Además de tuerta (la paja en el ojo ajeno), la derecha tiene una memoria selectiva. Intenta reescribir la historia, olvidando sus desesperados intentos por impedir que Salvador Allende asumiera el poder (entre aquellos, con el asesinato del general René Schneider, financiado por la CIA. Ver Wikipedia). Ciertamente el quiebre democrático de 1973 no tan sólo se explica por la trama conspirativa montada por la CIA con activa participación de la derecha y mandos sediciosos de las FF. AA, tal como lo han reconocido sectores de izquierda con lacerantes autocríticas. Es un debate legítimo y pertinente al cumplirse los 50 años del golpe civil militar.
Amplios sectores de la derecha van más allá. Intentan justificar el golpe de estado propiciado por el gobierno de Estados Unidos, según se acredita en los propios archivos desclasificados parcialmente por ese país y que ellos alentaron abiertamente. Confunden así a un dictador asesino y ladrón con un estadista y buscan resaltar los aspectos supuestamente “luminosos” del largo régimen, relativizando los más oscuros y sangrientos, negándose a asumir su condición de cómplices pasivos (algunos muy activos) en las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante aquel período negro de nuestra historia. Según la diputada republicana Gloria Naveillán, este año no se conmemoran los 50 años del golpe militar, sino que se celebran los 50 años de la caída de Salvador Allende.
Casi como lugar común, amplios sectores de la derecha rescatan el legado concertacionista y los logros alcanzados en los últimos treinta años, eludiendo la implacable obstrucción que sus representantes ejercieron en materias tan sensibles como el sistema previsional, la educación o la salud, aprovechando precisamente los enclaves autoritarios heredados del régimen civil militar, materializados en la Constitución de 1980, como ocurrió con los senadores designados y el sistema binominal.
Ahora, la gran mentira es que buscan realizar “una oposición constructiva”, bajo la premisa de “si le va bien al gobierno, le irá bien al país”. En circunstancia que la derecha dominante apuesta al sometimiento del gobierno, la renuncia a su programa de reformas y su rendición incondicional.
Ni la derecha ni las cúpulas empresariales quieren una reforma tributaria o pacto fiscal que implique alza de impuestos a los grupos más poderosos, con el pretexto de que la economía se encontraría estancada. Entonces lo titulan como necesidad de mayores incentivos a la inversión y el emprendimiento. Así bajando los impuestos se incrementaría la recaudación. Se reitera que sólo el 20 % de los contribuyentes paga impuestos y que en los países desarrollados es el 80 %, olvidando que los trabajadores pagan impuestos, directos e indirectos, como el IVA y otros, que afectan la totalidad de sus ingresos. Y todo aquello en una supuesta defensa de las PYMES, que no se ven afectadas sino favorecidas por la reforma.
Tampoco quieren una reforma o refundación del sistema previsional, que no ha cumplido su promesa original de entregar pensiones dignas, en tanto se enriquecen las administradoras privadas de los fondos de los trabajadores, además de manejar un formidable poder económico y político, que no tan sólo les permite incidir de manera determinante en los mercados sino también ejercer una gran influencia a nivel político.
De una u otra manera, buscan un “salvataje” de las ISAPRES, que durante décadas acumularon cuantiosas ganancias, pese a lo cual, inexplicablemente, hoy lamentan millonarias deudas, que se intentan licuar o, lo peor, que sean absorbidas por todos los chilenos. Y para qué hablar de un sistema universal de salud financiado por todos los chilenos.
Entonces existen fundadas razones para el pesimismo o escepticismo expresado, entre otros, por el senador José Miguel Insulza en un reciente programa de televisión. Nada de esto inhabilita el máximo esfuerzo que despliega el gobierno para impulsar las indispensables reformas, asumiendo que todos los sectores deben ceder en sus posiciones. En verdad y tal como lo expresara el parlamentario, el país no tan sólo requiere de un nuevo pacto tributario, sino de un nuevo pacto social del que se habló durante el estallido y se olvidó convenientemente al corto andar.
