Cincuenta años. Recuerdos de la Vicaría de la Solidaridad

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Segunda parte. 

Es una verdad histórica fundada en hechos primordiales verificados, que no requieren de analogía, que la gesta del Comité de Cooperación para la Paz en Chile[1] y la Vicaría de la Solidaridad, además del significado que revistió para las víctimas de los crímenes de la dictadura cívico militar, sentó las bases de la Justicia Transicional que comprende el deber estatal de buscar la verdad, la justicia y la reparación, tanto individual cuanto social, y el rescate de la memoria de aquel atroz ciclo de nuestro devenir nacional.

En lo subjetivo, para quienes tuvimos la ventura de haber formado parte de aquellas instituciones, el trabajo en calle Santa Mónica y en el edificio arzobispal de Plaza de Armas constituye motivo de honda gratitud, pues nos deparó la más gratificante experiencia de nuestras vidas, nos marcó para siempre y nos consagró, hasta hoy, a la defensa y promoción de los derechos humanos. La Vicaría fue también para nosotros una experiencia de tarea comunitaria limpia, desinteresada, sin luchas por espacios de poder individual o grupal y alejada de todo oportunismo o ambición de riqueza material; en fin, una experiencia de Iglesia, prístina, fundada en el Evangelio, con laicos comprometidos, incluso no creyentes, en la primera fila, lo cual hizo de la Vicaría una institución pastoral universalmente inédita, aunque ello no fue sino consecuencia de la puesta en práctica del Concilio Vaticano II.

Desde luego, para sostener ese compromiso fue vital la confianza y el respaldo de todos los Vicarios y, aunque a cierta compresible distancia, el afecto del cardenal Raúl, en cuyas visitas a la Vicaría, salpicadas de humor, se dirigía a nosotros con mucha familiaridad, alentándonos a perseverar en la defensa de los derechos humanos. Por cierto, para que la voluntad de socorrer a las víctimas de violaciones de derechos humanos se hubiese expresado, sin solución de continuidad, desde el Comité Pro-Paz a la Vicaría de la Solidaridad y durante toda la dictadura cívico militar, también fue esencial la solidaridad internacional, en la cual destacan el Consejo Mundial de Iglesias y múltiples entidades solidarias de todo el mundo, que colaboraron material y moralmente al sustento de ese cometido.

Con el correr del tiempo, mientras se desarrollaba sin descanso la atención a las víctimas y la acción ante los tribunales, se creó el Departamento de EducaciónSolidaria, para socializar entre sus trabajadores y también en la comunidad la relación del quehacer vicarial con los principios de la justicia solidaria y la enseñanza social de la Iglesia. Por su parte, el Centro de Documentación, que recogía los documentos que atestiguaban el trabajo, la actualidad nacional y su repercusión internacional estableció las bases de la actual Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y fue determinante para el trabajo de las Comisiones Rettig y Valech[2].

Este acervo y el de la Unidad de Procesamiento y Archivo, dotado de un mayor grado de reserva, se alimentaban de persistentes acciones judiciales. Aun sabiendo que a éstas seguiría una serie de fracasos particulares y que los recursos de amparo continuarían siendo rechazados, nos ilusionábamos con que tal persistencia, sumada a la trascendencia internacional de las denuncias, pudiese hacer que el régimen cívico militar “limite la amplitud y la intensidad de la represión, obligándolo a hacerla menos indiscriminada, menos masiva y cruel”^[3].

En el equipo de la Vicaría también crecía la conciencia de que, pese a los malos resultados judiciales, la denuncia pública, nacional e internacional, de las situaciones más severas iba “creando un cerco moral en torno a las instituciones estatales receptoras” de esas acciones[4]. Asimismo, se formaba convicción de la trascendencia histórica del trabajo pues, según se decía, “los dramáticos testimonios que a diario recogemos y cada una de nuestras presentaciones servirán en el futuro para mantener vivo el recuerdo de estos años, no con el ánimo de venganza, sino con la ineludible finalidad que los horrores no vuelvan nunca más a producirse.[5]”

«Más aún, el procesamiento y análisis de toda la información emanada del seguimiento de los casos, especialmente la relativa a detenidos desaparecidos, incluidos lugares clandestinos de detención, la cual se volcaba en aquella Unidad de Procesamiento y Archivo, constituyó a la Vicaría en un virtual organismo de contrainteligencia que permitió reproducir muy fielmente los planes de exterminio de la DINA y la represión de la CNI, incluidas sus estructuras operativas «.[6].

