Los testimonios de líder de las FARC, Rodrigo Londoño y del jefe de los paramilitares, Salvatore Mancuso, conmueven un proceso más que desafiante que requiere de la participación de millones de colombianos involucrados en el conflicto bélico extendido por largas y sangrientas décadas
La Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, generada como parte del acuerdo por la paz entre el gobierno colombiano presidido por el exmandatario Juan Manuel Santos y las FARC, con el objetivo de establecer una verdad oficial acerca de lo ocurrido en la larga guerra civil en ese país, debe entregar su informe final a fines del presente año.
Un informe que ha sido muy complejo construir no tan solo por la dificultad para recoger los testimonios de cerca de nueve millones de víctimas (un cálculo aproximado), sino también de los grupos guerrilleros y paramilitares que protagonizaron el conflicto, además de las FF.AA. A ello se suman las dificultades generadas por la pandemia que, al igual que la mayoría de los países de la región, golpea con fuerza a Colombia.
La Comisión de la Verdad, como se le conoce en Colombia, es una entidad de carácter extrajudicial, que trabaja en estrecha coordinación con la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), ha desarrollado una intensa actividad durante casi tres años de labor, recogiendo testimonios de victimas y sus familias, los miles de desplazados, colombianos en el exilio y grupos combatientes. El volumen de información acumulado es enorme y se acelera el reconocimiento de crímenes de guerra por parte de sus protagonistas en esta recta final.
La solicitud conjunta de Londoño y Mancuso para testificar
Sorpresivamente, dos actores principales, enemigos acérrimos durante el conflicto, se han unido para solicitar poder contar su propia verdad de lo ocurrido durante el conflicto. Rodrigo Londoño, uno de los líderes de las FARC, conocido como Timochenko y Salvador Mancuso, el paramilitar jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (hoy extraditado a EE.UU), se han dirigido de manera conjunta al presidente de la Comisión Verdad, el sacerdote Francisco de la Roux, para que “en audiencia pública el país conozca las verdades silenciadas sobre el conflicto armado”.
Sin lugar a dudas se trata de dos testimonios más que calificados que podrían entregar importantes antecedentes no tan solo de numerosos crímenes de líderes políticos y sociales en ese país, incluyendo los más de 6400 “falsos positivos” que se atribuyen a los paramilitares, sino también de oscuros vínculos entre grupos combatientes y las FF.AA., autoridades políticas y dirigentes empresariales.
“Mis verdades han sido y siguen siendo muy incomodas porque involucran la responsabilidad del Estado y de personas de reconocida connotación nacional” ha señalado el ex líder de los grupos paramilitares desde su lugar de extradición. “Hay personas interesadas en que llegue a una cárcel para torturarme, asesinarme y así silenciarme definitivamente”, ha sostenido.
Pese a estas más que justificadas aprehensiones y temores, el próximo 19 de marzo la Comisión Verdad escuchará ambos testimonios. Declaraciones que podrían ayudar a develar la verdad sobre cientos o miles de crímenes atroces, así como la propia responsabilidad del Estado en ellos.
Tanto la Comisión Verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz, han debido desarrollar sus labores en medio de fuertes cuestionamientos hacia el proceso de paz que impulsara el gobierno de Juan Manuel Santos y que ha contado con la firme oposición del expresidente Álvaro Uribe, acusado de connivencia con paramilitares y de obstruir la acción de la justicia que investiga estos hechos. El propio gobierno de Iván Duque ha impugnado los términos de los acuerdos de paz y la llamada justicia transicional.
“El testimonio de Salvatore Mancuso podría ayudar a develar la verdad sobre cientos de crímenes atroces y garantizar justicia para miles de víctimas”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “pero, hasta ahora las autoridades colombianas han hecho muy poco para lograr su extradición y los pasos que ha tomado han sido llamativamente negligentes”, es el lapidario comentario del funcionario internacional.
¿Qué pueden aportar a la verdad los testimonios de estos excombatientes que jugaron roles protagónicos en el largo conflicto bélico que vivió Colombia y que aun no termina, pese a la firma de los acuerdos de paz? Probablemente nada que la mayoría de los colombianos no sepa o sospeche respecto de una cruenta, prolongada y sucia guerra que asoló al país, sin respeto a civiles y víctimas inocentes, que se imbricó con el narco trafico y el crimen organizado, que hizo del secuestro de personas una lucrativa empresa para financiar la actividad guerrillera, involucrando a las FF.AA., el poder político y el mundo de los negocios. Pero otra cosa es conocer en boca de algunos de sus principales protagonistas los detalles de las redes y ramificaciones de la violencia, a sus ejecutores y cómplices, activos y pasivos.
Tanto los colombianos como la propia comunidad internacional han cifrado muy altas expectativas sobre el informe que debe emitir este año de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Para el gobierno actual es una verdadera “papa caliente”, que deberá intentar administrar con prudencia y algo de sabiduría, asumiendo que sectores de su propia coalición, incluido el expresidente Uribe, intentaran desacreditarlo y restarle credibilidad.
La otra interrogante es si el pueblo colombiano está preparado para asumir una verdad cruel y dolorosa, en donde no hay héroes y mas bien villanos, en uno y otro bando, sin descartar la responsabilidad de las FF.AA. y diversos sectores sociales y políticos.
“La verdad duele, pero el silencio mata”, como ha recordado la comisionada Marta Ruz, citando una frase del premio Nobel sudafricano Desmomd Tutu. Chile tiene experiencia señera en materia de verdades oficiales, como fue la labor desarrollada en nuestro país por la Comisión Rettig sobre las violaciones a los derechos humanos registradas durante la dictadura militar, que contó con el resuelto respaldo del gobierno de Patricio Aylwin, pese a los cuestionamientos que aun mantiene algunos sectores por su contenido y consecuencias.
Desgraciadamente no es el caso de la Comisión Verdad en Colombia, que deberá enfrentar la resistencia de buena parte del oficialismo, las FF.AA. y los llamados poderes facticos que hasta ahora han eludido las evidentes responsabilidades que le caben por graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto bélico cuyos efectos aun se viven en el país. La violencia no ha sido erradicada, aún persiste la acción de grupos guerrilleros, el narcotráfico y el crimen organizado en actividad y son muchos los sectores que aun impugnan los términos del acuerdo de paz alcanzado tras un largo proceso de negociación. Pero bien pudiera ser que el informe de la Comisión Verdad marque un antes y un después. Por el bien del pueblo colombiano.
