El asilo solicitado por Alan García a Uruguay, en razón de una supuesta “persecución política” en su contra, pone al Presidente de ese país en una compleja encrucijada. Sentando, de paso, un precedente riesgoso, que podría animar a otros ex mandatarios latinoamericanos, investigados por casos de corrupción, a imitar el ejemplo y convertir a Uruguay en un escogido refugio de corruptos. Por de pronto a los cuatro últimos ex mandatarios peruanos (el propio Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el mencionado García), acusados de actos de corrupción durante sus mandatos.
El asilo solicitado por Alan García a Uruguay, en razón de una supuesta “persecución política” en su contra, pone al Presidente de ese país en una compleja encrucijada.
Proyectando una especulación, la lista es larga. Podría pensarse en situaciones que enfrentan la ex mandataria argentina Cristina Kirchner, el brasilero Inacio Lula da Silva y el colombiano Juan Manuel Santos. Se podrían sumar algunos ex mandatarios centroamericanos.
La referida solicitud de asilo, en principio aceptada por el mandatario uruguayo, involucra un riesgo de impunidad para el fenómeno de corrupción que afecta a la región y no deja de constituir un problema para el Frente Amplio, que debe enfrentar elecciones presidenciales el año próximo. La larga tradición de asilo en contra de la persecución política que tiene Uruguay corre así un severo riesgo de evolución perniciosa.
La raíz común en estas investigaciones, que no tan sólo involucran a ex mandatarios – también a ministros, subsecretarios, altos funcionarios públicos y parlamentarios en diversos países – es la extensa red de corrupción montada por la empresa brasileña Odebrecht en más de 12 países de la región (incluyendo Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, entre otros).
La referida solicitud de asilo, en principio aceptada por el mandatario uruguayo, involucra un riesgo de impunidad para el fenómeno de corrupción que afecta a la región y no deja de constituir un problema para el Frente Amplio, que debe enfrentar elecciones presidenciales el año próximo. La larga tradición de asilo en contra de la persecución política que tiene Uruguay corre así un severo riesgo de evolución perniciosa.
En ese marco se pagaron cuantiosos sobornos para adjudicarse contratos públicos con precios excesivos, que financiaban las “comisiones” que, según investigaciones del Departamento de Justicia en Estados Unidos, se elevarían por sobre los 800 millones de dólares en coimas, y utilidades por más de 4.000 millones de dólares para la constructora brasileña. Sin lugar a dudas, un buen negocio, que no reconocía fronteras ideológicas o políticas y que, en muchos casos, financiaban a partidos de gobierno y de oposición en los países en donde operó.
La ya famosa “Operación Lava Jato”, que partió investigando la trama de corrupción que involucraba a los empresarios más poderosos de Brasil y un amplio espectro del arco político (de gobierno y de oposición) de ese país, puso fin a la tolerancia jurídica y política con una corrupción endémica en otros países de la región.
Los fiscales se tomaron en serio la misión de perseguir y castigar esos delitos manifiestos, los medios de comunicación se decidieron a denunciarlos y los ciudadanos reaccionaron con indignación frente a estas prácticas delincuenciales. Muchos de los empresarios involucrados, buscando atenuar sus gravosas condenas, decidieron acogerse a la figura de la delación compensada, entregando documentados antecedentes de los cuantiosos sobornos y la identidad de sus beneficiarios, no tan sólo en Brasil sino en el conjunto de países en donde habían operado.
El caso Odebrecht: una bomba de racimo en el sistema político regional
Las consecuencias no se han dejado esperar. Inacio Lula da Silva está condenado a 12 años de prisión (sin que exista aún una sentencia definitiva) y enfrenta nuevos cargos. Pedro Pablo Kuczynski, el mandatario peruano, debió renunciar al cargo, Alejandro Toledo está prófugo de la justicia, Ollanta Humala y su esposa cumplieron nueve meses de condena, Keiko Fujimori está con una prisión “preventiva” por tres años. Cristina Fernández enfrenta numerosas acusaciones por enriquecimiento ilícito y corrupción (no todas vinculadas al caso Odebrecht). El vicepresidente de Ecuador debió renunciar y cumple condena, mientras varios ex mandatarios latinoamericanos están siendo investigados por sus vínculos con la constructora brasileña.
Inacio Lula da Silva está condenado a 12 años de prisión (sin que exista aún una sentencia definitiva) y enfrenta nuevos cargos. Pedro Pablo Kuczynski, el mandatario peruano, debió renunciar al cargo, Alejandro Toledo está prófugo de la justicia, Ollanta Humala y su esposa cumplieron nueve meses de condena, Keiko Fujimori está con una prisión “preventiva” por tres años. Cristina Fernández enfrenta numerosas acusaciones por enriquecimiento ilícito y corrupción (no todas vinculadas al caso Odebrecht). El vicepresidente de Ecuador debió renunciar y cumple condena, mientras varios ex mandatarios latinoamericanos están siendo investigados por sus vínculos con la constructora brasileña.
