El martes 8 de noviembre los estadounidenses tendrán la oportunidad de votar en miles de elecciones, desde 35 de los 100 miembros del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes en el Congreso federal, a 36 de los 50 gobiernos estados, las legislaturas estatales, y puestos en concejos municipales y alcaldías en todo el país. Los comicios darán, asimismo, un diagnóstico sobre la salud de la República.
Los abogados
Terminaba el verano de 1787 cuando, tras ciento veintisiete días de deliberaciones la Convención Constitucional de Estados Unidos completó sus labores en Philadelphia. Cuatro de los cinco miembros del comité de redacción, y treinta y cinco de los cincuenta y cinco delegados asistentes eran abogados o tenían educación en leyes lo cual da una idea de la prolijidad de los debates.
El punto más discutido había sido la forma de gobierno que adoptaría el país cuatro años después de finalizada su guerra por la independencia. Había quienes abogaban por una república, y había quienes proponían una monarquía. Uno de los próceres, Alexander Hamilton, argumentó enérgicamente a favor de una monarquía electiva como forma de evitar los vicios europeos del trono por herencia.
Concluida la convención, el delegado por Maryland, James McHenry anotó en su diario esta anécdota: Elizabeth Willing Powell, dama de influencia en los medios políticos y sociales de Philadelphia, se aproximó a Benjamin Franklin, quien a los 81 años de edad era el más viejo de convencionales, y le preguntó: “Doctor Franklin, ¿qué conseguimos, una república o una monarquía?”
“Una república, si pueden conservarla”, respondió el delegado de Pennsylvania.
Desde entonces la historia de Estados Unidos ha sido la de una república con elecciones presidenciales cada cuatro años –un prontuario que no se interrumpió ni siquiera durante una Guerra Civil— y la transmisión ordenada del Poder Ejecutivo al ganador de los comicios.
El país no ha estado exento de violencia electoral y fraudes locales, pero algo que la mayoría de los estadounidenses ha compartido por décadas con las esperanzas de los convencionales de 1787 es que el proceso electoral debe cumplirse de acuerdo con las reglas, y el perdedor admite su derrota.
Mal Perdedor.
Ya antes de la elección de 2016 el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump calificó el proceso electoral como fraudulento e indicó que, si perdía, probablemente no aceptaría el resultado. Cuando recibió 3,5 millones de votos menos que su rival demócrata, Hillary Clinton, Trump repitió por años que esos eran votos fraudulentos, aunque la comisión que él creó para documentar las trampas se desbandó sin hallarlas.
Antes de las elecciones de 2020, Trump reiteró sus falacias acerca del proceso electoral, luego se negó a reconocer su derrota y organizó una asonada para impedir que el Congreso ratificara los resultados. Y ahora Trump, mientras se escurre como puede de demandas judiciales e investigaciones gubernamentales, avala a lo largo y a lo ancho del país a candidatos que se adhieren a la mentira del fraude electoral.
El fenómeno, empero, va más allá de Trump. Hay entre los estadounidenses aproximadamente treinta millones de votantes que comparten la desconfianza, cuando no el odio, hacia los partidos políticos tradicionales, las elecciones, las instituciones del gobierno federal y la creciente diversidad demográfica.
“Somos un movimiento de la gente común, my débil en materia de cultura, sustento intelectual y dirigentes capacitados”, escribió Hiram Evans, un dirigente del Ku Klux Klan cuando en la década de 1920 esa organización de supremacía blanca llegó a contar con millones de adherentes. “Demandamos un retorno del poder a las manos de los ciudadanos comunes de la vieja cepa, no altamente cultivados, no sobre intelectualizados sino totalmente incorruptos y no des-americanizados”.
Un siglo más tarde ése es, precisamente, el significado de la consigna trumpista: “Make America Great Again”.
En el siglo transcurrido los “americanos de vieja cepa” son cada vez menos y el proceso electoral, en el cual han predominado por dos siglos, ya no luce ni confiable ni prometedor.
La participación
La salud de un sistema republicano depende de la participación ciudadana y el reconocimiento de la legitimidad del proceso electoral.
