¿Una constitución a la medida?

Hasta ahora, en el consejo constituyente se desarrollan dos procesos en paralelo. Por una parte, Republicanos buscan acordar con Chile Vamos un conjunto de indicaciones al anteproyecto elaborado por la comisión de expertos, que implican un claro retroceso a consensos esenciales materializados en la actual constitución tras múltiples reformas. En paralelo, los sectores progresistas trabajan sus propias indicaciones intentando enriquecer el anteproyecto elaborado por los expertos, sin que hasta ahora existan debates serios acerca del nuevo texto constitucional. La estrategia de la derecha es más que evidente: acordar un texto a su medida (indulto a los presos de Punta Peuco incluido) para luego intentar hacerlo digerible para sectores del oficialismo y conseguir su aprobación en el plebiscito ratificatorio.

No es una mala estrategia. Sobre todo, teniendo a la vista la soterrada disputa por la hegemonía y los liderazgos futuros en la derecha. José Antonio Kast y sus   republicanos apuestan a demostrar garantías de gobernabilidad futura del país, asumiendo la principal responsabilidad por el éxito o fracaso del nuevo proceso constituyente. No buscan una constitución republicana. Sí una que responda a sus valores e ideología, a la que puede concurrir la mayoría de Chile Vamos, que comparte buena parte del ideario republicano. Mientras tanto, Evelyn Matthei apuesta a diferenciarse, alentada a competir por aquel liderazgo, con el ojo puesto en el sillón presidencial de La Moneda.

Sin embargo, las fronteras entre republicanos y Chile Vamos son más que difusas. No suman pocos quienes desde las filas de la UDI y RN guardan fidelidad al legado del régimen civil militar. En su mayoría justifican el golpe de estado de 1973, aun cuando condenen las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y, sobre todo, son firmes partidarios del modelo económico neoliberal, Incluyendo el actual sistema previsional de capitalización individual, las ISAPRES y el estado subsidiario.

Luego del triunfo del rechazo y la elección del consejo constituyente, que le entregó una contundente mayoría a la derecha, este sector – desde el escenario de los partidos y los grandes grupos económicos – ve la posibilidad de recuperar el poder a la vuelta de la esquina. La interrogante abierta es si nuevamente deberán apoyar a José Antonio Kast o existe la alternativa Matthei, algo cuesta arriba para los partidos tradicionales del sector después de su magro resultado en la elección del consejo constituyente.

Así las elecciones municipales del año próximo se constituyen en una prueba decisiva para determinar quién tiene la hegemonía en la derecha. Es muy improbable que republicanos acepten un pacto electoral con Chile Vamos. Es su gran oportunidad de asestar un golpe decisivo a la derecha tradicional y afianzar el liderazgo de José Antonio Kast.

Sin embargo, el proceso constituyente en curso no es indiferente al curso de los acontecimientos. Un eventual nuevo fracaso correría, esencialmente, a cargo de la derecha, que debería asumir el costo de la incertidumbre institucional como factor latente de división en el país.

Rechazar una propuesta de impronta fuertemente conservadora, como la que se prefigura en los debates iniciales del consejo constituyente, para mantener la actual constitución sería también un trago indigerible para el oficialismo, que ha sostenido fundadas críticas a la actual institucionalidad, que aún arrastra la impronta autoritaria del régimen civil militar. Es como elegir entre el cáncer y el Sida, en los dichos de Vargas Llosa. Pero es mucho peor aprobar un texto constitucional peor que el actual.

A 50 años del golpe civil militar

El golpe de estado de 1973 sigue siendo un tema que divide fuertemente las opiniones de los chilenos, entre quienes lo celebraron como una liberación de un régimen marxista y aquellos que lo sufrieron como un quiebre esencial de nuestra democracia. Mucho se puede debatir acerca de sus causas y las responsabilidades de uno y otro sector. Pero es evidente que no era la única alternativa para resolver aquella crisis institucional. Tal como consta en los archivos desclasificados por el senado norteamericano, el golpe de estado se empezó a preparar mucho antes que Allende asumiera el poder y la derecha se esmeró, con el concurso de la CIA y la activa colaboración de mandos de las FF.AA., en desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular.