Debo destacar que ninguna página de ese tesoro documental irrefutable habría sido posible sin la iniciativa y la colaboración activa de los familiares de las víctimas, para cuya organización la Vicaría abrió sus puertas, cobijándolos y acompañándolos durante toda la dictadura cívico militar, en su incesante búsqueda de la verdad.

La magnitud del trabajo, la cantidad de trabajadores–sobrepasó las setecientas personas- y la dimensión de los recursos de la cooperación internacional obligaron a fortalecer las áreas de administración, personal y finanzas. Y en su historia, la Vicaría experimentó, por cierto, cambios en la estructura interna, por ejemplo, los que introdujo el segundo Vicario de la Solidaridad, padre Juan de Castro, en el departamento de Zonas, bajo la responsabilidad inicial del sacerdote Gonzalo Aguirre, sucedido por Daniela Sánchez, buscando descentralizar las tareas de apoyo a los pobladores en las diversas zonas de la capital; y también en los departamentos a cargo de la defensa laboral y del respaldo a las organizaciones campesinas. Estos cambios, que coincidieron con la asunción en la secretaría ejecutiva del diácono Enrique Palet, sucediendo a Javier Luis Egaña, hicieron del Departamento Jurídico y la Revista Solidaridad los rostros principales de la institución.

En el contexto de la crisis económica de los años ochenta, la Vicaría enfrentó nuevos desafíos provenientes de la indiscriminada y brutal represión a los pobladores, quienes como consecuencia del desempleo y la histórica caída en sus niveles de ingreso, se organizaban en ollas comunes para alimentarse, destacando la heroica solidaridad de las mujeres. La dictadura cívico militar reeditó allanamientos a poblaciones populares, que recordaron aquellos de los días posteriores al golpe militar.  

Desde 1983, esa crisis económica fue el acicate principal de las protestas nacionales, en cuyo marco se multiplicaron las detenciones arbitrarias, que ese año alcanzaron las 4.537, sumando veinticuatro personas muertas por heridas a bala. Frente a la protesta popular, la dictadura cívico militar intensificó, de madrugada, los asedios a las poblaciones, despertando con violencia a las familias y sacando a los hombres de sus casas, en lo que el padre Pierre Dubois, párroco de la Victoria, calificó como “un clima de guerra”[7]. Ante este nuevo escenario de represión masiva e indiscriminada, la Vicaría debió reinventar modalidades de atención de las víctimas, incluyendo la distribución de orientaciones preventivas a la población afectada[8].

Con ocasión de la tercera protesta nacional, Sergio Onofre Jarpa, a cuyo cargo se encontrándose la jefatura del orden interior, dispuso el toque de queda y la salida de 10.000 efectivos del ejército armados a las calles de la capital, con resultado de dos jóvenes mujeres fallecidas, varios casos de heridos a bala y numerosos detenidos. En la cuarta protesta, el 11 de agosto de 1983, los efectivos militares superaron los dieciocho mil y la Vicaría debió atender doce casos de personas muertas, entre ellas dos menores de edad; 734 casos de heridos, 23 por balas; y 645 personas detenidas. Las muertes y demás violaciones de derechos humanos persistieron en las siguientes protestas. Remeció a la Iglesia el martirio del padre André Jarland, directo colaborador de Pierre Dubois. Los equipos de asistentes sociales, abogados y enfermería debían realizar turnos los fines de semana, en el palacio arzobispal de la Plaza de Armas.

Aunque la Iglesia rechazaba la violencia privada y alentaba magisterialmente la no violencia activa como método de lucha contra la dictadura cívico militar, era muy difícil saber si algunos de los comparecientes muertos, heridos o detenidos, habían incurrido en actos punibles, debido a lo cual, se atendía a todos ellos, en su calidad de víctimas. Era más conforme al Evangelio equivocarse atendiendo a alguien que se había desviado de aquella orientación de la Iglesia, que equivocarse dejando de atender quien se había enfrentado pacíficamente a la dictadura.

Las protestas nacionales trajeron consigo, también, la relegación de cientos de ciudadanos a remotas localidades del territorio nacional, entre las que destacaron la de 440 personas hacinadas en el antiguo campo de prisioneros de Pisagua, que en la época de González Videla había estado a cargo del capitán de ejército Augusto Pinochet. Desde luego, la Vicaría interpuso recursos de amparo en favor de los relegados, los visitó y desarrolló programas de apoyo a sus familiares.

