Diversas exposiciones públicas y el contenido de su recientemente presentado libro “Un Ejército de todos”, del general® Ricardo Martínez Menanteau, excomandante en jefe del Ejército, evidencian las debilidades históricas de nuestra elite política para dialogar fecundamente y cristalizar una relación institucional en que confluyan la profundización democrática y una renovada doctrina militar del Estado de Chile. Se trata de un desafío pendiente y mayor, marcado dramáticamente por los acontecimientos que hemos conmemorado en estos días después de 50 años del golpe de estado civil militar.
Los fundamentos esenciales del general ®Martínez, convenientemente eludidos por los principales medios de prensa, recuperan las bases fundantes de la doctrina militar que marcaron en su época los entonces comandantes en jefe, René Schneider Chereau y Carlos Prats González. El corte e interrupción de aquella directriz institucional fue tan dramática como criminal. Ambos fueron asesinados, Schneider, en octubre de 1970 – como resultado de una conspiración liderada por los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela, financiada por el gobierno de Richard Nixon y ejecutada por extremistas de ultraderecha – para evitar la asunción del electo presidente Salvador Allende, y Prats, por orden de su criminal sucesor Augusto Pinochet, en septiembre de 1974 en Buenos Aires.
La ruptura de lo que el general ® Martínez define como el “ethos militar”, que reivindica los principios esenciales del deber y el honor institucional, estuvo marcada por el peso de una prolongada historia de transgresiones esenciales más que convenientes para el poder civil favorecido por las transformaciones económicas impuestas a sangre y fuego y traducidas en un “modelo” sostenido en bases constitucionales aún vigentes, defendidas en pleno 2023 por el renacer autoritario liderado por J. A. Jast y tan admiradas al otro lado de la cordillera desde el extremismo del postulante presidencial Javier Milei.
No es nada fácil el transitar de la renovada doctrina militar que esbozó desde el alto mando del Ejército el general® Martínez durante su reciente gestión en la comandancia en jefe. El peso de la noche ha sido más que prolongado, aunque la herencia “institucional” de Pinochet, con aval de una senaturía vitalicia incluida, se derrumbara al descubrirse su millonaria corrupción con pretendido recaudo en paraísos fiscales. Los sucesores inmediatos en el mando cargaron con secuelas de crímenes de lesa humanidad y lastres de aquella corrupción que ha desnudado la investigación de la ministra Romy Rutherford en la arista “gastos reservados”, involucrando a Juan Emilio Cheyre, Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente- Alba.
Las referencias explícitas de Martínez Menanteau a los crímenes de lesa humanidad bajo el mando superior de Pinochet en sucesos como “la Caravana de la Muerte” (“nunca se aclaró el tipo de órdenes que recibió el general Arellano por parte del Comandante en Jefe del Ejército; en cambio, su desempeño le valió un ascenso dentro de la institución, por resolución del mando en jefe”); el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires; los consignados en la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”(Informe Rettig) incluyendo a detenidos desparecidos( “constituyen una de las páginas más oscuras en materia de violaciones de los derechos humanos durante ese período y representan una herida abierta en el alma nacional”); no dejan lugar a dudas respecto del cambio sustantivo manifestado en la lectura histórica proveniente de quien ocupara el mando superior del Ejército hasta el año pasado, reafirmando a modo de conclusion: “Cualesquiera sean las normas aplicables, incluso en etapas cruentas de un conflicto, no se pueden violar los derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura y de las ejecuciones sumarias, la no discriminación y el respeto a los detenidos”.
El abierto desafío planteado por el general ® Ricardo Martínez, insistiendo en estos días de sensible conmemoración de medio siglo del golpe de estado que “la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet”, ha desatado reiteradas reacciones violentas en contra de su persona, provenientes de exuniformados, algunos de ellos procesados por violaciones a los derechos humanos.
Las odiosas descalificaciones que recibe también de círculos de extrema derecha, abiertos admiradores de la herencia del régimen civil militar, retrotraen la mirada a lo sucedido con los ex comandantes en jefe, René Schneider y Carlos Prats.
Con todo, las respuestas pendientes al desafío planteado por el ex comandante en jefe Ricardo Martínez no son precisamente las más que esperables provenientes desde el ámbito politico empresarial que se benefició con los resultados de la gestion económica del largo régimen civil militar y sus aplaudidas privatizaciones. Podríamos proyectar la actualización del entramado politico, jurídico y comunicacional (Agustín Edwards y su herederos incluidos) que dio sustento al régimen que hoy reivindican con inocultable entusiasmo J. A. Kast y sus discípulos disfrazados de republicanos, cuya mayor demanda en el ámbito militar es la liberación de los criminales de lesa humanidad que cumplen condenas judiciales.
El desafio mayor reside en una conversación fecunda que involucre a la pluralidad y diversidad democrática de nuestra sociedad con esta renovada revisión histórica que surge desde las fuerzas armadas del presente. Ciertamente desechando el simplismo de una deliberación ajena a la esencia del rol profesional de las instituciones de la Defensa Nacional, precisamente el que transgredieron sediciosamente los mandos golpistas de 1973. Un desafío asumido por las ya mencionadas reflexiones institucionales del general Martínez Menanteau y también traducido en otras señales provenientes de mandos uniformados, como las del comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza en su encuentro con exprisioneros de Isla Dawson, que debieran estimular aquella necesaria revision democrática de cara a un futuro liberado de las ataduras heredadas del nefasto período histórico marcado por la dictadura civil militar.