 horas incluye flexibilizaciones de jornada que hasta aquí se habían rechazado, incluyendo su eventual ampliación a 52 horas en algunos casos. Esto puede llegar a ser lesivo para las personas asalariadas, de no mediar un fortalecimiento de la organización sindical que no se avizora demasiado con la legislación y las prácticas empresariales persecutorias vigentes.
A su vez, después de un acuerdo con la derecha en el Senado, en materia de regalía minera se determinó un mecanismo que recaudará un 0,45% el PIB, menos de una cuarta parte de lo que debiera. Las tasas promedio y máximas de la regalía en el impuesto a las ventas y al margen de explotación de las grandes empresas del cobre en situaciones de precios muy altos, quedaron fuertemente limitadas respecto al proyecto de la Cámara, sin otra explicación que el peso legislativo actual directo de las empresas mineras privadas. Este peso funciona a través de su influencia en los parlamentarios de la extrema derecha, la derecha y otros aliados “sensibles” a sus argumentos. Entre otras cosas, estas empresas hacen vastas campañas mediáticas como si se tratara de un producto de supermercado pero promoviendo sus supuestos aportes al país, condicionando a la opinión y a los medios, sin venderle un gramo de cobre a ningún consumidor en Chile.
Todo esto deberá cambiar. El horizonte de cambio posible será desde ahora la elección de 2025, con un nuevo parlamento que es de esperar vote un tratamiento tributario adecuado, que no esté al servicio de las empresas transnacionales y privadas de la minería.
Esto no puede terminar aquí por el fondo del asunto: la perspectiva de altos precios del cobre en la próxima década. Este mayor valor económico de un recurso escaso y no renovable debiera revertirse al propietario del recurso, que es la nación chilena. Y no al operador privado de la extracción, cuya rentabilidad debiera limitarse a la normal de una inversión económica, ajustada por los riesgos específicos de la actividad. El creciente valor de un recurso escaso no renovable como el cobre -que será clave en la futura electromovilidad- da lugar a una renta distinta a la utilidad normal que debiera ser apropiada íntegramente por su dueño, no por el extractor y refinador del recurso. Sus costos no cambian con el valor de venta del recurso, ni se explican principalmente por factores tecnológicos. La decisión de inversión contrasta costos de producción (en promedio de no mucho más de 2 dólares la libra en la actualidad en el cobre) con flujos futuros de ingresos a valor presente, sustrayendo el pago de regalías e impuestos. Se desencadena con una expectativa de precio del cobre muy inferior al actual (3,6 dólares la libra) y al previsto (3,8 dólares la libra en 2024 y mucho más para los años siguientes). Con un precio superior a los costos y a una utilidad promedio aceptable para el inversionista frente a otras opciones, los aumentos del retorno de la inversión por altos precios de escasez de un recurso no son utilidades, son sobreutilidades. Es la llamada “renta” desde Adam Smith y David Ricardo, que en la época determinaba los ingresos de los terratenientes que arrendaban sus tierras a los que las explotaban. No se trata de la renta tecnológica (“renta intramarginal”) obtenida por innovaciones en productos y procesos que bajan costos respecto a los competidores.
Esto no puede terminar aquí por el fondo del asunto: la perspectiva de altos precios del cobre en la próxima década. Este mayor valor económico de un recurso escaso y no renovable debiera revertirse al propietario del recurso, que es la nación chilena.
Es como si el monto del arriendo de un bien raíz que sube en el tiempo por una escasez relativa de equivalentes por tener una localización privilegiada, fuera captado por el corredor de propiedades que lo administra y no por el propietario. La situación es la misma, aunque existe una evidente mayor complejidad y riesgo en la operación minera, que también tiene un precio. Pero este no es equivalente para nada a las exorbitantes utilidades de las empresas privadas del cobre cuando los precios son altos.
Por otro lado, el argumento de la «competitividad internacional» en esta materia no tiene sentido. Es una competencia por quien se queda -las empresas privadas o el Estado- con una proporción mayor o menor de una sobreutilidad. Esta no es la que determina la decisión de inversión, pues como hemos explicado tiene como base los costos de extracción comparados con un umbral mínimo de precios futuros y los impuestos respectivos. Los precios serán altos para cualquier horizonte de inversión en la extracción de cobre en al menos una década, dada la escasez de oferta de un recurso no renovable frente a una demanda en expansión. Si algunas empresas deciden invertir en otra parte porque frente a costos similares les cobran menos impuestos, estará la empresa pública chilena Codelco (siempre que mejore su administración) para hacer esa inversión si es que su rentabilidad de base lo aconseja, lo que es casi siempre el caso por los bajos costos relativos de la minería chilena. No obstante, las leyes del mineral han ido declinando a 0,9% en la actualidad, a comparar con el 5% de la más reciente mina de cobre abierta en el Congo, con una ley de 5% y un dólar la libra de costo, menos de la mitad que en Chile.
Lo que no es aceptable desde el punto de vista del interés nacional es cualquier acuerdo de aportes de las empresas privadas a las que el Estado autoriza a extraer cobre que sea sustancialmente inferior a la completa captación de esa renta, pues simplemente no les pertenece. No hay ninguna razón para regalar esa renta por sobreutilidades a los dueños de transnacionales y a grupos chilenos (Luksic), por lo que debe operar un mecanismo de regalías con tasas crecientes a las ventas y a los márgenes de explotación según aumente el precio, lo que incluye llegar al 100% de la utilidad adicional en los rangos de precios muy elevados. Por tanto, después del acuerdo de mínimos del Senado de 2023, que excluye este mecanismo, el debate seguirá abierto en los próximos años.
Lo que no es aceptable desde el punto de vista del interés nacional es cualquier acuerdo de aportes de las empresas privadas a las que el Estado autoriza a extraer cobre que sea sustancialmente inferior a la completa captación de esa renta, pues simplemente no les pertenece.
El mismo razonamiento se puede hacer respecto al litio, cuyas sobreutilidades en caso de precios altos -como en 2022- deben quedar en manos del fisco y no de las compañías SQM y Albemarle. La existencia en este caso de contratos temporales de extracción, y no de concesiones permanentes como en el cobre, permiten pensar que la futura Empresa Nacional del Litio se podrá hacer cargo completamente de la explotación y las utilidades correspondientes, pagando eventualmente a su precio el “saber hacer” no reemplazable que puedan tener operadores privados en procesos específicos.
También los intereses privados en la seguridad social en pensiones y salud deben dejar de lucrar en ese espacio eminentemente público, como en casi todas partes del mundo, y ser dejados solo como opciones voluntarias y complementarias. Y no debe olvidarse la diversificación productiva en base a más investigación y desarrollo tecnológico endógeno, para asegurar una mejor inserción en las cadenas globales de valor, financiada por las regalías mineras. Y la necesaria extensión de la negociación colectiva más allá de la empresa, para asegurar una relación más sostenible entre trabajo y capital. El sistema político chileno seguirá teniendo estos temas en su agenda de alternativas, aunque en el corto plazo la confrontación de una mayoría parlamentaria los bloquee o haga avanzar muy poco en lo que resta de este gobierno.