Por fin, la denuncia profética constituyó una dimensión central de la pastoral de derechos humanos, “sustantivamente inscrita en la misión evangelizadora universal de la Iglesia”. Se consideraba que “la solidaridad implica tomar la iniciativa, denunciar la injusticia y dar confianza a los débiles en su fuerza”[9]. Desde luego, se dejaba constancia permanente de las violaciones de derechos humanos en la Revista Solidaridad.

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sta se distribuía por miles en todas las parroquias y comunidades eclesiales; en la Iglesia jerárquica, alcanzando incluso a miembros del clero que negaban las violaciones de derechos humanos, como el sacerdote Raúl Hasbún y el Gran Canciller de la PUC Jorge Medina; en las legaciones diplomáticas, incluido el hostil nuncio Sodano; y también entre políticos de derecha “en receso”. Asimismo, las “Cartas del Vicario” a todos los agentes pastorales, “por expreso mandato del señor Cardenal”, nutrían a aquellos de información evangélicamente cualificada.

Era exigencia absoluta no errar en la denuncia. Esto determinaba que, en el equipo de abogados y de procesamiento de datos, se adoptase especial rigor en el permanente análisis colectivo del curso y las modalidades de la represión, para la elaboración de informes escritos a los organismos internacionales y la exposición oral ante estos mismos organismos, en Ginebra, Washington y Nueva York, que realizaron sucesivamente, abogadas y abogados de la Vicaría. El escrúpulo en ceñirse solo a la verdad comprobada, que hizo de la Vicaría de la Solidaridad una entidad cuyas denuncias jamás pudieron ser desmentidas, era motivo de orgullo sus trabajadores. “Lo que hace la dictadura es suficiente -decíamos con cierta socarrona jovialidad- como para tener que exagerar siquiera un poco en las denuncias”.    

Con todo, hubo hitos proféticos, en que el anuncio y la denuncia de la Iglesia resonó con mayor fuerza. Tal fue, en primer lugar, a iniciativa de la Vicaría, la proclamación por el cardenal Raúl Silva del Año de los Derechos Humanos 1978, tras la cual se realizó un Simposio Internacional, el cual convocó a 60 invitados de delegaciones extranjeras que incluyeron, entre otros, altos dignatarios del Consejo Mundial de Iglesias, Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Internacional de Juristas, y que contó con la presencia del insigne arzobispo de Sao Paulo, cardenal Paulo Evaristo Arns. Este evento, ya inscrito en la historia, se desarrolló bajo el lema “Todo hombre tiene derecho a ser persona” y rodeado de símbolos tan perdurables como la Cantata de los Derechos Humanos, la exposición de arpilleras tejidas por mujeres de detenidos desaparecidos, la muestra de artistas plásticos y el gran cirio encendido y reencendido durante años en la Catedral Metropolitana. Aunque la dictadura cívico militar hizo todo lo posible para que el evento fracasara, el simposio concluyó, como estaba planeado, con la lectura de la Carta de Santiago firmada por todos los participantes y fortaleció la consideración nacional e internacional hacia la Vicaría, que ese mismo año recibió el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[10].

Otro jalón de la denuncia profética, en medio de las protestas nacionales y la represión masiva, fue la “Jornada por la Vida” convocada por la Vicaría de la Solidaridad, entonces bajo la conducción de Ignacio Gutiérrez sj., quien poco tiempo después sufriría la prohibición de vivir en Chile. A diferencia del simposio de 1978, esta jornada congregó, el 9 de agosto de 1984, frente a la sede de la Vicaría, a una multitud popular que, entonando “Gracias a la Vida” de Violeta Parra, reafirmó su voluntad de defender los derechos fundamentales y llevó a cabo un innegable acto de protesta contra la dictadura cívico militar cuyas autoridades no se atrevieron a reprimirlo.

 El último y más impactante hito en la denuncia de la Vicaría no consistió en un documento o un acto acusatorio sino, al modo de tantos profetas y del propio Jesús, en el testimonio vivo que pudo reflejar, como en una sucesión dramática, la perversión de la dictadura y la resistencia indomable a sus designios. Correspondió a monseñor Santiago Tapia pero, principalmente, luego de fallecido éste, al último Vicario de la Solidaridad, monseñor Sergio Valech, esa providencial oportunidad, cuando el fiscal militar Fernando Torres Silva exigió acceder a antecedentes de víctimas de violaciones de derechos humanos cubiertos por el secreto profesional y la sagrada custodia eclesiástica.