Más allá de este debate, nada puede justificar la masiva y sistemática violación a los derechos humanos registradas a lo largo de 17 años de dictadura. Las ejecuciones sumarias, los degollamientos, las torturas, la desaparición forzada de personas, el exilio. Este tema sigue constituyendo una herida abierta en nuestra convivencia. Pese a los evidentes esfuerzos de sucesivos gobiernos, aún no se logra determinar el destino final de más de mil detenidos desparecidos y la justicia ha operado con apreciable lentitud. Con mayor razón el intento de conmutar la pena de prisión para los detenidos en Punta Peuco no sólo vulnera tratados internacionales, también representa una nueva afrenta para las víctimas y sus familiares.

La gira internacional del presidente

Sectores de la derecha, con una nula visión de estado, intentaron que el presidente Boric suspendiera su gira a Europa, en donde el mandatario ha tenido una muy destacada participación en defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos, aprovechando de suscribir importantes convenios de cooperación con países desarrollados

Alguna vez Winston Churchill, frente a las acusaciones de ser demasiado joven para asumir altas responsabilidades políticas, sostuvo que ese era un defecto que superaba día a día. Y nunca se es demasiado joven para condenar una injusta guerra como la que mantiene Rusia en Ucrania, que ya dura más de un año y medio, cobrando miles de víctimas civiles y militares.

La derecha ha hecho gran escándalo por la entrega de una medalla de reconocimiento al juez Garzón por su compromiso con la justicia y los derechos humanos, sin otro motivo que aquella decisión histórica del magistrado, dictando una fundada detención   de Pinochet por crímenes de lesa humanidad durante su desgraciada visita a Londres.

Desde España, en un esfuerzo de mirar hacia el futuro, el presidente ha formulado una invitación a los diversos sectores políticos para suscribir un compromiso de nunca más repetir la tragedia de 1973, que tanto daño y dolor generó en nuestro país. Aún antes de conocer el texto de la propuesta, la mayoría de la derecha se ha apresurado en rechazar tajantemente la iniciativa. Predecible, pero pésima señal que acentúa la polarizada división de los chilenos para asumir la historia del país.

Sembrando vientos tormentosos

Los acuerdos se construyen en base al diálogo, en donde las partes están dispuestas a mutuas concesiones. No está en el ánimo de la derecha, que más bien aspira a la rendición incondicional del gobierno y a imponer una constitución a su medida, aprovechando la mayoría en el consejo constituyente.

Tampoco parece disponible para avanzar en un nuevo pacto fiscal como el que propone el ministro de Hacienda tras el rechazo de la reforma tributaria, pese a la flexibilidad demostrada por el ejecutivo en las largas y hasta ahora infructuosas negociaciones. Pronto a vencer el plazo fijado por el ejecutivo para resolver si se insiste con la iniciativa, todo apunta a que deberá postergarla hasta el próximo mes de marzo. Sin ninguna garantía que pueda prosperar.

De la misma manera, pese a los esfuerzos del gobierno por acordar una indispensable reforma del sistema previsional, la derecha insiste en la mantención del fracasado sistema de capitalización individual, con un pilar solidario que no tiene financiamiento claro.

Finalmente, no parece evidente que pueda prosperar una reforma de la salud, con un sistema universal, financiado por todos los chilenos y chilenas. Las ISAPRES, que arrastran una pesada e inexplicable carga financiera, insisten en algún mecanismo de salvataje.

Todo lo anterior, no tan sólo involucra una derrota del gobierno, sino un grave daño para el país. Lejos de dejar a la actual administración sin agenda, reafirma la urgencia de cambios estructurales.

Es más que evidente que el estado requiere de modernización, con mayores recursos para invertir en seguridad pública, pensiones dignas, mejor educación y salud, así como nuevos emprendimientos en materia económica. Y todo esto apuntando a una justicia tributaria, en donde los que tienen más aporten lo que corresponde y se asegure que la brecha de las desigualdades se reduzca luego del pago de los impuestos.

La derecha puede apostar al fracaso del gobierno, pero debe asumir que está sembrando vientos y puede cosechar tempestades. El futuro no está escrito. La oposición no tiene garantizada una victoria en las próximas elecciones municipales ni tampoco en la futura elección presidencial. Los aires que hoy parecen soplar en una dirección, tan solo hace poco más de un año, soplaban en sentido contrario y pueden volver a girar. Depende de muchos factores. Lo que parece evidente es que el país enfrenta disyuntivas decisivas.