Cual vieja y exagerada historia sentimental de un folletín tipo Corín Tellado, el reciente, polémico e incómodo caso de contratación e inmediato despido de Isabel Amor como directora regional de Los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, escaló como una bullada y evitable crisis más de la agenda pública de la administración Boric.
Interés público e interés personal
Defensas y ataques cruzados, amenazas potenciales, especulaciones mediáticas sobre competencias en juego, inadvertencia de los costos, lealtades explícitas y no explícitas u otros factores no develados aún forjaron un enredo que, si se analiza racionalmente, no resiste polémica alguna respecto de lo que puede o no decir una autoridad pública intermedia. Pero no se consideró en esto el riesgo de escalar la crisis por la sensibilidad contextual de un país que enfrenta una dura precampaña electoral municipal y donde se están asentando también los liderazgos para la presidencial del próximo año.
El cargo brevemente ejercido por Isabel Amor es de absoluta confianza política de superiores jerárquicos dentro del Estado y, no obstante cumplir con los filtros del proceso de selección de Alta Dirección Pública, esto no le garantiza inmunidad ante sus dichos alusivos a su vida personal o sus afectos y dudas respecto de la culpabilidad de su padre, condenado como encubridor de violaciones de derechos humanos en dictadura. Declaraciones que -no difundidas formalmente, pero sí contenidas en una entrevista a publicar y dadas a conocer por ella misma a su jefatura- marcaron su pronta salida.
¿Por qué sucedió esto y cómo se puede despejar? Lo primero a tener en cuenta para entender este episodio crítico es el ejercicio racional respecto de las tensiones en juego en el desempeño de todo cargo directivo público en el Estado.
Un modo práctico y rápido de resolver en el campo político ideológico qué es de interés personal y qué pertenece al ámbito del interés público es poner atención en las partes que se comprometen en determinada acción y la naturaleza y consecuencia de la misma.
Por ejemplo, va en razón del interés personal de “A” ejercer su poder y su libertad para hacer o decir “X”. Pero lo que diferencia a esto de un hito de interés público es que la acción o discurso “X” de “A” tenga relación con una política “W” que puede impactar colectivamente en el bienestar de un público “Z”. Cuestión que sí sucede en este caso al dudar respecto de la acción de otro poder del Estado en el acto de impartir justicia, relativizando una sentencia reparatoria con un colectivo víctima de una política pública represiva que dejó miles de fallecidos, mediante el ejercicio de su libertad de reconocer que duda de la culpabilidad de su padre y de demostrarle su natural afecto filiar.
La garantía constitucional del derecho fundamental a emitir opinión libremente, cuestión que también sucede y se puede argüir en este episodio en defensa de Isabel Amor, se ve supeditada a un imperativo de rango superior que es detentar un cargo directivo público de confianza. Esto la obliga a supeditar su libertad de emitir opiniones respecto de cualquier ámbito ajeno al ejercicio de su cargo -como los afectos familiares y cuestionamientos a la justicia en solidaridad con su padre- y que puedan ser consideradas impropias por sus superiores jerárquicos por el solo hecho de desalinearse del criterio general de la administración de turno, que es además su empleadora y que tiene el derecho a retirarle esa confianza si estima que sus juicios personales pueden afectar a la comunidad y el resto de las instituciones del Estado.
¿Se equivocó la Alta Dirección Pública?
En el marco del proceso laboral por el que Isabel Amor ganó el concurso del sistema de Alta Dirección Pública para la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Los Ríos, nunca mencionó que estaba pendiente la publicación de una entrevista personal dada con anterioridad a un medio de prensa de Ñuble, en donde ejercía como directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y entre otros temas, hacía referencia a la defensa de su padre y su accionar en dictadura.
Solo al pedir autorización a su nueva jefatura para divulgar esta entrevista se desató la cadena de desaciertos que derivó en la actual crisis de agenda del gobierno de Gabriel Boric. Su rápido despido por pérdida de confianza da cuenta del absoluto rol político que todo alto directivo desempeña en el Estado.
La respuesta de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos, Priscilla Carrasco, invocando «pérdida de confianza» al despedirla a los dos días de asumir su cargo y sin aclarar en detalle las razones de su destitución solo profundizó esta crisis. Se desató un vendaval de entrevistas digitales, radiales y el consiguiente debate político nacional de bandos polarizados bajo el sesgo por la contienda electoral de octubre próximo en búsqueda de una ventaja ante la opinión pública más que desentrañar en rigor el nudo del conflicto.
Todo sin que la ministra sectorial Antonia Orellana, ni los restantes ministros políticos del gabinete, ni parlamentarios advirtieran la intensidad de una crisis como esta cuando está en juego la libertad de expresión y la autocensura desde el Estado, más allá de la pertinencia de exigir una mínima coherencia discursiva a los funcionarios públicos directivos de confianza. Inclusive, sabiendo que el accionar de destitución se legitima en tanto hubo un hecho impropio que comprometió el bienestar e interés público.
Queda como moraleja también la necesaria revisión de los criterios gerenciales y de competencias de gestión aplicados en el sistema de selección de Alta Dirección Pública, debido a que las empresas de head hunters y los entrevistadores del mundo privado carecen del hábitus y las competencias para comprender que estos cargos directivos de confianza son esencialmente políticos. Ergo, que sus criterios de permanencia no obedecen tanto a metas o logros de eficiencia tecnocrática, sino a coherencia política en el fortalecimiento de la imagen y la probidad de un Gobierno, con el que necesariamente se debe estar alineado para seguir siendo un directivo confiable. Una cuestión que aquí se develó como mecanismo de selección insuficiente y que contribuyó además a desplegar un tablero de ajedrez mediático en el que se sabe que todos pierden.
