La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), organización sindical de los periodistas del país, se reunió hace pocos días en Montevideo con Pedro Vaca Villarreal, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese encuentro, los periodistas expresaron inquietud por el deterioro de las condiciones de seguridad y libertad del trabajo periodístico en todo el territorio nacional.
La opinión del sindicato es preocupante, porque Uruguay fue, durante años, un referente internacional en materia de libertades en general y libertad de prensa en particular. Sin embargo, según el último estudio anual publicado en París por Reporteros Sin Fronteras, Uruguay cayó 26 lugares en el ranking de libertad de prensa a nivel mundial: pasó del puesto 18 en 2021 al puesto 44 en 2022.
Como para aguar la fiesta, ese dato se conoció justo cuando comenzaba en Punta del Este la conferencia anual por el Día de la Libertad de Prensa, un evento que convocó a cientos de profesionales, activistas y dueños de medios de comunicación de todo el mundo. La conferencia fue inaugurada con discursos del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y de la directora general de Unesco, la francesa Audrey Azoulay.
En un documento entregado por el sindicato de periodistas a Vaca Villarreal, se subraya “la existencia de un contexto de hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico por parte de distintos voceros del gobierno, tanto en redes sociales, como mediante mensajes de texto o incluso en encuentros personales”.
Un empresario vinculado al gobierno y que asistió a la reunión de Punta del Este, me dijo que a su juicio ese documento “no le hace bien al país. Es tendencioso y está sesgado, porque en el Uruguay existe la más amplia libertad para informar”. Agregó que, como todas las libertades, “la de informar es una libertad que tiene sus límites, y esos límites debe ser respetados por los periodistas y por los medios de comunicación. Eso es la libertad responsable. Es la democracia”. El empresario pidió que su nombre no apareciera en este artículo, porque dijo no desear “ningún tipo de polémica” sobre el asunto.
Sin embargo, la crítica del sindicato fue avalada por el 8º informe sobre “Periodismo y Libertad de Expresión en Uruguay”, presentado a comienzos de la semana pasada por CAinfo, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, una influyente organización civil dedicada a defender los derechos a la libertad de expresión. El informe es el resultado de un monitoreo realizado entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, que contó con el apoyo de Unesco a través del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación.
En ese informe se denuncian de forma detallada un total de 69 casos documentados de amenazas o restricciones a la libertad de expresión, lo que representa 1,3 episodios por semana en promedio. Parece poco, pero en Uruguay es mucho. Y hay más: la organización reveló que “está en conocimiento de otras situaciones de restricción o amenazas a la libertad de expresión que, por encontrarse en trámite o por pedido de las víctimas, no fueron incluidas en el documento final, pero se continúa con su seguimiento”.
El setenta por ciento de los incidentes tienen como responsables a “organismos o funcionarios estatales”. El nombre más mencionado en las denuncias es el de Graciela Bianchi, senadora del partido gobernante. Se trata de una figura muy importante porque es la segunda en la línea de sucesión presidencial. Al respecto, la periodista Pilar Teijeiro, que integra el Consejo Directivo de CAinfo, me comentó que “es muy preocupante que una primera senadora de la república emita conceptos agraviantes contra periodistas”. Teijeiro agregó que “ese tipo de actitudes son cada vez más frecuentes y no podemos permitir que se naturalicen”.
En el informe, la senadora Bianchi es reportada en ocho ocasiones durante el último año. En general, se trató de tuits o hilos de tuits que fueron considerados lesivos, agraviantes y/o amenazantes, en especial por provenir de alguien con poder político notorio. Uno de esos tuits tuvo como blanco a Darío Klein, corresponsal de CNN en Uruguay. Tras emitirse en abril del año pasado un informe sobre la situación de la pandemia en el país, la senadora Bianchi publicó un tuit “en respuesta a CNNEE” en el que decía: “Falso. Sí tenemos récord de muertes, pero todo lo demás es falso. Recuerden los que falsean la realidad de la situación de la pandemia en el país, tendrán que rendir cuentas más temprano que tarde, por traición a la Patria”.
Debe señalarse que la acusación de traición a la patria ha sido usada reiteradamente contra opositores por gobiernos calificados por la propia Bianchi como dictatoriales (Cuba, Nicaragua, Venezuela). También parece haber en la senadora cierta propensión a la tuitorragia. A propósito de eso, el reportero Tomer Urwicz publicó un informe en el que afirmaba que la señora Bianchi emitió, en la tercera semana de marzo, “un tuit cada 57 minutos en promedio. Eso no tiene en cuenta los retuits, ni tampoco considera el contenido del mensaje”. Para poner en perspectiva el dato: Donald Trump, tuitero contumaz mientras pudo, publicó en el apogeo de su gobierno 48 tuits a la semana, o sea uno cada tres horas y media en promedio.
Lo cierto es que, según el informe de CAinfo, varios trabajadores de los medios de comunicación han sido hostigados o amenazados por la senadora Bianchi a través de Twitter o en entrevistas de prensa. Además de Darío Klein, la lista la integran Fabián Cardozo (Televisión Pública); Guillermo Garat (Nueva Sociedad, El Malpensante, Anfibia, Gatopardo, Al Jazeera); Aldo Silva (Radio Sarandí, La Tele), entre otros y otras profesionales. La senadora tiene actualmente unos 73 mil seguidores en su cuenta de esa red social.
Le pregunté al presidente de CAinfo, el periodista Fabián Werner, si los medios de comunicación más poderosos habían defendido a sus propios trabajadores agraviados o amenazados. Respondió que «en general, cuando esos medios realizan planteos lo hacen ante la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, y no a nosotros». Werner me contó también que algunas figuras del gobierno, de forma reservada, se han referido a la propia CAinfo de manera muy crítica, por considerarla una organización “zurda” y con posiciones “contra el gobierno”. Werner fue tajante al desmentir esas afirmaciones: “No es cierto ni lo uno ni lo otro”.
En el ambiente periodístico hay inquietud, porque el panorama en lugar de aclararse se oscurece. Tres instituciones diferentes confirman a través de sus estudios y opiniones esa mala senda. La palabra que predomina es “hostigamiento”: no hay censura, pero hay restricciones; no hay violencia física, pero hay amenazas; no hay difamación, pero hay desacreditación. Por más que en los últimos años Uruguay no registra casos gravísimos como en otras partes de Latinoamérica (asesinatos, secuestros, cárcel o exilio), la realidad indica que algunas acciones, tanto de funcionarios públicos como de particulares, son poco o nada respetuosas de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas. Una tendencia que, de no revertirse pronto, mucho daño le hará a la calidad democrática de la sociedad.
Tal vez el mejor resumen del problema lo haya brindado la directora general de la Unesco durante su visita a Punta del Este. Audrey Azoulay, al referirse a la necesidad de protección e integridad de los periodistas en Latinoamérica, dijo que «lo que está en juego es, de hecho, el corazón de la democracia».