De nada sirvieron las amenazas y presiones del fiscal favorito de Pinochet, ni la puesta en prisión y procesamiento del abogado Gustavo Villalobos y del médico Ramiro Olivares[11], cuyo domicilio fuera previamente allanado, ambos de planta en la Vicaría, para hacer variar al vicario su decisión de no entregar “las fichas” solicitadas, aunque fuese a riesgo de ser él mismo privado de libertad. El abogado del gobierno, Ambrosio Rodríguez, acusó a la Vicaría de “amparar a terroristas”. El proceso judicial se transformó en una verdadera investigación inquisitoria a la Vicaría de la Solidaridad, incluidas sus cuentas corrientes. Finalmente, en diciembre de 1988, la firmeza de monseñor Valech se vio coronada por el éxito, al acoger la Corte Marcial su queja contra el fiscal Torres Silva, por haber dirigido la investigación “en contra de la Vicaría de la Solidaridad, sin ser ella sujeto de los ilícitos que debe investigar”[12].

Eran los tiempos postreros de la dictadura, en los cuales Pinochet aprovechó de “premiar” al fiscal Torres designándolo Auditor General del Ejército. La denuncia profética del pastor se concentró en defender “la obligación moral, religiosa y pastoral de ser leal con todos aquellos que haciendo confianza en la institución revelan situaciones que afectan a su intimidad, a su salud o a su seguridad”[13]. Con lo dicho, se explica que don Sergio Valech haya sido designado por el presidente Ricardo Lagos, para presidir la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en la cual colaboró un número importante de extrabajadores de la Vicaría de la Solidaridad.  

Lo obrado durante más de tres lustros, hasta el día 27 de noviembre de  1992, en que la Vicaría de la Solidaridad plegó sus puertas, habla por sí solo de la misión histórica que, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, cumplió en defensa de la vida y la libertad de chilenas y chilenos:  se presentaron más de veintiún mil recursos de amparo, se atendió a los familiares de más de mil setecientas personas asesinadas y sobre mil doscientos detenidos desaparecidos, se asistió a más de cuarenta y cuatro mil prisioneros, por encima de mil relegados y más de dos mil setecientas personas torturadas, se atendió otros tres mil casos de violencia contra las personas, más de cuatro mil situaciones de amedrentamiento, y se representó a casi cuatro mil exiliados que reclamaban el derecho a vivir en la patria.

Ese 19 de noviembre, a la salida de la liturgia realizada en la Catedral Metropolitana, mientras las víctimas sobrevivientes y los familiares de los muertos y desaparecidos de Chile saludaban a las trabajadoras y trabajadores de la Vicaría, sentíamos cumplir el mayor de nuestros anhelos: que ya no fuese necesaria una Vicaría de la Solidaridad.

*Jaime Esponda – Fue procurador del Comité de Cooperación para la Paz en Chile y abogado interno de la Vicaría de la Solidaridad.

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[1] También “Comité Pro-Paz”.

[2] Destaca que el Archivo de Derechos Humanos de Chile, del que forma parte central el Archivo de la Vicaría, haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad e inscrito en el registro de Memoria del Mundo; y que este archivo arquidiocesano fuese declarado Monumento Histórico Nacional, en 2017.

[3] Esponda, J. “Objetivos y criterios estratégicos aplicados por la Vicaría de la Solidaridad en su tarea de defensa de los Derechos Humanos”, en Represión Política y defensa de los DDHH”, Editor Hugo Frühling, Santiago, CESOC, 1986, p.115.

[4] Ibid.

[5] Vicaría de la Solidaridad, INFORME ANUAL 1983.

[6]En este logro, correspondió un destacado rol, lejos del protagonismo, al abogado Héctor Contreras Alday, jefe de la Unidad de Detenidos Desaparecidos.

[7] Vicaría de la Solidaridad, INFORME MENSUAL, mayo de 1983, p.21.

[8] Revista Solidaridad Nº 156, p. 7.

[9]Jornada de reflexión pastoral sobre derechos humanos, Santiago, 11 y 12 de mayo de 1984.

[10] A este premio, recibido por el cardenal Silva Henríquez el 10 de diciembre de1978, se sumaron, en 1980, los premios Herzog (de Brasil) y el Premio de la Paz (de Alemania); y luego, entre otros, los premios Fundación «Bruno Kreisky» de Austria,«Príncipe de Asturias a la libertad», «Letelier-Moffit Human Rights Award», de la Fundación «Carter-Menil», «Simón Bolívar» de la UNESCO, etc.

[11] El doctor Olivares permaneció tres meses en prisión junto al abogado Villalobos y luego sufrió nuevamente la prisión, por más de un año.

[12] Revista Solidaridad Nº 281, p. 23

[13] Revista Solidaridad Nº 283, p. 4.