Consideraciones al programa de Defensa de Yasna Provoste. Por Augusto Varas

El programa de Defensa de la precandidata presidencial Yasna Provoste, si bien contiene propuestas que avanzan en la reinserción de las FF.AA. en un estado democrático, muestra notorias insuficiencias como hoja de ruta efectiva.

El programa contiene propuestas apropiadas aun cuando muchas de ellas muestran un débil fundamento. Se destacan las iniciativas que el “ Comandante en Jefe Conjunto esté jerárquicamente por sobre los jefes de cada rama castrense”; la existencia de una “Contraloría o Inspectoría General del sector”; que la “Justicia Militar debe ser dejada solamente al ámbito castrense” (aun cuando es posible eliminarla); que el “sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas debe tener elementos conjuntos esenciales, bajo estricta supervisión civil” (aun cuando no la excluye explícitamente del orden interno); reitera la “Planificación basada en capacidades” priorizada a partir de  “la elaboración de una Estrategia de la Defensa Nacional, al menos con un horizonte temporal hasta el 2050” (aun cuando no se menciona el rol del MINDEF en la planificación primaria); la existencia de una “Estrategia, acorde con la realidad económica y sin despotenciar otras áreas del quehacer nacional” (aun cuando no se pronuncia sobre la mantención de los fondos de capacidades estratégicas y de contingencia); la creación de una “ Auditoría o Inspectoría General del Ministerio de Defensa Nacional que controle gastos, inversiones y funcionamiento del sector”; las “políticas de no discriminación; la reafirmación de las “Operaciones de Paz”; los cambios en la carrera militar “aumentando los años de servicio activo” (pero no menciona la gratuidad); y la “educación para los derechos humanos, la democracia y la educación cívica como valores fundamentales. Lo mismo respecto de la valoración de la “diversidad como parte integral de la formación profesional”; la “reformulación completa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) a una institución académica de postgrado con criterios civiles”; así como la “generación de un servicio civil en el Ministerio de Defensa Nacional”.

Sin embargo, preocupan otros aspectos fundamentales. La división que establece entre “orden público, que corresponde a las policías, y la seguridad exterior que corresponde a las Fuerzas Armadas” es pertinente, pero la visión de la defensa sigue anclada en el concepto de seguridad, mas que en la soberanía y la paz, lo que no permite darle consistencia a este punto de partida y le permite incluir una diversidad de “amenazas” que amplían inapropiadamente el rol de las FF.AA. De igual forma, su análisis se inscribe en el marco de las “relaciones civiles-militares” como si estas fueran simétricas, en vez de pensar el tema desde la perspectiva de la reintegración de estas instituciones a un Estado democrático.

Debido a lo anterior, la propuesta extiende las tareas de las FF.AA. más allá de la defensa:

• Consigna que a estas les corresponde no solo la protección de las fronteras sino “la protección de la vida humana, los recursos naturales y los intereses permanentes de Chile” (lo que está por definirse en la Convención Constitucional). Asume como propia la idea del actual gobierno que estas deben enfrentar “nuevas amenazas de distinta naturaleza, como los efectos de la pandemia, la ciberseguridad, el cambio climático o las organizaciones criminales transnacionales”, agregando que deben ser “promotoras de paz y seguridad vecinal, regional y mundial”.
• Define la cooperación regional en “un marco de seguridad cooperativa con todos los países hermanos en la región latinoamericana y Pacífico Sur” para la protección de los recursos, esto es la “vigilancia y fiscalización de la pesca ilegal”, pero no menciona la necesidad de avanzar en la creación de la Zona de Paz.
• Sin una visión político-estratégica afirma que “necesitamos a las Fuerzas Armadas como parte activa de la vida de las comunidades nacionales. En las últimas décadas, se concentró su presencia en áreas fronterizas, particularmente en la zona Norte. En este sentido, la presencia castrense en auxilio a la comunidad en todo el territorio nacional, su apoyo frente a catástrofes naturales, la contribución a la protección de recursos naturales e infraestructura crítica, además de su aporte a la conectividad y soberanía, hace necesario un despliegue más equilibrado en todo el territorio nacional, y con una mirada conjunta.” Así, las FF.AA. serían “actores de una nueva estatalidad con presencia en todo el territorio. Esto representa una lógica de contribución a la defensa, y también al desarrollo nacional: la actual distribución de fuerzas responde a amenazas percibidas en otro momento histórico.” Paradojalmente, con la idea de un aporte de las FF.AA al “desarrollo nacional” (sin especificar su contenido) vuelve a la distribución de dotaciones existente antes de la relocalización de estas realizada en los años noventa.
• En catástrofes nacionales propone “la formación de unidades operativas de las FFAA en tareas específicas, reglas de acción, y límites claros de relacionamiento con la población civil”, y pone al mismo nivel de mando a “los Jefes de la Defensa en los territorios” con los gobernadores regionales, sostiendo que debería “haber un contacto formal de trabajo entre ellos”. 
• En esta misma perspectiva propone crear un “Consorcio de Industrias de la Defensa con las actuales empresas dedicadas al tema es una necesidad que involucra un uso dual para la seguridad y defensa; pero también es relevante considerar las start-up de iniciativas con uso civil” […]  “Consideramos un consorcio con incubadora de Start-Up e inversión en ciencia y tecnología, que más que la mera producción de armas, genere ayuda a la industria nacional en áreas que tienen además utilización en el ámbito civil. Se puede incentivar la industria nacional para uniformes y otros ítems logísticos similares”.

En materia institucional y sin una crítica a la gestión de 24 años en el sector, muestra una evaluación complaciente con la ejecución de la Ley N°20.424 de 2010, afirmando que “fue un paso importante en la conformación de un Ministerio con las atribuciones necesarias para un triple control de la actividad del sector: subordinación efectiva de las instituciones armadas al poder civil, y eficiencia en el uso de recursos y cumplimiento de tareas asignadas”, lo que no ha sucedido.

Respecto de la carrera y educación militar propone incentivar el ingreso de buenos estudiantes a través de “entregar a los graduados títulos profesionales equivalentes al mundo civil, fundamentalmente en el área científica-tecnológica.”, ampliando así la educación castrense de nivel universitario.

En suma, este programa contiene algunas propuestas oportunas, pero parte de una equivocada definición del rol catrense por lo que no logra establecer mecanismos idóneos para la reinserción de las FF.AA. en un Estado efectivamente democrático.