POR MARCELO CONTRERAS N.
El asesinato de Camilo Catrillanca por integrantes del Comando Jungla (nomenclatura asignada originalmente por Carabineros, como consta en documentos oficiales) marcó un severo retroceso en el ya complejo diálogo y búsqueda de acuerdos entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios, acentuando las desconfianzas y escasa credibilidad en las instituciones policiales y de la Defensa, gravemente dañadas por sucesivos escándalos de corrupción develados en estos últimos tiempos.
Adicionalmente, desnudó las contradicciones de una política que proclama el diálogo y un nuevo trato hacia los pueblos originarios, mientras despliega un cuerpo policial militarizado, entrenado en la lucha anti guerrillera en Colombia, para enfrenta actos de violencia y sabotaje en contra de la propiedad, sin desconocer que algunos puedan tener connotaciones terroristas, como el asesinato de la familia Luchsinger. Imposible no mencionar la larga lista de comuneros asesinados por una represión policial, reiteradamente manipulada para eludir responsabilidades criminales
El país mantiene una deuda pendiente con sus pueblos originarios, tal como lo reconociera la ex Presidenta Michelle Bachelet y numerosos representantes de la centroizquierda. Y esa deuda no apunta principalmente a las condiciones de pobreza que hoy se viven en la Araucanía. Algo esencial pasa por el tardío reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que históricamente han resistido los intentos de asimilación, buscando preservar su identidad, cosmovisión y cultura ancestral, demandando sus derechos en los territorios usurpados.
Algo esencial pasa por el tardío reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que históricamente han resistido los intentos de asimilación, buscando preservar su identidad, cosmovisión y cultura ancestral, demandando sus derechos en los territorios usurpados.
Tal como lo ha reconocido el propio ministro de Desarrollo Social, la solución es inminente política y no de fuerza o represión. Y ello obliga a definir una política integral que entregue respuestas satisfactorias a las justas demandas de los pueblos originarios.
Resulta escandaloso, por decir lo menos, que hoy la derecha, que sistemáticamente se resistió a al reconocimiento institucional de estas etnias y avanzar en temas tan sensibles, como un estatuto de autonomía para los pueblos indígenas, un plan integral de devolución de tierras usurpadas o su participación política, eluda sus responsabilidades históricas.
Tal como lo ha reconocido el propio ministro de Desarrollo Social, la solución es inminente política y no de fuerza o represión. Y ello obliga a definir una política integral que entregue respuestas satisfactorias a las justas demandas de los pueblos originarios.
Sucesivos gobierno de centro izquierda, partiendo por el del Presidente Aylwin, dieron pasos para generar un nuevo trato hacia sus pueblos indígenas, apuntando a reparar la gravosa deuda histórica y no pocas barbaridades cometidas por el Estado de Chile en el pasado (entre ellas la llamada “pacificación de la Araucanía). Iniciativas como el pacto de Nueva Imperial (suscrito durante el gobierno de Patricia Aylwin), la suscripción del Convenio 169 de la OIT, la ley del borde costero Lafkenche, entre otras, así como la propuesta de crear un ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo Indígena, evidencian un esfuerzo, no exento de debilidades y vacíos en su implementación, que nunca contó con el apoyo de la derecha.
Es una buena señal – oscurecida por las evidentes contradicciones que contiene el Plan Araucanía- que la iniciativa actual recoja algunas de las iniciativas ya mencionadas propuestas por la anterior administración. Ello debiera viabilizar un amplio consenso, tan necesario como insuficiente, para avanzar en una política integral del Estado de Chile hacia sus etnias originarias, que recoja las mejores prácticas internacionales en este ámbito.
El asesinato de Camilo Catrillanca marca un retroceso innegable. Pero también desafía como una oportunidad para un vuelco en el tratamiento histórico a esta problemática, ya ineludible para las elites del país. Con la búsqueda de un inédito consenso político, indispensable para avanzar, con las urgencias necesarias, en definiciones de política indígena aún pendientes. Como el tema de la autonomía, los derechos ancestrales de las comunidades en los territorios o la propia participación política de las etnias originales.
Para avanzar las autoridades no tan sólo debieran plantear una agenda clara, con metas y plazos creíbles, sino también hacer gestos potentes, incluido el retiro del Comando Jungla de la zona de la Araucanía, como demandan las propias comunidades y amplios sectores sociales, entregando el resguardo del orden y la seguridad a destacamentos policiales profesionales y no militarizados.
El ex ministro José Antonio Viera Gallo ha formulado relevantes propuestas-como una ley de amnistía general salvo para los delitos de sangre- que podrían pavimentar un clima de diálogo, como el que demandan numerosos sectores en el país. Un diálogo sin exclusiones, que permita avanzar en este complejo tema instalado, a la fuerza y con lamentable violencia, en el centro de la agenda nacional.
Para avanzar las autoridades no tan sólo debieran plantear una agenda clara, con metas y plazos creíbles, sino también hacer gestos potentes, incluido el retiro del Comando Jungla de la zona de la Araucanía, como demandan las propias comunidades y amplios sectores sociales, entregando el resguardo del orden y la seguridad a destacamentos policiales profesionales y no militarizados.
El más amplio consenso político, social y cultural, a nivel institucional, es una urgencia para el nuevo rumbo que exige saldar la deuda histórica que mantiene el país con sus etnias originales y dar respuestas adecuadas a sus justas demandas. Siempre en el marco de un Estado de derecho, unitario y democrático.
