Una “Kastitución” a la medida de la derecha y del gusto de los empresarios

La derecha, desde republicanos a Chile Vamos, se han lanzado con todo en la operación por el apruebo de la propuesta de nueva constitución, elaborada por la mayoría con que cuentan en el consejo constituyente. José Antonio Kast, que ha digitado el trabajo de sus consejeros, lidera la operación, secundado, con singular entusiasmo, por el presidente de la UDI, Javier Macaya. A ellos se suma el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes, que junto a otros dirigentes empresariales ha llamado a aprobar la propuesta y cerrar pronto el proceso constituyente.

Los argumentos con que buscan revertir el alto nivel de rechazo que genera una propuesta ultraconservadora y populista, que más se parece a un programa de gobierno de José Antonio Kast, son elementales, para no decir simplistas. La propuesta sería mejor que la actual constitución (sin precisar para quienes). Que resulta imperioso terminar con la incertidumbre institucional y que siempre se puede aprobar para luego reformar aquellas normas que generan más rechazo, planteando la falacia que rechazar es respaldar la constitución de 1980, de la cual, en verdad, queda muy poco, tras sus sucesivas reformas.

En estricto rigor, la derecha ya inició la campaña por el apruebo. Incluso antes de que se diera a conocer la propuesta definitiva, que deberá ser sancionada por el pleno del consejo, y de los plazos legales para hacer publicidad. Usando mañosamente la simbología de los actuales juegos panamericanos y difundiendo alegres piezas publicitarias en redes sociales. Los tiempos son muy cortos y la tarea de revertir la desconfianza y rechazo que genera en la ciudadanía el nuevo proceso constituyente parece muy cuesta arriba.

Sin duda, no será tarea fácil revertir el alto nivel de rechazo al nuevo proceso constituyente que muestran las encuestas. Bien podría ocurrir que el extemporáneo respaldo empresarial a una propuesta aún no afinada, que ha generado cuestionamientos en el propio sector, sea “el abrazo del oso” para el comando del apruebo, dejando en evidencia que la llamada “Kastitución” está hecha a la medida de los grandes empresarios y tan sólo interpreta a la derecha.

Finalmente, la presión de la directiva gremialista sobre Evelyn Matthei rindió frutos, obligándola a desdecirse de sus reparos sustantivos a un proceso que llegó a calificar como destinado irremediablemente al fracaso. La alcaldesa mantuvo tímidos cuestionamientos para algunos temas de la propuesta constitucional, pero, en buen castellano, entregó la oreja como requería Javier Macaya. Ciertamente cumplió con una condición para no arriesgar su eventual postulación presidencial, intentando cuadrar un círculo que probablemente afectará su credibilidad manifestada en las encuestas, mientras J. A. Kast, sin moverse de su escritorio y dispuesto a imponer su liderazgo en el sector, puede observar plácidamente el sometimiento de la alcaldesa de Providencia.   

De igual manera, los republicanos deben cerrar el círculo convenciendo a los díscolos de su propio partido, encabezados por el Rojo Edwards, que consideran una virtual traición aprobar una nueva constitución que reemplace la de 1980, la misma a la cual sus líderes históricos juraron fidelidad en Chacarillas, como parte del “legado” del régimen liderado por Augusto Pinochet.

Finalmente, deben intentar sumar a los sectores de centro, incluidos Amarillos y Demócratas, que se adscribieron al rechazo de la anterior propuesta constitucional.

La estrategia de la derecha es clara. No tan sólo se trata de unificar a los sectores que estuvieron por el rechazo en el proceso anterior sino convertir el plebiscito de salida en una confrontación entre el gobierno y la oposición.

Pero el próximo plebiscito del 17 de diciembre no está convocado para calificar la gestión gubernamental sino para resolver “a favor” o “en contra” una propuesta constitucional impuesta por una mayoría circunstancial, que no cumple con los mínimos requisitos para ser reconocida como reglas del juego compartidas por una amplia mayoría nacional.

Una propuesta que divide al país

El gobierno ha evitado involucrarse en el nuevo proceso constituyente y menos en convertir el plebiscito de salida en una contienda con la oposición. Sus llamados se han limitado al diálogo y la búsqueda de un consenso sin exclusiones en torno a una propuesta que pueda ser aprobada por una amplia mayoría nacional.

Por su parte, los dirigentes de los partidos oficialistas han evitado adelantar posiciones hasta no conocer la propuesta final, en tanto que sus representantes en el consejo constituyente han bregado por buscar acuerdos de compromiso con la mayoría conservadora, sin éxito y tal como lo señalara Verónica Undurraga, que presidió la comisión de expertos designada por el parlamento, la derecha optó por pasar la aplanadora.

Es más que evidente, sin embargo, que no tan sólo el oficialismo o la Democracia Cristiana estarán obligados a sumarse a la opción por el rechazo de una propuesta constitucional regresiva, populista, de carácter identitaria y ultraconservadora, como la que se vislumbra.

Tampoco será sencilla la decisión para sectores de centro, como Amarillos y Demócratas. Muchos de sus militantes han expresado serios reparos a algunas de las normas aprobadas y bien pudieran producirse nuevos alineamientos en su interior.

Pero lo más relevante es que el nuevo texto constitucional está lejos de convocar entusiasmo y adhesión, sino más bien rechazo e indiferencia en la ciudadanía, tal como lo demuestran, hasta hoy, las encuestas. Aparece como una propuesta que identifica a un solo sector, la derecha y los empresarios, dividiendo al país y acentuando la polarización.

 Se mantiene la incertidumbre institucional

Se apruebe o rechace, es más que evidente que la propuesta no cumple la condición esencial de unir a la mayoría del país y tampoco contribuye a cerrar el debate constitucional. Una vez más se equivocan los dirigentes de la derecha y empresariales al pensar que con la mera aprobación de la propuesta se cierra el debate institucional. El mayor riesgo que hoy enfrenta el país es que la propuesta que emane del consejo constituyente sea aprobada por márgenes estrechos, manteniendo la incertidumbre y el conflicto institucional. A estas alturas, el rechazo aparece como un mal menor.

 Un nuevo fracaso del proceso constituyente representa el fracaso de la política, en donde, tanto el oficialismo, como la oposición comparten responsabilidades. Los unos y los otros incurrieron en el mismo pecado. El intento de diseñar un texto constitucional a su propia medida, buscando imponerlo a sus adversarios, cuando la verdadera tarea era construir una nueva constitución que pudiera interpretar a todos. No es un dato menor que tanto en la convención como en el consejo constituyente, las principales coaliciones políticas que suscribieran el acuerdo para impulsar el proceso constituyente estuvieran en minoría y las agrupaciones que no formaron parte de ese acuerdo fueran los principales protagonistas de un proceso que no compartían.

Es más que obvio que existe lo que se ha denominado “fatiga constitucional” y que no existe espacio para un tercer proceso. Sin embargo, es igualmente evidente que el país requiere de profundas reformas a su actual institucionalidad. En el ámbito político, social y económico, permitiendo avanzar hacia un estado social y democrático de derechos y garantizando la gobernabilidad del país. El desafío continuará pendiente.