Desorden y nuevos tumbos del Gobierno

La derrota del gobierno, particularmente del titular de Hacienda- que apostó a presiones extremas de última instancia -con la aprobación de la Cámara de Diputados para legislar el retiro del 10% de fondos en las AFPs, añade un agravante a la desastrosa conducción del Ejecutivo para abordar la magnitud de la crisis social y económica que afecta a la mayoría de la población.

Hace mucho tiempo que el oficialismo perdió el orden y cohesión interna que le permitieran ganar la elección presidencial. Probablemente cuando los prometidos “tiempos mejores” empezaron a difuminarse, el ritmo de crecimiento económico no fue tal y se produjo el estallido social del 18 de octubre, mostrando una tremenda insatisfacción ciudadana por los abusos y desigualdades sociales generadas por el modelo de desarrollo y el marco institucional que lo hace posible.

El gobierno de Piñera es protagonista esencial del desborde. Con una política errática y por momentos contradictoria, ha generado no pocas controversias al interior del propio oficialismo. Así paso con el conflicto de la Araucanía, en donde la imagen del comando “Jungla” desbarató los entusiasmos del ministro Moreno. Todo aquello agravado por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el burdo montaje intentando su ocultamiento.

Volvió a suceder durante el estallido social, que el gobierno asumió fundamentalmente como un problema de seguridad interna, intentado reforzar una agenda de seguridad pública e involucrar a las FF.AA. en la mantención del orden público.

El gobierno se vio forzado a reemplazar al emblemático ministro del Interior, Andrés Chadwick, pariente del Presidente, identificado como el hombre fuerte del gobierno y articulador político de su coalición. Una señal que fue muy mal recibida por la UDI (era uno de sus últimos “coroneles” que mantenía su vigencia política) y por los sectores más duros de la derecha que lo asumieran como una debilidad frente a la izquierda.

El acuerdo por un proceso constituyente, suscrito por la mayoría de los partidos políticos el pasado 15 de noviembre, no tuvo como protagonista al gobierno. Fue alcanzado en el parlamento, con importante protagonismo de los sectores más aperturistas de la derecha y ha sido señalado como un hecho político relevante para dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, que mayoritariamente se inclina por una nueva Constitución redactada en democracia.

Y ha sucedido durante la emergencia sanitaria que ha vivido el país, con una estrategia fracasada para “aplanar” la curva de contagios, que ha significado que el país ostente cifras records en términos de infectados y fallecidos por millón de habitantes.

Sin embargo, la mayor debilidad del gobierno en el manejo de la emergencia sanitaria y la crisis social se ha manifestado en las insuficientes respuestas para implementar efectivas medidas de protección social y sus esfuerzos por sujetar el gasto fiscal, que tan sólo se ha decidido a robustecer luego de un duro tira y afloja con la oposición, en el proceso de diálogo materializado en el marco de entendimiento para enfrentar la emergencia social y reactivar la economía.

La UDI está molesta con el gobierno y no le faltan motivos, Siente que es una conducción débil. Timorata. Que no se atreve a enfrentar a la oposición, ni disciplinar a los díscolos en su propia coalición. No digiere muy bien la salida de Chadwick, Larraín o Mañalich, figuras emblemáticas para la derecha más dura, y su reemplazo por Blumel, Briones o París, representantes de partidos minoritarios del oficialismo o independientes, que no representan el sentir mayoritario de la derecha.

No entienden los más duros, ni menos comparten, que el gobierno no haya recurrido al Tribunal Constitucional para declarar vicios de institucionalidad de algunos proyectos legislativos o ejercer su derecho a veto, como en el caso de la extensión del fuero maternal por emergencia, o la no reelección los alcaldes y concejales, que le duele particularmente al gremialismo.

En definitiva, sienten que su “lealtad” y apoyo al gobierno no ha sido correspondida en la misma medida. Que no tienen un rol protagónico en el gobierno y que la conducción política de la crisis ha sido desastrosa.

Que no tienen un rol protagónico en el gobierno y que la conducción política de la crisis ha sido desastrosa.

José Antonio Kast y su movimiento republicano se declararon en abierta oposición al gobierno y Evopolis nadie sabe muy bien como ubicarla.

Mientras en Renovación Nacional (RN) se ha cristalizado el enfrentamiento entre las dos almas que la dividen, la vieja derecha neoliberal y una renovadora a la que alguna vez adhirió Andrés Allamand, hoy postulante a líder de la derecha más conservadora.

El desorden en las filas del oficialismo se agudiza con el crecimiento de la crisis de un gobierno carente de respaldo ciudadano. Sobretodo en los momentos en que el Ejecutivo, a modo de plan piloto, intenta un desconfinamiento gradual en algunas zonas extremas que registran las más bajas cifras de contagios y se aproxima una muy compleja agenda política, económica y social, que no tan sólo marcará la suerte del gobierno en lo que resta de mandato sino la propia suerte de la derecha de cara al futuro.

El desorden en las filas del oficialismo se agudiza con el crecimiento de la crisis de un gobierno carente de respaldo ciudadano.

El desconfinamiento gradual

Se instala la idea, sin mayor disimulo por parte del ya no tan flamante ministro de Salud, que el país viene superando el peak de la pandemia, evitando mencionar “una nueva normalidad”. Se ensaya con el levantamiento de algunas medidas preventivas, como la reapertura parcial de restaurantes y cafés, actividades deportivas restringidas o salidas para los mayores de 75 años, en Aysén y la región de los Ríos, las zonas con menores cifras de contagios, marcando así el principio de la “descalada”, sin determinar las fases o un plan determinado de desconfinamiento.

