La larga marcha del aborto legal en Estados Unidos ha llegado al Tribunal Supremo de Justicia que, con una mayoría firme de jueces conservadores, tiene ante sí una decisión de consecuencias históricas. Vuelve al centro del escenario la vieja disputa entre las atribuciones del gobierno federal y las de los estados federados.
Roe vs Wade
En 1973 y acerca de una demanda contra la prohibición del aborto en Texas, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el gobierno no tiene atribuciones legales para interferir con la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo.
Aunque por décadas se ha escrito y repetido que el fallo en el caso Roe vs Wade legalizó el aborto en Estados Unidos, no hay legislación federal alguna que positivamente “legalice” el procedimiento, sino un pronunciamiento que se sustenta en la Enmienda 14 de la Constitución.
Según la traducción oficial, la Sección 1 de tal enmienda estipula que “Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”.
La lectura de la Constitución hecha por los magistrados en 1973 dio prioridad a la vida y la libertad de la mujer preñada, y señaló para el aborto un límite a las 23 semanas de embarazo cuando se consideraba que ya el feto era viable.
Desde entonces, quienes se oponen al aborto, han dado la batalla interpretando el mismo texto constitucional, pero en defensa de la vida, la libertad y la protección igualitaria del embrión desde el momento mismo de su concepción.
Números
Nadie sabe cuántos abortos inducidos ocurrían antes de 1973, y los habidos desde entonces suman entre 40 millones y 60 millones según hagan los cálculos quienes bregan, ruegan y manifiestan en las calles contra el aborto, o quienes defienden la necesidad de opciones seguras para la salud de la mujer.
En algo, sin embargo, coinciden los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), y el Instituto Guttmacher, una entidad privada que recoge información directamente de las clínicas.
Y esa coincidencia se da en las tasas de aborto: en ambos casos la tasa alcanzó una cima en 1980 o 1981, con entre 25 y 29 abortos por cada 1.000 mujeres con edades entre 15 y 44 años, y esa misma tasa cayó a entre 11 y 13/1.000 entre 2017 y 2018.
Por contexto cabe recordar que la primera píldora anticonceptiva de uso general salió al mercado en Estados Unidos en 1960 y pronto le siguió la disponibilidad de otros métodos como los dispositivos intrauterinos y las cremas espermicidas.
Para 1980 la primera generación de mujeres nacidas y criadas en la era de la píldora empezó su debut sexual y, a medida que las mujeres asumieron más control sobre su función reproductiva, junto con su ingreso creciente en la fuerza laboral, la apertura de oportunidades vocacionales y profesionales, la tasa de abortos inducidos empezó a disminuir.
Las manifestaciones vocingleras y las campañas políticas, los rosarios rezados y las condenas desde el púlpito quizá hayan tenido un impacto, pero más mensurable luce el de la educación sexual en las escuelas, la igualdad social de las mujeres, y el acceso a anticonceptivos.
Bosquejo del aborto
Aunque las negras son aproximadamente el 12% de la población femenina casi el 28 % de los abortos ocurren en mujeres negras. Las latinas, que son el 18 % de las mujeres dan cuenta del 25 % de los abortos. Y las blancas, que son el 64 % de la población femenina tienen el 39 % de los abortos. Más de la mitad de las mujeres que tuvieron un aborto han sido veinteañeras, con el 34 % entre las edades de 20 y 24 años, y el 27 % entre 25 y 29 años. El 12 % de ellas eran menores de 20 años.
Según los datos del Instituto Guttmacher, casi el 75 % de los abortos se han inducido en mujeres que viven por debajo del nivel de pobreza; el 24 % de ellas se identificó como católico, el 17 % como protestante y el 13 % como evangélico. El 59 % de los abortos se realizaron en mujeres que ya habían tenido, por lo menos, un parto.
Las razones que las mujeres mencionan para recurrir al aborto inducido son muy variadas y la más frecuente (75 %) es que el tener un hijo ahora interfiere con la educación, el empleo o la capacidad de la mujer para cuidar a otros dependientes; o que no tiene recursos ahora para sustentar otro bebé (73 %). Otras razones es que no quieren ser madres solteras (48 %), un motivo citado también con frecuencia es la presión del esposo/compañero que no quiere o no puede hacerse cargo de la responsabilidad. Causas adicionales son el embarazo por violación, los riesgos para la salud de la madre, o defectos mayores en el feto.
En su gran mayoría los motivos por los cuales las mujeres consideran el aborto inducido o recurren al procedimiento pueden resumirse en uno dominante: el embarazo no deseado.
Es paradójico que, entre quienes encabezan la lucha contra el aborto legal se cuenten las mismas iglesias, organizaciones y políticos que adversan la educación sexual en las escuelas y los subsidios del acceso a los anticonceptivos para las mujeres con menores ingresos.
Buena parte de estos grupos están encabezados por hombres –y en el caso de la Iglesia Católica por hombres supuestamente célibes- pero tampoco es visible entre ellos un entusiasmo por una educación sexual que promueva una mayor responsabilidad del hombre para evitar embarazos no deseados, o más fondos para la investigación, desarrollo y oferta de anticonceptivos masculinos o la vasectomía. Dado que, en general, se considera responsabilidad de la mujer el evitar el embarazo no deseado, pocos hombres saben siquiera la marca y el precio de los anticonceptivos que usan sus esposas o compañeras. Y ningún hombre sufre las consecuencias del empleo prolongado de compuestos químicos que interfieren con las hormonas.
