Tras el impacto por condena a Juan Emilio Cheyre y reestructuración forzada del alto mando del Ejército y Carabineros. Asignatura pendiente en la relación cívico militar
La condena de tres años de libertad vigilada, impuesta por el Juez Mario Carroza al general ® Juan Emilio Cheyre, por encubrimiento en el caso de 15 ejecuciones en la ciudad de la Serena en 1973, toca un punto muy sensible en las complejas relaciones cívico militares. Principalmente por el rol que jugó Cheyre, no tan sólo como comandante en Jefe del Ejército durante el gobierno de Ricardo Lagos, sino desde los tiempos en que se desempeñaba como agregado militar en España y participó en evento sobre la transición democrático, donde intervino el ex mandatario.
Constatar y reconocer ese rol desde el mando del Ejército no implica exculparlo de las responsabilidades que sustentan el fallo del juez Carroza, que rebajó los cargos de cómplice a encubridor de los hechos acaecidos en la ciudad de la Serena, cuando, en su calidad de teniente, se desempeñaba como asistente del general Ariosto Lapostol, Comandante del regimiento, donde se acreditaron los delitos que fundamentan las condenas a más de una decena de uniformados, vinculados a esos crímenes, en el contexto del recorrido de la llamada “Caravana de la muerte” .
Sea por convicción, ambición o cálculo, lo cierto es que Juan Emilio Cheyre asumió un rol activo y protagónico en el proceso de transición y consolidación de la democracia en nuestro país, reconociendo las responsabilidades institucionales por las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura y explicitando su compromiso con el “nunca más”, que generó fuertes resistencias, como inocultable malestar en la llamada familia militar.
Constatar y reconocer ese rol desde el mando del Ejército no implica exculparlo de las responsabilidades que sustentan el fallo del juez Carroza, que rebajó los cargos de cómplice a encubridor de los hechos acaecidos en la ciudad de la Serena, cuando, en su calidad de teniente, se desempeñaba como asistente del general Ariosto Lapostol, Comandante del regimiento, donde se acreditaron los delitos que fundamentan las condenas a más de una decena de uniformados, vinculados a esos crímenes, en el contexto del recorrido de la llamada “Caravana de la muerte” .
Mientras su defensa anuncia apelación a la sentencia de primera instancia al entonces teniente de 26 años, no han sido pocos los actores políticos de distinto signo- incluyendo a ex ministros de Defensa – que se han apresurado en salir en defensa del general en retiro (incluso antes de que exista una sentencia definitiva), recordando sus innegables contribuciones al proceso de transición y consolidación de la democracia. Incluso el ex ministro Jaime Ravinet, apelando a la cuestionada doctrina de la obediencia debida, ha acusado al juez Mario Carroza de “darse un gustito” al emitir una sentencia condenatoria para un joven oficial que no tenía otra opción que obedecer y no sancionar a quienes daban las ordenes. “Con ese criterio se podrían condenar a cientos de ex oficiales” afirmó.
Valga registrar el reciente paso a retiro de 21 generales – de un total de 43 – que componen el alto mando del Ejército, así como el complejo proceso de restructuración del mando en Carabineros, luego de acreditarse millonarios fraudes y cuantiosa malversación de recursos en ambas instituciones, evidenciando el escaso y débil control del poder civil (incluyendo Gobierno, Parlamento y Contraloría General de la República) sobre las instituciones de la Defensa.
Precisamente ese es un punto muy sensible. Cual más, cual menos, buena parte de los oficiales de las FF.AA., estuvo involucrada, de una u otra manera, en casos de violaciones a los derechos humanos durante el período de la dictadura. Y con toda seguridad, una investigación acuciosa como la desarrollada por el juez Carroza, permitiría acreditar la participación y responsabilidad penal de un sinnúmero de oficiales y sub oficiales en estos hechos.
El tema de las violaciones a los derechos humanos continuará siendo una herida abierta en la convivencia del país, en circunstancias que centenares sino miles de familiares aún buscan saber qué pasó con sus seres queridos, cuál fue su destino final y quiénes son los responsables de esos crímenes.
El llamado a retiro a 21 generales en el Ejército y la reestructuración en Carabineros
Ciertamente aquél está lejos de ser el único tema candente en las complejas relaciones entre el poder civil y las FF.AA. Valga registrar el reciente paso a retiro de 21 generales – de un total de 43 – que componen el alto mando del Ejército, así como el complejo proceso de restructuración del mando en Carabineros, luego de acreditarse millonarios fraudes y cuantiosa malversación de recursos en ambas instituciones, evidenciando el escaso y débil control del poder civil (incluyendo Gobierno, Parlamento y Contraloría General de la República) sobre las instituciones de la Defensa.
De una u otra manera, las FF.AA han desplegado una soterrada resistencia a aceptar la subordinación al poder civil que les impone la Constitución.
Pese a los múltiples intentos por derogar la ley reservada del Cobre, que destina el 10 % de las ventas de Codelco al financiamiento de las FF.AA., recién ahora, a casi treinta años de recuperada la democracia, se repone la discusión acerca del financiamiento de las FF.AA., que no necesariamente apunta a que la política de Defensa y el consecuente gasto militar, sea debatido, definido y aprobado por las instituciones democráticas.
El propio Presidente Sebastián Piñera, de manera bastante acertada, ha atribuido estas debilidades y la excesiva autonomía que gozan las FF.AA. en su relación con el poder civil, a su participación institucional en el gobierno militar. Algo que sucesivos gobiernos democráticos no han podido resolver.
De una u otra manera, las FF.AA han desplegado una soterrada resistencia a aceptar la subordinación al poder civil que les impone la Constitución.
Lo decisivo está por resolverse con el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad democrática, superando el descontrol y marginación de sus estándares de las fuerzas armadas y de orden.
Tanto la condena en primera instancia al general ® Juan Emilio Cheyre, como los bullados escándalos de corrupción que involucran al Ejército y Carabineros, resaltan uno de los más sensibles déficits del proceso de transición y consolidación democrática, referidos a la compleja relación cívico militar, que son necesarios de abordar con mayor decisión y profundidad que en el pasado reciente. El proceso de reestructuración en Carabineros, así como el llamado a retiro de 21 generales del Ejército, aparecen como una buena señal en este sentido. Lo decisivo está por resolverse con el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad democrática, superando el descontrol y marginación de sus estándares de las fuerzas armadas y de orden.
