Quince días antes de la segunda vuelta presidencial, el gobierno anunció un proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) para beneficiar a los adultos mayores de 65 que pertenezcan al 90% de menos ingresos, sustituyendo la Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario.
La PGU llegará a $185.000 mensuales como aporte directo para el 80% más vulnerable; luego disminuye progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90% que se suma a lo que las personas vayan a recibir como pensión en base a sus ahorros en las cuentas individuales. Se trata de una medida importante que reconoce, quizás tardíamente, que la mayoría de quienes están pensionados o formarán pronto parte de los jubilados en el próximo tiempo, gracias al sistema de AFPs articulado en torno al lucro, están condenados a recibir pensiones miserables que no permiten una vejez digna. Representa también el reconocimiento que quienes afirmaban que este paso no era posible o que las pensiones universales se justifican solo en países igualitarios, “lo cual no es para nada nuestro caso”, se equivocaban. El país está preparado para asegurar pensiones dignas.
Es necesario señalar, además, que cabe esperar que el gobierno concrete la iniciativa en un proyecto de ley que indique con precisión como imagina financiar esta iniciativa, no solo el próximo año sino en el mediano y largo plazo. La presente Administración se ha caracterizado por anunciar iniciativas y reiterarlas una y otra vez para que luego muchas de ellas se pierdan en el camino desdibujadas por la letra chica.
No obstante, es fundamental recalcar la relevancia de la pensión básica universal (PBU) como viene ya, desde hace tiempo, denominando esta medida el programa de Gabriel Boric. En efecto, en el programa presentado para la primera vuelta presidencial se anunciaba el compromiso con garantizar una PBU de $250.000 mensuales para toda la población de 65 y más años. Será una pensión mínima garantizada por el Estado, independiente de tener o no cotizaciones sociales. Se irá ajustando para cubrir los criterios de suficiencia y dignidad. Consistente con el claro compromiso con la responsabilidad fiscal, que la inversión social permanente se financie con ingresos permanentes, el Plan de Gobierno de Boric propone la creación de un Fondo de Reserva, construido sobre el actual Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para asegurar su sustentabilidad en el largo plazo.
Esta iniciativa no constituye una medida sacada de la manga o aislada, sino que forma parte de la reforma previsional que propone la candidatura. Es así como “a la PBU se suman los beneficios que dependen de la contribución durante la vida laboral activa. Estas contribuciones sociales de las personas irán a un nuevo sistema de cuentas de registro individual previsional administrado por un órgano público autónomo y técnicamente idóneo. Además de los aportes individuales, se considerará el trabajo de cuidados no remunerado, y se subsidiarán los períodos de desempleo, con tablas unisex para cada generación. Esto beneficiaría en particular a las mujeres, quienes hoy en día hacen la mayor parte de las tareas de cuidados y cuyas pensiones, por su expectativa de vida, aunque hayan contribuido lo mismo, en el actual sistema son menores” (p. 113). Paralelo con ello, se aumentará, gradualmente, la cotización previsional en 6 puntos con cargo al empleador. La no contribución de los empleadores hace del país un caso único entre los países más desarrollados.
Estas propuestas han sido ratificadas y avaladas por el documento “Acuerdo de implementación programática” concordado por los equipos de la candidatura de Yasna Provoste y Marco Enríquez – Ominami junto con los miembros del Comando de Gabriel Boric.
En efecto, en dicho documento se señala la necesidad de reforzar el rol del Estado de garantizar pensiones dignas y que eviten caídas bruscas en el ingreso al pasar desde la etapa activa al retiro, en base a criterios de solidaridad, suficiencia, equidad de género y sostenibilidad. Cabe reconocer, se sostiene, las dificultades técnicas y políticas que este tipo de reformas tiene, lo que ha dificultado por años que el país avance en establecer un nuevo sistema bajo los principios de la seguridad social. Por la envergadura de este desafío, es que se insiste en que es necesario avanzar con responsabilidad en una reforma tan urgente y necesaria.
Por dichas dificultades y dentro del marco normativo de la seguridad social, se propone impulsar un proceso de Diálogo Social para afinar el diseño de una futura reforma que permita darle legitimidad y sostenibilidad en el tiempo, de forma de construir los acuerdos necesarios para viabilizar la reforma estructural al sistema. En el marco de ese proceso se encargará la actualización del diagnóstico y recomendaciones elaboradas en un contexto transversal y participativo, para los diseños específicos de la reforma y su implementación.
No obstante, se recalca que, frente a una demanda tan urgente para las personas, al inicio del gobierno se ingresará un proyecto de ley que cree la Pensión Básica Universal, reemplazando los beneficios del actual Pilar Solidario y avanzando decididamente en materia de derechos sociales y suficiencia de las pensiones.
La transformación del sistema de pensiones y la instalación del organismo público requerido, forma parte de los necesarios esfuerzos de modernización del Estado y en tal sentido es fundamental asegurar un manejo eficiente de los recursos para reducir los gastos administrativos, trasladar los avances tecnológicos al sistema para garantizar atención digna a la ciudadanía beneficiaria del sistema y que los sueldos de los altos funcionarios y directivos sean acordes a una vocación sin fines de lucro y que esté sometida a estrictas regulaciones y escrutinios para controlar efectivamente las eventuales situaciones de fraude y abuso (Ana Sojo, Protección social en América Latina. La Desigualdad en el Banquillo, CEPAL 2017)
Son múltiples los desafíos que enfrentará cualquiera sea el gobierno elegido. Por ello, es ineludible compatibilizar le convergencia fiscal y el abordaje de las acuciantes demandas sociales. Ello implica establecer prioridades, diseñar una estrategia y secuencia inteligente.