En Estados Unidos la definición de quiénes son los electores ha sido una larga lucha por la inclusión, pasando de los hombres blancos con cierto nivel de fortuna a todos los hombres blancos, y luego a los negros y más tarde a las mujeres y luego a los más jóvenes bajando la edad para votar de 21 a 18 años.
Pero la inclusión de más segmentos de la sociedad entre los votantes en edad de, y habilitados para, votar ha ido acompañada por una disminución del índice de participación.
En las dos primeras décadas del siglo XIX aproximadamente el 40 % de los ciudadanos habilitados para votar lo hizo en las elecciones presidenciales, y un 52 % en las de medio término.
Esa participación se alzó en la mitad de ese siglo cuando más del 80 % de los habilitados para votar concurrió a elecciones presidenciales y alrededor del 70 % sufragó en las de medio término.
Pero los índices de concurrencia de votantes bajaron en las primeras décadas del siglo XX con un nadir del 47 % en la elección presidencial de 1924 y un 32 % en las legislativas de 1926.
En la elección presidencial de 2020 concurrió a votar aproximadamente el 67 % de los ciudadanos habilitados para hacerlo, y en las de medio término en 2018 concurrió el 50 %.
Esta alza en la concurrencia de votantes resulta del mismo fenómeno que ocurre entre toda la población: una presencia creciente de inmigrantes y una merma en la porción de “blancos”. Este año hay casi treinta y cinco millones de ciudadanos que se identifican como “latinos” y están habilitados para votar.
Desconfiados
Una encuesta de la firma Gallup encontró este mes que el índice de confianza de los estadounidenses en el Poder Judicial ha caído al 47 % y “esto significa que por primera vez ninguna de las tres ramas del gobierno recibe la confianza de una mayoría de los ciudadanos”. El nivel promedio de confianza ciudadana en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es del 43 %, el mismo que en 2015 y el más bajo en la historia de Gallup.
“Los estadounidenses siguen mencionando al gobierno como el problema más grave que encara el país”, añadió la firma. “Esta erosión de la confianza se debe cada vez más a las evaluaciones partidistas de las instituciones del gobierno en una época cuando la política ha pasado a ser el asunto más importante”.
Sobre la sisa en la confianza ciudadana se ha derramado en los últimos seis años el catalizador de Trump y como resultado una buena parte de los votantes duda, cuestiona o simplemente rechaza la legitimidad de las elecciones.
La semana pasada el Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió sobre las amenazas contra funcionarios electorales que se han multiplicado en varios estados.
“Las elecciones libres y limpias son la piedra angular de la democracia estadounidense”, recordó la agencia. Las personas que supervisan y participan en la administración de elecciones incluyen los trabajadores en las mesas de votación, los voluntarios y los funcionarios de escrutinio ayudan a salvaguardar la integridad del proceso democrático.
“Las amenazas contra los trabajadores electorales no sólo amenazan la seguridad de los individuos afectados, sino que también ponen en riesgo la estabilidad del proceso electoral en Estados Unidos”, añadió el FBI.
El secretario de Estado de Texas, John Scott, que dicho sea de paso es republicano, denunció la “cantidad absurda de amenazas que encaran los funcionarios electorales en años recientes”, y señaló como culpables también a quienes promueven teorías de conspiraciones como Alex Jones y su plataforma Infowars.
La revista mensual Texas Monthly, en colaboración con el Centro Brennan para la Justicia, llevó a cabo una encuesta en ese estado del Sur y encontró que uno de cada seis funcionarios electorales ha recibido amenazas vinculadas a su tarea.
“Es un problema grave”, dijo Scott. “Es patético el hecho de que tengan tanto miedo por sus vidas”.
Por su parte el Centro Bipartidista, en un documento con recomendaciones para el Departamento de Justicia, apuntó que “mientras el país se prepara para las elecciones de medio término, los funcionarios electorales siguen recibiendo amenazas, hostigamiento y abuso”. El Departamento de Justicia ya había advertido que “los llamados a la violencia por parte de extremistas autóctonos” dirigidos contra funcionarios electorales probablemente aumentarán al aproximarse los comicios.