Las razones del estallido social continúan latentes
Con esa memoria selectiva que parece caracterizarlos, tanto la derecha como el empresariado apuestan a olvidar las razones del estallido social, originado en un profundo descontento por las desigualdades que marcan a nuestra sociedad que, en su momento, los llevaron a aprobar, con algo más que angustia, el inesperado proceso constituyente y manifestar su disposición a comprometerse con transformaciones sociales, en consonancia con los dichos de Cecilia Morel, resignada a ceder en algunos de sus privilegios.
Calificando despectivamente a los protagonistas del estallido como “octubristas” (radicales de extrema izquierda), piensan que esos tiempos ya pasaron mientras hoy triunfan las ideas conservadoras. Quisieran convencerse de que aquellos protagonistas se reducían a quienes incendiaron estaciones de metro, asaltaron supermercados o destruyeron la propiedad pública o privada. Olvidan porfiadamente a los millones de chilenos y chilenas que marcharon por las principales ciudades del país para protestar por los abusos y desigualdades, demandando no tan sólo una nueva constitución (una demanda aún incumplida y en serio riesgo de materializarse), pensiones dignas, trabajo decente y sueldos justos. También derechos a vivienda, mejor salud y educación. Y, sobre todo, Dignidad.
Calificando despectivamente a los protagonistas del estallido como “octubristas” (radicales de extrema izquierda), piensan que esos tiempos ya pasaron mientras hoy triunfan las ideas conservadoras.
Ahora no son pocos los personeros de la derecha que acusan a Sebastián Piñera de “haber entregado la constitución de 1980”. Una parte de la derecha optó por rechazar el proceso constituyente en el plebiscito de entrada. Y la inmensa mayoría se volcó en sabotear el proceso, a través de una verdadera campaña del terror, que demostró su eficacia en el plebiscito ratificatorio. No tan solo los republicanos se opusieron a darle continuidad a este proceso tras el triunfo del rechazo. Han crecido los militantes de la UDI que critican a la directiva presidida por el senador Macaya, por suscribir aquel acuerdo. Y la actual mayoría de los consejeros electos aspira a modificar sustantivamente el anteproyecto elaborado por el grupo de expertos designados por el parlamento, incluso transgrediendo los llamados bordes o principios acordados, poniendo en serio riesgo el éxito de este nuevo proceso.
El país necesita cambios y transformaciones. Qué duda cabe. No tan sólo para avanzar hacia un estado social y democrático de derechos, con un auténtico sistema de protección social, reconocimiento de los pueblos originarios y nuevos derechos sociales garantizados. Necesita de una nueva constitución que el abra el camino a esas transformaciones. Un sistema político que asegure la gobernabilidad del país. Una mayor justicia tributaria que permita, de manera gradual, acortar la brecha de las desigualdades. Ofrecer nuevas oportunidades a los cerca de quinientos mil jóvenes que no estudian ni trabajan, muchos de los cuales son reclutados por el narco tráfico y el crimen organizado. Erradicar los miles de campamentos que han proliferado en los últimos años, con familias viviendo en muy precarias condiciones, como se evidenció en los últimos temporales. Materializar la promesa de poner a la infancia en el primer lugar y entregar dignidad a la tercera edad. Oponerse a estos cambios indispensables y urgentes, representa un claro riesgo de nuevos estallidos. Como ha advertido el ministro Marcel.
Un gobierno de minoría en medio de una crisis social y política
Ciertamente es más que complejo impulsar procesos de cambios y transformaciones sin contar con una mayoría parlamentaria. Sobre todo, en medio de una crisis política, económica y social, a lo que se agrega una crisis de seguridad ciudadana que viene de lejos. Con un escenario de fuerte disgregación y atomización política y no poca polarización, que ha tendido a agudizarse en el último tiempo
El gobierno de Gabriel Boric, más allá de errores no forzados, malas prácticas que deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias ¡caiga quien caiga!, como lo ha expresado el mandatario, y manifiestos déficits en la gestión del estado, no tan sólo ha demostrado su férreo compromiso con el programa de gobierno, reformulado en la segunda vuelta.
