Nos acercamos a la mitad del año y en la política se cruzan la herencia del gobierno de Sebastián Piñera con el ejercicio del poder de una nueva coalición política encabezada por el Presidente Gabriel Boric.
A la secuela de la pandemia, con más de 60 mil muertos entre confirmados y sospechosos de portar el virus covid 19 y sus variantes, se agrega la delincuencia que causa estragos entre la población. Los niveles son más que inquietantes, sin ignorar la acción de jóvenes que incendian buses del transporte colectivo, sumada a la de hampones que asaltan viviendas, a conductores de vehículos particulares con portonazos y encerronas, amenazando la vida de inocentes. Junto con ello el narcotráfico se ha extendido por todo el pais como reguero de pólvora, creando daño, principalmente entre los jóvenes e insegurizando a los habitantes, especialmente en sectores vulnerables.
La dimensión delictual se amplía con mafias que controlan espacios públicos para darlos en arrendamientos a comerciantes irregulares que operan en las calles. Todo marcado por el uso indiscriminado de armas de fuego, como ocurrió en Estación Central, calle Meiggs, el 1 de mayo, donde una periodista del canal 3 de la Victoria fue atacada por un maleante. Francisca Sandoval Astudillo, se ha debatido entre la vida y la muerte en la Postal Central.
El caso del carabinero asesinado por la espalda en la región de Ñuble es otro hito en aquella zona, junto con la muerte a balazos de una menor de 13 años que viajaba con su padre en un automóvil.
Sumemos el problema de la macrozona sur donde, confundidas con reivindicaciones territoriales de comunidades mapuche, se están perpetuando acciones tan graves como la muerte a balazos de personas, incendios de viviendas, robos de madera y operaciones del narcotráfico, caracterizadas como del “crimen organizado”.
Vale la pena señalar que la delincuencia organizada, según la Convención de Palermo (ONU) son grupos estructurados de 3 o más personas que actúan concertamente en el tiempo, con el propósito de cometer delitos graves, para obtener un beneficio económico, político u otro beneficio material.
Si bien los homicidios en Chile fueron a la baja en 2021, los números preocupan. En la región de Tarapacá, por ejemplo, los casos prácticamente se triplicaron. El descarnado análisis del Ministerio Público local apunta a una tasa de 14 asesinatos cada 100 mil habitantes. Una cifra que nos coloca al nivel de países tan críticos como Haití.
Más de dos personas son asesinadas diariamente en Chile. Los femicidios crecen. Desde comienzos de 2021 más de 70 mujeres han sido víctimas de homicidios.
Estamos navegando en aguas muy turbulentas y muchos consideran que la violencia se ha hecho endémica.
Ciertamente uno de los factores a tener en cuenta es la pobreza y la extrema pobreza que lleva a muchas familias (1.000 campamentos y creciendo) a vivir hacinadas y mal alimentadas.
La vida en comunidad está severamente deteriorada, con un debilitado respeto por la autoridad al interior de las familias y hacia el poder constituido. Hay frustración y un daño importante en la salud mental.
Estamos enfrentados a un déficit político, social y cultural, reflejado en la iniciativa del Presidente Gabriel Boric con su llamado urgente a todos los partidos políticos para “perseguir el crimen organizado”. Los senadores de Renovación Nacional concurrieron a La Moneda para entregar 35 propuestas para enfrentar la crisis de seguridad.
En la medida que el gobierno, a través del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, logre amalgamar un cuerpo legal en coincidencia con el parlamento, evitando la mezquindad de algunos diputados, (especialmente de RN, que han criticado a sus propios senadores) será viable avanzar en el combate al flagelo del “crimen organizado”.
El hecho que un carabinero en retiro, en Maipú, tuviera en su casa un arsenal de grandes dimensiones, nos da la pauta de las filtraciones, incluso de armamento de guerra, para proveer especialmente al narcotráfico.
Los delincuentes no compran armas en las armerias de San Diego o de la Avenida Bulnes. Las obtienen clandestinamente, como el caso mencionado, o la internación de pistolas, revólveres, fusiles y otros, mediante la importación desde otros países.
Uno se pregunta: si a Chile llegan toneladas de ropa falsificada que se vende en las calles, como ocurre con los fuegos artificiales, acaso ¿no es también el mismo método para ingresar drogas y arsenales de armas para matar?
No cabe la menor duda que el control estricto en las fronteras y especialmente en las aduanas del país es un instrumento necesario para la eficacia del combate y control de las organizaciones criminales.
El Servicio de Aduanas requiere especial atención.
El trabajo de inteligencia es vital. Hoy es prácticamente ausente, según afirman las autoridades políticas.
La reforma a Carabineros también es sustancial para profesionalizar a la policía uniformada, dañada severamente por sus altos mandos involucrados en graves casos de corrupción.
Está claro, en todo caso, que un conjunto de leyes por drásticas que sean no tendrá efecto sino se aplican con rigor y oportunidad.
O sino serán letra muerta.
Chile corre el riesgo de anotarse entre las naciones peligrosas del planeta. Es el minuto de poner atajo a una escalada criminal que la ciudadanía experimenta y percibe con pavor.
