En marzo de 2024, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (EDA), informe que puso el foco en la gestión ambiental y en políticas de agua, del cual se desprenden 36 recomendaciones en las cuales nuestro país debería avanzar durante los próximos años.
Dado que esta evaluación se realiza cada 10 años, resulta interesante su revisión y análisis, pues nos proporciona una mirada desde un organismo multilateral cuyo propósito es coordinar políticas económicas, sociales y medioambientales de los países miembros.
En el informe, la OCDE indica que nuestro país debe “fortalecer la calidad técnica de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), mediante la creación de salvaguardias contra la influencia política y mejorando las capacidades del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para obtener y revisar información sobre proyectos con suficientes recursos para digitalizar el proceso de EIA y producir bases de datos públicos y confiables; reforzar el proceso de validación para asegurar que la selección de entrada de proyectos al SEIA sea hecha correctamente; garantizar la participación pública significativa, especialmente, de comunidades indígenas, en las fases tempranas del proceso; incorporar el cambio climático a los EIA y al SEIA para mejorar la resiliencia de la planificación territorial y de infraestructuras”.
Con esta recomendación podemos ver que este organismo multilateral, integrado -principalmente- por países desarrollados y en vías de desarrollo, asigna un rol relevante a los temas ambientales para lograr un adecuado desarrollo económico y social.
No obstante, y a pesar de las recomendaciones hechas por la OCDE, en nuestro país estamos viviendo una nueva arremetida de los sectores empresariales. Quienes demandan mayor flexibilidad en la tramitación de los permisos ambientales y sectoriales, tanto así que han logrado posicionar en la discusión pública el concepto de “permisología” para señalar que existen trabas a la inversión y que es necesario bajar las exigencias para no estancar la economía. Pero la realidad es otra, ya que los mecanismos para la obtención de autorizaciones ambientales en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como la obtención de permisos sectoriales, no han tenido cambios en sus exigencias desde hace años.
Dicho lo anterior, podemos inferir que esta campaña comunicacional y de incidencia política tiene como finalidad cambiar la regulación vigente, para no permitir mejorar sustantivas en la evaluación ambiental de proyectos, así como tampoco en la fiscalización ambiental de los mismos.
De hecho, otra de las recomendaciones de la OCDE indica que Chile tiene que “reforzar las capacidades institucionales de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) con los suficientes recursos, y asegurar la participación de fiscalizadores de la SMA para garantizar el cumplimento de los permisos ambientales específicos a sectores; descentralizar la gestión de denuncias locales; fortalecer el monitoreo de cumplimento y actividades de aplicación mediante herramientas tecnológicas y de análisis de datos; reforzar las bases legales para mejorar la efectividad del cumplimiento de la normativa y los poderes sancionadores de la SMA”.
Entonces, estamos frente a un momento clave en el cual es necesario parar y reflexionar qué es lo que queremos como país. Para ello, hay una pregunta relevante que deben responder los grandes consorcios empresariales del país ¿están dispuestos a cumplir con la legalidad vigente y avanzar en mejoras en el sentido que señala la OCDE? Pues, es evidente que por un lado existen sectores, así como líderes empresariales y políticos que están por flexibilizar la legislación ambiental, mientras que, por el otro, organizaciones ambientales como Fundación Terram abogamos para que se cumpla la legislación vigente.
Para ejemplificar lo dicho anteriormente, podemos revisar el caso de la salmonicultura en Chile. Hasta ahora, el equipo de Fundación Terram ha detectado 95 casos de sobreproducción de salmónidos en centros de engorda de mar ubicados al interior de dos áreas protegidas. Esto quiere decir, que la industria salmonera no ha respetado la legislación vigente, ni lo autorizado en sus permisos ambientales. Dicho esto, se puede deducir que ha crecido y se ha posicionado como el segundo sector exportador del país a costa de no respetar la regulación vigente. Por tanto, es muy importante que esta y otras industrias respondan si están dispuestos a respetar el marco regulatorio actual y fortalecer la institucionalidad ambiental tal como lo recomienda la OCDE.