También ha mostrado un espíritu autocrítico y capacidad de rectificación, así como una gran flexibilidad y disposición al diálogo y la búsqueda de acuerdos, que no encuentra reciprocidad en la oposición.
Muy por el contrario. Se hace evidente una oposición obstruccionista, inserta en un sistema político que conspira en contra de la gobernabilidad del país. Durante los dieciséis meses que cumple el gobierno, se han presentado reiteradas interpelaciones, acusaciones constitucionales y peticiones de renuncia de ministros, subsecretarios, y otras autoridades. Tanto la reforma tributaria como la previsional han tenido una larga tramitación, sin que la oposición presente alternativas, como no sea su resistencia a subir los impuestos, mantener el actual sistema previsional y salvar a las ISAPRES.
Nueva regulación a recursos públicos destinados a corporaciones y fundaciones
Sin que se haya agotado, ni muchos menos, la investigación acerca de las irregularidades de los convenios entre el Estado y fundaciones privadas, la oposición busca acusar constitucionalmente a los ministros de Vivienda y Desarrollo Social, por presuntas responsabilidades políticas en hechos insuficientemente acreditados.
Evidenciando su mirada selectiva, la derecha ha montado una gran campaña política y comunicacional para denunciar irregularidades reales o presuntas en el tema de las fundaciones, guardando sepulcral silencio en el caso de alcaldes de derecha comprometidos en graves delitos de corrupción, como es el caso lo(a)s ex ediles de Vitacura, Lo Barrenechea, Maipú, Viña del Mar y otros, para quienes sí exigen la presunción de inocencia.
El presidente ha tomado la iniciativa de crear una nueva comisión de expertos, integrada de manera transversal, para que, en el plazo de 45 días, elabore nuevas propuestas en materia de probidad, transparencia y rendición de cuentas de los caudales públicos que se traspasan a entes privados sin fines de lucro, como las corporaciones y fundaciones, hoy bajo sospecha.
El deplorable caso protagonizado por la Fundación Democracia Viva no tan sólo golpea a militantes y dirigentes de RD, partido al que pertenecen los principales involucrados.
Cuestiona el rol de una generación que tempranamente llegó a posiciones mayores de poder, con algunos notables voceros proclamando una supuesta superioridad moral sobre las que la antecedieron, en nombre de una nueva forma de hacer política. Y por cierto que golpea al gobierno y al conjunto del oficialismo, además de sembrar sospechas sobre un conjunto de fundaciones sin fines de lucro que cooperan con el estado, afectando la fe pública.
Cuestiona el rol de una generación que tempranamente llegó a posiciones mayores de poder, con algunos notables voceros proclamando una supuesta superioridad moral sobre las que la antecedieron, en nombre de una nueva forma de hacer política.
Ciertamente se requiere adoptar drásticas medidas para regular, de manera eficaz, el uso de los caudales públicos que se traspasan a estos entes privados sin fines de lucro, evitando poner en un mismo saco a justos y pecadores.
El país ha dado pasos importantes en materia de transparencia y probidad, en el contexto de una región más que vulnerable en la materia. Pero el combate en contra de la corrupción es permanente y debe seguir avanzando. Sin dobles estándares. Tanto el sector público – incluyendo al estado y los municipios – como el sector privado, requieren de estrictas regulaciones y mecanismos de control para evitar fenómenos como la corrupción, el tráfico de influencias, la colusión, evasión y elusión tributaria.
El mandato de la nueva comisión presidencial es acotado en el tiempo y las materias sometidas a su consideración. Quizás sea necesario ir más allá y trabajar en una reforzada agenda sobre transparencia y probidad que le permita al país enfrentar este flagelo que socava la democracia, afectando la confianza de la ciudadanía. Y claramente no puede existir espacio para la impunidad de los responsables de estos delitos.
