El nuevo proceso constituyente está a punto de fracasar. Por segunda vez. La primera, por graves errores de sectores de izquierda y progresistas, con una propuesta identitaria, radical, que no representaba a la mayoría del país, como quedara en evidencia en el plebiscito de salida. La idea de “aprobar para reformar”, como comprometiera el oficialismo, no convenció a ciudadanos y ciudadanas que la rechazaron con un 62 %.
En el afán de cumplir con la promesa de una nueva constitución, los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria (con excepción adelantada de los republicanos) suscribieron un nuevo compromiso para darle continuidad al proceso constituyente. Esta vez con algunos resguardos, como el establecimiento de 12 principios fundamentales(bordes) en los cuales se debería enmarcar el nuevo proceso y la designación por parte del parlamento de 24 expertos (12 de gobierno y 12 de oposición), con la misión de redactar un anteproyecto para ser sometido a la consideración del consejo constituyente, que debería ser íntegramente elegido.
Los expertos designados por el parlamento cumplieron cabalmente su misión. Tras largas y arduas deliberaciones, redactaron un anteproyecto aprobado por consenso (incluido el representante de los republicanos). Un consenso complejo, con un resultado que no dejó plenamente satisfecho a ningún sector pero que tenía el gran mérito que podía ser aceptado por todos.
Sorprendentemente, la elección de los consejeros constituyentes le entregó una gran mayoría a los republicanos, que nunca apoyaron el proceso ni menos darle continuidad. Les acomodaba la actual constitución que, pese a sus sucesivas modificaciones, lleva la impronta del régimen militar.
No tan solo fue un duro revés para el oficialismo, también para Chile Vamos que perdió todo control sobre el nuevo proceso, intentando ambigua y vanamente “morigerar” las posturas más identitarias de sus aliados republicanos.
Una propuesta identitaria
Pero los republicanos han demostrado que no están por cualquier acuerdo. No por uno que borre los elementos más conservadores y autoritarios de la actual constitución. O que ponga en riesgo el modelo económico, incluido el actual sistema previsional y las AFP. Menos por uno que consagre un estado social y democrático de derechos. Para eso, es mejor mantener la actual constitución, como insiste el senador Rojo Edwards.
A estas alturas, el mayor riesgo que corre el país, más que el rechazo que predicen las encuestas y no pocos dirigentes de derecha vaticinan, es que se apruebe una muy mala propuesta, que más se parece a un programa de gobierno del partido republicano, que, a una verdadera constitución, que debe definir la organización del estado, valores compartidos y reglas del juego democrático, legitimadas por una muy amplia mayoría ciudadana.
Sectores del difuso, escuálido y disperso centro político acusan a la izquierda de “intransigencia” y a la derecha de “rigidez”, pero las responsabilidades no son equivalentes. Los republicanos, con la mayoría circunstancial alcanzada en el consejo constituyente, y subsidiariamente Chile Vamos, que llamó a construir una nueva y buena constitución, cargan con la principal responsabilidad frente a un eventual fracaso del nuevo proceso.
José Antonio Kast y el partido republicano han sido más que claros al sostener que no aspiran a consenso alguno con el partido comunista ni el Frente Amplio. Sueñan con imponer sus radicales y ultraconservadoras propuestas, llamando a los expertos a “respetar” lo avanzado, aplanadora mediante en el consejo constituyente, con el apoyo de la mayoría de los representantes de Chile Vamos
Ciertamente los republicanos no son mayoría en el país. Tampoco la derecha. Alcanzaron una mayoría circunstancial en la elección del consejo constituyente instrumentalizando el temor y rechazo ciudadano a la inmigración, violencia y la delincuencia, así como la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos tradicionales. Tal como lo hicieran en su momento Donald Trump en EE. UU. y Jair Bolsonaro en Brasil y lo puede capitalizar ahora Javier Milei en Argentina. Una receta clásica de los populismos de ultraderecha en todo el mundo que, sin lugar a duda, intentarán reeditar de cara a las próximas elecciones. Incluido el plebiscito de salida del nuevo proceso.
Eso no significa que una mayoría ciudadana esté a favor de una propuesta ultraconservadora del neoliberalismo, que postula derogar el aborto por las tres causales, mantener el actual sistema previsional o liberar del pago de contribuciones a las viviendas de los sectores de mayores ingresos. Una propuesta aún más regresiva que la actual constitución.
Esta vez, son los republicanos quienes deben asumir la principal responsabilidad por un nuevo fracaso del proceso constituyente. Cometieron el mismo error que los antiguos convencionales, asumiendo que la mayoría circunstancial obtenida en la elección del consejo los habilitaba para redactar una propuesta identitaria, que excluye a un importante sector del país. No tan sólo a la izquierda. A las mujeres que han luchado por igualdad de derechos. A los jubilados, que han bregado por pensiones dignas, a los trabajadores que reivindican derechos y remuneraciones más justas. Y a los millones de chilenos que se movilizaron por no más AFP, por una nueva y buena constitución y mayor igualdad, durante el hoy convenientemente olvidado estallido social.
El país necesita de una nueva constitución
Con todo, un nuevo fracaso del proceso constituyente no implica consagrar establemente la actual constitución por un período muy largo. Aprobar para reformar, como insinúan algunos sectores no es hoy una opción válida. Existe una evidente “fatiga institucional”. Qué duda cabe. Se requiere de una pausa.
Nada de lo anterior puede ocultar que la actual constitución requiere de urgentes reformas, como lo han reconocido diversos sectores políticos y sociales. Resulta indispensable modificar el sistema político, que con su proceso de disgregación y polarización conspira en contra de la gobernabilidad del país. Es más que evidente que el neoliberalismo está agotado y que el país debe enfrentar el tema de las extremas desigualdades que marcan su desarrollo. Mayor igualdad no tan solo de oportunidades sino de resultados. Justicia tributaria. Se requiere una profunda reforma del estado que permita ofrecer mejor educación, salud, vivienda, reforma del actual sistema previsional, mayor seguridad ciudadana. Dejando atrás muchas de las divisiones del pasado para enfrentar los desafíos del siglo 21.
Son reformas urgentes y necesarias, que deberán ser asumidas con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad por los diversos sectores políticos y sociales. Fracasado el nuevo proceso constituyente, las potestades vuelven al parlamento, en donde las fuerzas políticas mayoritarias, tanto de gobierno como de oposición, comparten responsabilidades para poner fin a la larga incertidumbre en materia institucional que no solamente traba la posibilidad de avanzar hacia el desarrollo sino la gobernabilidad futura del país. Un desafío mayor en el contexto de un continente marcado por la incertidumbre e inestabilidad política, social y económica.
