Se filtró información reservada a la prensa. Detallaba las condiciones contractuales del Director Ejecutivo del canal público, Jaime de Aguirre, incluido su sueldo y una curiosa “clausula de salida” (algunos podrían imaginarla reservada a jugadores y entrenadores de futbol) que obliga a un pago, de aproximadamente 70 millones de pesos, si fuese finiquitado antes de cuatro años en el cargo.
Poco tardó en desatarse una severa crisis al interior del Directorio de TVN, que bien puede terminar en la justicia ordinaria, lejos de una fácil solución institucional. Lo efectivo es que el oficialismo no cuenta con los votos para remover al Director Ejecutivo del canal.
Un sueldo de 18 millones de pesos mensuales para el personaje en cuestión, puede parecer desmesurado en un país de ingresos medios como el nuestro. El ingreso del 50 % de sus trabajadores no supera los $ 500.000 pesos mensuales y el 60 % de las familias chilenas no alcanza a cubrir sus gastos básicos. Se agrega que la llamada cláusula de salida es, al menos, extraña.
Sin embargo, ésos parecen ser, sino superiores, los rangos de remuneraciones para los ejecutivos y “rostros” de la televisión chilena. Y no son los mejores argumentos para presionar por la renuncia del Director Ejecutivo de TVN.
Los dardos apuntan al flamante nuevo Presidente del Directorio de Televisión Nacional, Francisco Orrego, que habría filtrado ese documento a la prensa con el propósito de precipitar la renuncia de Jaime de Aguirre, al cual ya le había pedido la salida a pocos días de asumir el cargo. Además de realizar infructuosas gestiones con algunos de los miembros del directorio, que representan a la oposición, para reunir los cinco votos necesarios para su destitución.
Las razones serían esencialmente políticas, tal como lo han reconocido miembros del propio oficialismo (entre ellos Joaquín Lavín), señalándose a la UDI como el partido que mayor presión ha puesto para sacar de su cargo a quién hace casi 30 años compuso “La alegría ya viene”, himno con que la entonces oposición a Pinochet ganó el plebiscito. Muchos, desde la derecha, identifican a De Aguirre como un hombre de izquierda, pese a su dilatada trayectoria profesional, que lo llevó a trabajar para Sebastián Piñera en Chilevisión, y luego en Canal 13 con el grupo Luksic, dándoles entonces reconocidas garantías de profesionalismo e independencia.
Sin embargo, el categórico respaldo entregado por la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, a la gestión del Presidente del Directorio, afirmando que Francisco Orrego “está haciendo la pega, tratando de sacar adelante TVN y cuenta con el respaldo del gobierno”, permite suponer que la Moneda no está ajena a las maniobras denunciadas por los representantes de la oposición en el Directorio del canal. Aunque recientes declaraciones del ministro Andrés Chadwick, relativizando las declaraciones de la vocera, reflejarían más de alguna contradicción en el seno del propio gobierno,
Ciertamente, Televisión Nacional arrastra una larga crisis. No tan sólo financiera, también de contenidos y respecto de su propia misión. Son más que considerables sus ingentes pérdidas financieras, sensibles bajas en los ratings y severas críticas a su gestión. Todo aquello en el marco del desafío que implica adaptarse a la nueva era digital.
Aquella no es una crisis que sólo afecte al canal público. Se extiende a nivel global, con particular impacto en un país y un mercado relativamente pequeño, como el nuestro, en donde la llamada televisión abierta ha perdido cerca del 50 % de sus audiencias, que han emigrado a otras plataformas digitales en busca de información y entretención que aquella no consigue satisfacer adecuadamente.
Cual más, cual menos, TVN, como los canales comerciales, en su gran mayoría en manos de grupos económicos nacionales e internacionales, han debido asumir ingentes pérdidas y dolorosos ajustes, así como recurrir a importantes capitalizaciones, para hacer frente a la crisis. Una, esencialmente de contenidos e incapacidad de adaptación a la modernidad.
Hace unos pocos meses, a iniciativa del gobierno anterior, el parlamento terminó aprobando un aporte extraordinario de 47 millones de dólares para capitalizar el canal estatal y otros 18 millones de dólares para financiar el anunciado canal cultural de la televisión pública.
La significativa decisión se adoptó con los votos de la ex Nueva Mayoría y la oposición de Chile Vamos, en el marco de una ardua polémica acerca de la propia viabilidad de un canal público. No son pocos los que piensan que su existencia es superflua, sin justificarse el gasto y esfuerzo para garantizar un espacio de pluralismo y diversidad.
En rigor, luego del régimen militar, se aprobó una ley que regulaba el funcionamiento de Televisión Nacional, que establecía un particular estatuto para regular la existencia de un canal público, al que le estaba vedado recibir aportes fiscales y debía financiarse a través de los mecanismos de mercado (la publicidad), al igual de lo que sucede con los canales comerciales. Su conducción estaba radicada en un Directorio que debía ser integrado de forma pluralista, siguiendo el esquema binominal, que dominó el escenario de la transición y post transición, arrastrándose hasta nuestros días.
Este particular modelo de televisión pública, bastante inédito en el mundo, se ha prestado a todo tipo de críticas y controversias respecto de su real misión, polémica vinculada al rol que le cabe al Estado, en su calidad de dueño, para garantizar objetividad, pluralismo informativo y tolerancia, junto a la exigencia de conseguir su financiamiento y capitalización.
No son pocos los sectores que estiman que, pese a su deber de garantizar un auténtico pluralismo informativo, la programación del canal estatal no difiere sustancialmente de la de los canales comerciales y que tampoco la composición de su Directorio da cuenta de la diversidad social y política del país.
Agravaría el complejo escenario de los medios en Chile, que el gobierno de turno intentara controlar la televisión pública con maniobras como las denunciadas. El único antecedente de una crisis parecida en TVN se remonta al año 2004, por diferencias aparentemente irreconciliables de parte de su directorio con la planta ejecutiva, llevando al entonces Presidente Ricardo Lagos a solicitar la renuncia voluntaria de todos sus integrantes y la nominación de uno nuevo.
Ese podría ser un camino, a condición, por cierto, de asegurar la subsistencia del único medio público, que tiene la obligación legal de garantizar el pluralismo y la expresión de la diversidad social y política en el país. Con directorio y ejecutivos capaces de intentarlo. Ciertamente, continúa abierto un debate necesario respecto de las condiciones exigentes al desempeño de un llamado canal público en un sistema democrático. Y en un país, con la singular situación de medios, tan lejos de la diversidad y pluralismo, como Chile.
