El Presidente está bajo bajo fuego cruzado. La derecha más dura y la mayoría del empresariado no entienden por qué Piñera no enfrenta decididamente el llamado “parlamentarismo de facto”, que se traduciría en diversas iniciativas que estarían incursionando en ámbitos de atribuciones exclusivas del Ejecutivo, recurriendo al Tribunal Constitucional para detenerlas o bien proponiendo fórmulas alternativas que resuelvan asuntos que el parlamento intenta resolver, por ejemplo, aprobando un nuevo retiro de fondos previsionales.
El ministro de Hacienda – que hasta ahora ha demostrado una gran inflexibilidad para buscar un acuerdo con sectores de la oposición – pareciera abrirse tímidamente a conversaciones para destrabar el proyecto de reforma del sistema previsional, permitiendo un segundo retiro de fondos de manera casi impracticable.
Todo indica que el gobierno tiende a quedar atrapado en sus propias contradicciones. Entonces su disyuntiva pasaría por apostar todas las fichas a una resolución favorable del Tribunal Constitucional, o buscar un acuerdo con la oposición, abriéndose a considerar las propuestas de una efectiva reforma del sistema previsional.
Todo indica que el gobierno tiende a quedar atrapado en sus propias contradicciones.
El conflicto institucional es una vía riesgosa y de incierto resultado para el gobierno, que bien puede consumir parte del escaso tiempo de que dispone para superar su inmovilismo. La mera idea de un acuerdo social y político es compleja tanto por la personalidad del jefe del Estado como por las propias diferencias y contradicciones que cruzan a su coalición, sin desconocer la heterogeneidad y fragmentación opositora.
El conflicto institucional es una vía riesgosa y de incierto resultado para el gobierno
El gobierno agota su margen de maniobra. La UDI, que hasta hace muy poco hacía gala de su monolitismo y disciplina, contempla como buena parte de sus parlamentarios suman votos a los de la oposición para aprobar un primer y segundo retiro de fondos previsionales, mientras su directiva, junto con expresar sus ácidas críticas al equipo político de La Moneda, notifica al gobierno de un giro hostil para sus futuras relaciones.
Por su parte, el mandamás de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, ha insistido con serias críticas a la conducción política del Ejecutivo, en tanto que el Presidente de la SOFOFA apunta sus dardos en contra del llamado parlamentarismo de facto.
El problema es Piñera
Sin lugar a dudas el problema principal es Piñera y la ausencia de un diseño coherente para enfrentar la crisis estableciendo prioridades para el último año y medio que le resta de mandato. Sus indefiniciones y contradicciones agudizan el desorden en las filas del oficialismo y alientan iniciativas disruptivas en el seno de la oposición. Como la seguidilla de acusaciones constitucionales en contra de ministros y exministros, la iniciativa del segundo retiro o el tercero anunciado por la diputada Pamela Giles, y la propuesta de la diputada Camila Vallejos, proponiendo que sea la Convención Constituyente la que decida los quórums definitivos para la aprobación de los acuerdos, desconociendo lo consensuado el pasado 15 de noviembre que, por cierto, el PC no suscribió.
El país está desordenado por un evidente vacío de conducción política. Qué duda cabe. Está desordenada la derecha y también la oposición. Lavín se ha vuelto socialdemócrata y Moreira acusa a Jacqueline Van Ryselberghe de haber destruido a la UDI. Pamela Jiles encabeza las encuestas con nulo poder predictivo en una carrera presidencial que aún no se inicia. En el Frente Amplio ser registran fuerte diferencias en materia de alianzas y permanece la indefinición en torno a su candidato (a) presidencial.
Y si el gobierno no tiene un diseño para enfrentar la crisis tampoco la oposición parece tener claras sus prioridades. Ni para enfrentar el proceso constituyente, con una agenda propositiva común y menos aún para los próximos desafíos electorales.
Y si el gobierno no tiene un diseño para enfrentar la crisis tampoco la oposición parece tener claras sus prioridades.
¿Quién podrá defendernos?
El país enfrenta enormes desafíos en materia económica, política y social de cara al futuro inmediato. La amenaza sanitaria no está despejada y aún subsisten los riesgos de un rebrote de la pandemia. La reactivación económica se anuncia más lenta y dificultosa de lo previsto. La recuperación de los empleos tomará tiempo. Y si bien hasta ahora no ha ocurrido un nuevo estallido social con la virulencia que se temía, no se puede descartar que se produzca si no se aplican medidas de fondo que el gobierno está lejos de asumir. El proceso constituyente no está exento de riesgos y amenazas y la incertidumbre marca el futuro. Hoy nadie puede predecir qué pasará en las próximas elecciones.
Y si bien hasta ahora no ha ocurrido un nuevo estallido social con la virulencia que se temía, no se puede descartar que se produzca si no se aplican medidas de fondo que el gobierno está lejos de asumir.
En un escenario marcado por la crisis, la desconfianza en los partidos políticos, con vacío de conducción y fuerte incertidumbre respecto del futuro, puede especularse cualquier cosa. Resultar electo(a)s en la presidencia de la República Joaquín Lavín, Pamela Jiles o Daniel Jadue. Y no se desanima José Antonio Kast. Algunos llegan a especular con Franco Parisi. Para todo pareciera dar…
Si aquello pudiera resultar irrisorio basta pensar en el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, o el propio Donald Trump en EE.UU. La lista es aún más larga.
Las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales, parlamentarias y de Presidente de la República amenazan con convertirse en una mera disputa por el poder y la hegemonía, sin una clara referencia a ideas y proyectos de futuro.
Las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales, parlamentarias y de Presidente de la República amenazan con convertirse en una mera disputa por el poder y la hegemonía, sin una clara referencia a ideas y proyectos de futuro.
La verdadera disyuntiva que enfrenta el país es la restauración del actual orden neoliberal, con cambios cosméticos, o avanzar hacia un nuevo orden económico, político y social más justo e inclusivo. Un Estado social y democrático de derechos, como se ha afirmado.
Antes persiste la interrogante de si es posible generar una mayoría social y política que sustente ese proceso. Y el ancho mundo del progresismo no está ofreciendo, hasta ahora, respuestas mínimamente satisfactorias.
