Los dirigentes de Chile Vamos se manifiestan por un acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente pese a la fuerte resistencia de los sectores más duros de la derecha, como lo expresa la ex convencional Marcela Cubillos acusando a la directiva de la UDI de confundir el objetivo de tener una nueva constitución con una nueva convención.
Tal como lo han afirmado los diversos interlocutores que integran la mesa oficial, el acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente registra avances significativos, al menos en la definición del enunciado de doce principios generales de los llamados bordes que debieran enmarcarlo.
Pero nadie se atreve a cantar victoria. Falta por definir el sensible tema del mecanismo, con diferencias muy sustantivas entre los participantes. El oficialismo ha reiterado que el órgano encargado de redactar una nueva propuesta debe ser una nueva convención íntegramente elegida, de manera paritaria, con representantes de las etnias originarias, en tanto que sectores de la derecha se pronuncian por una composición mixta, que incluya la participación de los llamados expertos, con derecho a voz y voto. 50 y 50 %, como ha insinuado el senador Iván Moreira.
Es más que evidente que el acuerdo debe ser integral o no existirá. Las negociaciones se han complejizado con la irrupción de una mesa alternativa, integrada por los excluidos de la original, que adelanta una propuesta incluyendo un nuevo plebiscito de entrada para definir el tema de los principios y el mecanismo.
Ciertamente el acuerdo es de pronóstico reservado. Pese a los buenos augurios el pan podría quemarse en la puerta del horno. Ello significaría un rotundo fracaso del sistema político, manteniendo vigente el actual orden constitucional que la mayoría de sus actores, con excepción de los republicanos, han proclamado como definitivamente agotado, haciendo más evidente la inestabilidad institucional que actualmente vive el país.
La continuidad del proceso constituyente requiere asegurar su legitimidad democrática de carácter participativo. No necesita de “árbitros” para asegurar su cabal sujeción a principios previamente acordados. Para eso está el plebiscito ratificatorio y, en última instancia, el parlamento, que debe implementar la nueva institucionalidad. Y nadie quisiera repetir experiencias fracasadas.
El fragmentado escenario político y parlamentario
La fragmentación del escenario político está a la vista. En la derecha, desde el extremo republicano, liderado por J.A. Kast, pasando por el denominado partido de la gente, vinculado en sus orígenes a Franco Parisi y Chile Vamos con sus tendencias internas más conocidas. La Democracia Cristiana en franca confrontación intestina, al borde de la fisura. El llamado socialismo democrático, con los matices partidarios PS, PPD, PRSD y Nuevo Trato, para culminar hacia la izquierda con las diferentes vertientes del Frente Amplio y el PC lejos de una unidad monolítica. Sin mencionar los partidos que no tiene representación parlamentaria.
El gobierno que cuenta con el apoyo y la renovada integración al gabinete de sus dos coaliciones no está privado de tensiones cruzadas y a la vista. Así ha ocurrido con la reciente votación para ratificar el tratado TTP11 en la cámara alta. Una tensión que complica al propio Presidente Boric, en la misma medida que el Ejecutivo no depositará el acuerdo hasta no contar con las respuestas a las cartas laterales y la consiguiente presión durante el período que aquello demore.
La propia emergencia de una nueva bancada parlamentaria, alternativa a la del socialismo democrático, que reúne a parlamentarios de la DC, el PPD. PRSD, más algunos independientes, es una nueva señal del proceso de dispersión y disgregación por la que atraviesa el parlamento.
Tampoco la derecha tiene unidad en sus bancadas parlamentarias. Desde luego no con el partido republicano, que eligiera un senador (Rojo Edwards) y 13 diputados. Tampoco logra someter a la disciplina de la coalición a sus tres senadores independientes, que suscribieran el manifiesto de la mesa alternativa, afirmando no sentirse representados en la mesa oficial, que debate la continuidad del proceso constituyente.
Así, ni las directivas partidarias ni las jefaturas de sus bancadas parlamentarias están en condiciones de garantizar disciplina colectiva. Cual más, cual menos, todos los partidos tienen sus propios disidentes, que buscan representarse a sí mismos y buscan forjar alianzas de conveniencia o búsqueda de poder, sin mayores sustentos en principios o coincidencias políticas esenciales.
Es más que evidente que el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria para viabilizar su programa de reformas y deberá construirlas en un complejo proceso de negociación política con aquellos sectores de la oposición que parecen más disponibles al diálogo y la búsqueda de acuerdos.
La tarea no se ve nada fácil en el cuadro de disgregación política que hoy presenta el parlamento. Sin embargo, un mínimo de realismo obliga al gobierno a ensayar este complejo camino, teniendo siempre presente aquellos límites que exigirán un esfuerzo mayor en las propias filas oficialistas, como ha ocurrido ya con algunas expresiones del senador Daniel Núñez y el timonel comunista Guillermo Teillier.
Los desafíos del nuevo equipo político del gobierno
Con las designaciones de Carolina Tohá en el ministerio del Interior y Ana Lya Uriarte en la secretaria general de la presidencia se terminó aquella tesis de los “anillos concéntricos” y el llamado socialismo democrático pasó a ocupar responsabilidades fundamentales en la conducción política del gobierno. Es aún prematuro hacer una evaluación del nuevo gabinete, pero resulta evidente esos cambios generan mayor confianza en el amplio espectro político y una mejor relación del gobierno con el parlamento.
Sus mayores desafíos están en el terreno propiamente político, para cohesionar y ampliar la base de sustentación del gobierno, buscando acuerdos con la variopinta oposición, en los límites y posibilidades que permitan las propias coaliciones oficialistas.
Es más que evidente que no todas las prioridades las define el gobierno, sino que algunas están condicionadas por la compleja coyuntura que enfrenta el país. El tema de la seguridad constituye uno de los principales temas de preocupación de la ciudadanía, como lo muestran las encuestas y lo reafirma la realidad, tal como ocurre con el fenómeno inflacionario y la crisis económica, con sus efectos en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.
En cualquier caso, un desafío mayúsculo para el Ejecutivo es el tránsito para las reformas emblemáticas de su programa – como la tributaria, la del sistema previsional y la reforma a la salud – en abierta tensión con relevantes intereses de sectores empresariales.
En este contexto valga reiterar la interrogante acerca de la viabilidad del proceso constituyente y su tránsito incierto en el actual parlamento. De modo de no transformar en una quimera inviable el contar con una nueva carta magna redactada y aprobada en democracia para viabilizar los cambios y transformaciones demandados durante décadas.
Aunque parezca obvio nunca será inoportuno recordar los orígenes de la crisis que instaló en el centro del debate nacional la urgencia de una nueva constitución para Chile.
No es poco para un gobierno de cuatro años, en el contexto de un complejo escenario nacional e internacional, marcado por una crisis económica y un conflicto bélico en donde no se descarta la amenaza nuclear.