Es innegable que se registran menores cifras de contagios, especialmente en la región metropolitana. Pero se incrementan en otras regiones. Y aún no se cumplen los parámetros fijados por la OMS para levantar medidas preventivas.

 Y menos para iniciar una descalada, como imprudentemente lo han hecho algunos de los  países con mayores cifras de contagiados y fallecidos en la región. Por cierto, ello no excluye la necesidad de elaborar un plan para enfrentar dicho proceso, que no puede ser elaborado por las autoridades sin la participación de la sociedad en su conjunto, recogiendo la voz de los expertos, las autoridades locales y regionales y de la propia sociedad civil. En estos esfuerzos oficiales poco se ha considerado la opinión crítica de la comunidad médica que observa con inquietud el insinuado aceleramiento oficial.

Con todo, ello no parece aconsejar una aceleración, mientras la misma autoridad sanitaria mantiene una conducta confusa y evidentemente inconsistente en el manejo de las propias cifras reales de víctimas de la pandemia.

Ciertamente existe una natural ansiedad por volver lo antes posible a una normalidad, difícil de predecir en sus formas. Algo que se expresa de manera muy diversa en los diversos sectores sociales en atención a sus urgencias más inmediatas. Con todo, ello no parece aconsejar una aceleración, mientras la misma autoridad sanitaria mantiene una conducta confusa y evidentemente inconsistente en el manejo de las propias cifras reales de víctimas de la pandemia.

La agenda post pandemia

Resulta complejo dibujar con exactitud la agenda post pandemia, aunque, en titulares parezca simple. Es más que obvio que la agenda sanitaria continuará marcando el futuro próximo. No tan sólo por los previsibles riesgos de rebrotes, como los que hoy se viven en países que dieron por superada la emergencia, sino también por las urgencias propias del invierno y diversas atenciones de salud postergadas, que tomará significativo tiempo en normalizarse.

La crisis social generada por la pandemia que acentuó los efectos ya complejos del estallido social irrumpe hoy pese a las restricciones severas impuestas por el estado de emergencia constitucional.

A cuentagotas se ha avanzado en medidas parciales para abordar la severa y aguda crisis social desnudada por la emergencia. Ciertamente lo más relevante es el acuerdo alcanzado para incrementar el ingreso familiar de emergencia de los $65.000 iniciales a $ 100.000 por persona, con un tope de $ 760.000 para un núcleo familiar de 10 personas. Y el fondo de US$ 12.000 millones para enfrentar la emergencia y el proceso de reactivación económica, mientras se debate un remozado programa de ayuda para la clase media, en parte acelerado a última hora por el ministro de Hacienda en un esfuerzo frustrado para evitar la aprobación del proyecto que autoriza el retiro de 10% de los fondos previsionales en las AFP.

remozado programa de ayuda para la clase media, en parte acelerado a última hora por el ministro de Hacienda en un esfuerzo frustrado para evitar la aprobación del proyecto que autoriza el retiro de 10% de los fondos previsionales en las AFP.

El tema de la reactivación económica, incluyendo la recuperación de más de un millón y medio de empleos perdidos o suspendidos durante la emergencia, la crisis de las pequeñas y medianas empresas y la recuperación de los sectores mayormente afectados por la crisis será parte obligada de la agenda post pandemia.

Se aproxima un intenso cronograma político, institucional y electoral, que debiera partir el próximo mes de octubre (si las condiciones sanitarias lo permiten) con el plebiscito de entrada al proceso constituyente para seguir con las elecciones municipales y de gobernadores regionales, culminando con la elección presidencial del próximo año.

Importantes sectores de la derecha no quieren un plebiscito ni una nueva Constitución escrita en una hoja en blanco y multiplicarán sus intentos para evitarlo, pero una amplia mayoría ciudadana está firmemente comprometida con el proceso constituyente como parte del ineludible cronograma institucional y electoral.

Importantes sectores de la derecha no quieren un plebiscito ni una nueva Constitución

¿Qué pasará con la oposición?

Pese al golpe reciente aplicado al debilitado gobierno su unidad es precaria. Mientras algunos sectores aparecen abiertos al diálogo  y la búsqueda de acuerdos, alcanzando éxitos notables, como el acuerdo constitucional y el marco de entendimiento en torno al plan para enfrentar la emergencia y la reactivación económica, otros sectores se mantienen refractarios al diálogo y la búsqueda de acuerdos con el oficialismo, apostando a un colapso del gobierno.

Personeros de la Democracia Cristiana rechazan toda posibilidad de acuerdos electorales con el Partido Comunista y el Frente Amplio, en tanto sectores del Frente Amplio lo replican respecto de grupos de la ex Concertación, a quienes responsabilizan por limitarse a administrar el orden heredado del régimen militar.

Es aún una oposición fragmentada y dividida, sin capacidad de procesar sus diferencias y ponerse de acuerdo en temas esenciales para constituirse en una alternativa válida de cara a los próximos desafíos electorales.

Así todo haría presumir una oposición fragmentada de cara a la próxima elección presidencial y aún se duda de su capacidad de alcanzar acuerdos instrumentales para potenciar su presencia en los municipios y su representación parlamentaria.

No deja de ser sintomático que, en medio de la crisis política, económica y social que vive el país, las encuestas señalen a Joaquín Lavín como la figura mejor posicionada en las encuestas y a la Presidente del Colegio Médico como la gran figura emergente.

El desorden y la confusión que reina en el mundo político, así como la crisis social y económica, constituyen un terreno que puede alentar aventuras populistas como la que, con escasa potencialidad, intenta el muy cuestionado y provocador (ex UDI) José Antonio Kast.

En definitiva, más interrogantes que certezas en un escenario político y social donde el Presidente de la República se transforma en la expresión más evidente de la crisis de credibilidad ciudadana.