En el terreno propiamente político, la operación “Lava Jato” contribuyó poderosamente al verdadero colapso del sistema político brasileño y el triunfo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, a quién nadie le otorgaba opciones de ser electo Presidente, tan sólo unos pocos meses atrás.
Algo parecido, con menor intensidad, parece ocurrir hoy en Perú, tras asumir el poder Martín Viscarra, un muy poco conocido político de provincias que, pese a su condición de vicepresidente de la República fuera designado como embajador para alejarlo del primer plano, retornando al país para encabezar la lucha en contra de la corrupción, que le ha permitido subir considerablemente su apoyo en las encuestas.
La decisión de la justicia peruana de decretar la prisión “preventiva” de la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, ha debilitado fuertemente al principal partido de oposición a Viscarra, de la misma manera como la decisión de Alan García de solicitar asilo político en Uruguay representa un duro golpe para el aprismo o lo que queda de él.
En el terreno propiamente político, la operación “Lava Jato” contribuyó poderosamente al verdadero colapso del sistema político brasileño y el triunfo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, a quién nadie le otorgaba opciones de ser electo Presidente, tan sólo unos pocos meses atrás.
Cristina Fernández parece más resistente a las numerosas acusaciones y denuncias por corrupción. Pese a las numerosas evidencias y abundantes cargos que pesan en su contra, mantiene un apoyo cercano al 30 % en las encuestas. El apoyo de sus fieles e incondicionales partidarios del “proyecto”, se alimenta con el sueño de instalarla nuevamente en el poder, asumiendo las acusaciones como una conspiración del macrismo para impedirle conquistar nuevamente la presidencia.
El caso de Chile
Sin lugar a dudas, la corrupción sistémica instalada en la mayoría de los países de la región, así como la episódica, o no sistémica, que golpea a otros con menores índices, como puede ser el caso de Chile, debilita severamente las instituciones democráticas, acentuando el descrédito de los partidos políticos tradicionales, abriendo espacio a aventuras populistas como las que hoy vive Brasil. Al respecto ningún país puede declararse inmune.
Sin lugar a dudas, la corrupción sistémica instalada en la mayoría de los países de la región, así como la episódica, o no sistémica, que golpea a otros con menores índices, como puede ser el caso de Chile, debilita severamente las instituciones democráticas, acentuando el descrédito de los partidos políticos tradicionales, abriendo espacio a aventuras populistas como las que hoy vive Brasil. Al respecto ningún país puede declararse inmune.
Desde luego, Chile no es una excepción, pese a mantener un honroso segunda lugar en los rankings internacionales de transparencia y probidad. No es casualidad que -excepto el caso del dictador Augusto Pinochet- ninguno de sus ex mandatarios, al menos desde Eduardo Frei Montalva (incluyendo a Salvador Allende, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y el propio Sebastián Pîñera) hallan debido enfrentar acusaciones de corrupción en el ejercicio de sus cargos. Como tampoco que la empresa Odebrecht haya decidido extender sus operaciones hacia nuestro país.
Lo anterior no implica que en Chile no se hayan registrado casos de corrupción como los de boletas y facturas ideológicamente falsas destinadas a financiar la actividad política. O la millonaria malversación de caudales públicos que involucran al Ejército y Carabineros. La colusión de empresas privadas, el caso Caval y otras denuncias de corrupción que investiga la justicia, han contribuido poderosamente al descrédito de la política y la debilidad de las instituciones democráticas.
Lo anterior no implica que en Chile no se hayan registrado casos de corrupción como los de boletas y facturas ideológicamente falsas destinadas a financiar la actividad política. O la millonaria malversación de caudales públicos que involucran al Ejército y Carabineros. La colusión de empresas privadas, el caso Caval y otras denuncias de corrupción que investiga la justicia, han contribuido poderosamente al descrédito de la política y la debilidad de las instituciones democráticas.
Chile ha demostrado capacidad de reacción frente a este fenómeno que amenaza las democracias y afecta el crecimiento. Una robusta y moderna legislación a favor de la transparencia y probidad han sido aprobadas durante las pasadas administraciones. Pero aún queda un largo camino que recorrer en este sentido, como lo prueban los recientes anuncios del ministro de Defensa sobre nuevas medidas de transparencia en el uso de los recursos.
El tema es que la lucha en contra de la corrupción en la región debe ser asumida de manera integral, conjunta y colaborativa, por la comunidad regional. Y el reciente asilo concedido por Uruguay al ex mandatario peruano no apunta en esa dirección.