Quienes militan contra el aborto legal tienen la esperanza de un gran éxito en el Tribunal Supremo de Justicia, que dará su fallo antes de julio próximo, no parecen muy preocupados por el después.
Dos casos dos
Desde 1973 los adversarios del aborto han bregado de forma incesante para obstaculizar y restringir su práctica con medidas que, por ejemplo, limitan la licencia de operación para clínicas, o requieren que los médicos que en ella practican abortos estén asociados a algún hospital mayor.
Las ordenanzas y regulaciones han ido imponiendo una carga económica para las clínicas de abortos y en varios estados ha disminuido el número de estas clínicas de forma tal que las mujeres que busquen un aborto han de trasladarse a ciudades lejanas y aún a otros estados.
En 2019 el 58 % de las mujeres en edad reproductiva, esto es 40 millones de ellas, vivía en estados considerados hostiles al aborto legal, comparado con 24 millones de mujeres en el mismo grupo de edad (35 % del total) que vivían en estados favorables al aborto legal.
Uno de los casos sobre el escritorio de los magistrados del Supremo, se denomina Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, y se refiere a la constitucionalidad de una ley promulgada en 2018 en Mississippi que prohibió los abortos después de las primeras 15 semanas del embarazo.
El otro concierne una ley (S.B.8) promulgada este año en Texas que prohíbe el aborto después que se detecte el latido de corazón del embrión (¿feto?), algo que ocurre alrededor de la sexta semana del embarazo.
La legislación de Texas es muy ingeniosa. Recuérdese que el fallo del Supremo en 1973 determinó que el gobierno no puede interferir con la decisión de la mujer de tener un aborto. S.B.8 no lidia con eso sino que autoriza una recompensa de un mínimo de 10.000 dólares para quien inicie una querella legal contra el médico o cualquier otra persona que asista en un aborto.
De este modo no es autoridad gubernamental alguna la que interfiera con la decisión de la mujer, sino que son ciudadanos privados los que impiden o castigan la práctica del aborto.
Los “nulificadores”
Casi tan viejo como la república misma es el conflicto, tira y afloje, entre las atribuciones del gobierno federal –que la Constitución se encarga de hacerlo débil—y los gobiernos de los Estados.
En la década de 1830 ese conflicto –centrado en las tarifas sobre las importaciones que protegían las industrias del Norte y dañaban las exportaciones del Sur—puso en pulseada al presidente Andrew Jackson con los “nulificadores” encabezados por Carolina del Sur.
Los “nulificadores” defendían la libertad de los Estados para anular las decisiones del gobierno federal en Washington. Tres décadas más tarde, ese mismo conflicto –ahora sobre el derecho de los estados sureños a mantener la esclavitud y la extensión o restricción de esa institución a los nuevos estados- condujo a una guerra de cuatro años en la cual murieron más de 600.000 soldados.
El reto que ahora, por vías diversas, nutren varios estados con mayoría republicana en sus legislaturas y ejecutivos es, en esencia, parte de la misma historia que se repite cada dos o tres generaciones.
El Tribunal Supremo de Justicia ha dejado, por ahora, en pie la ley de Texas lo cual ya ha obligado a las mujeres que en ese estado busquen o necesiten un aborto a trasladarse a estados vecinos.
Si el Supremo rescinde su fallo de hace casi medio siglo y hace ilegal el aborto éstos seguirán ocurriendo, algo que quienes se oponen a la práctica legal al parecer no consideran.
Si cada estado promulga sobre el aborto sus propias leyes escudadas del recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, habrá estados donde el aborto sea legal y, en otros ilegal. Las mujeres con recursos para hacerlo viajarán a los estados con aborto legal para tener el procedimiento, y las que carezcan de esos recursos continuarán a término los embarazos no deseados, o encontrarán las clínicas clandestinas donde interrumpir la gestión en condiciones insalubres.
Si el Supremo determina en esta instancia que la Enmienda 14 de la Constitución no representa un derecho constitucional al aborto, los magistrados abrirán una caja de Pandora con consecuencias saltarinas en otros muchos terrenos.
Un ejemplo es la decisión de 2015 que, en aplicación de exactamente el mismo párrafo de la Enmienda 14 reconoció la legalidad en todo el país de los casamientos de parejas homosexuales. Tomando como antecedente el ejemplo de Texas, uno o más estados con gobierno republicano podrían establecer compensaciones para los ciudadanos privados que inicien querellas contra jueces o clérigos que oficien casamientos de homosexuales.
Para el otro lado, está ya la iniciativa anunciada por el gobernador demócrata de California, Gavin Newson, que podría llevar a una ley de recompensas para los ciudadanos privados que inicien querellas contra quienes fabrican o venden armas de fuego.
Es cierto que la Enmienda 2 de la misma Constitución –texto sagrado para los conservadores- indica que “siendo necesaria una milicia bien regulada para la protección de un estado libre, no será infringido el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Pero eso no significa que los individuos, por cuenta propia y sin membresía en alguna milicia bien regulada, acaparen y hagan comercio de armas con un poder de fuego inimaginable a fines del siglo XVIII.
El hecho de que seis de los nueve jueces del Supremo sean conservadores es resultado de una cuidadosa campaña de décadas de ese segmento de la opinión pública y de los políticos de Estados Unidos para determinar el curso de la nación también a largo plazo.
Una decisión que valide la ley de Texas implicaría, asimismo, que el Tribunal Supremo de Justicia claudica de su propia atribución para determinar la constitucionalidad de las leyes que se aplican en todo el país. Los “nulificadores” habrán ganado.
1 comment
El articulo sobre el aborto hecho por Jorge resulta bien objetivo y informativo.