La diferencia entre los costos de extracción y elaboración de minerales, incluyendo una utilidad normal, y el precio de mercado constituye la llamada renta minera, la que debiera beneficiar íntegramente a todos los chilenos y chilenas, que son sus dueños.
Cabe indicar que por razones estratégicas la dictadura sacó la extracción de litio del régimen de concesiones permanentes a privados, contrariamente al cobre, donde disponía de CODELCO para asegurar divisas. Por ello existe para el litio un esquema de contratos temporales de extracción que es, en todo caso, mucho más coherente con la norma constitucional que establece la propiedad pública del subsuelo. El tema es, desde el punto de vista del interés público, deliberar sobre la pertinencia de hacer esos contratos de explotación en cada caso y sobre sus contenidos de ser necesario un aporte de capital privado con utilidades razonables.
El gobierno de Piñera llamó en octubre a una licitación para aumentar la extracción de litio en el Salar de Atacama, cuya evaluación ambiental no existe y sin contraparte alguna en materia de aumento del encadenamiento productivo nacional con mayor valor agregado. Pretende dejar amarrado por los próximos 29 años el uso de 400 mil toneladas de este recurso que pertenece a todos los chilenos. Según la publicación del Diario Oficial, cada licitante podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos cuotas, por un total de 160.000 toneladas. Como referencia, SQM está trabajando en un proyecto para llegar a producir 120.000 toneladas anuales. Las reservas totales del país son de 9,2 millones de toneladas. El ministro de Minería Jobet ha insistido en que los contratos implicarán para el fisco recaudar unos 200 millones de dólares en lo inmediato (muy poco para la escala de ingresos de la extracción de este material) y unos 1.000 millones en régimen, en varias décadas más, al precio actual.
Así, un gobierno que termina pretende en los últimos días de su gestión amarrar estos contratos del siguiente modo: habría un plazo de siete años para hacer la exploración geológica, estudios y desarrollo del proyecto, prorrogable por otros dos, y otros 20 años para la producción. Esto es simplemente inaceptable. Un mínimo de decoro debiera dejar la decisión de política del litio para las próximas tres décadas en manos del gobierno que eligieron los ciudadanos en diciembre, que incluye en su agenda la creación de una Empresa Nacional del Litio. Esta no podría disponer de los recursos licitados a última hora, los que debieran ser parte de su cartera de desarrollo de la extracción de este componente crucial de las baterías para la futura electromovilidad a escala mundial y para otras extensiones de la electrificación de procesos para combatir el cambio climático.
Pero no se debe dejar de lado el tema del cobre, cuya importancia para Chile y su futuro es crucial. El precio del cobre alcanzó en 2021 el valor anual promedio más alto desde 2011 (4,22 dólares la libra, a comparar con 2,80 en 2020), aunque la producción física chilena cayó por segundo año consecutivo (-2,2% este año). No obstante, según la Comisión para el Mercado Financiero, las 13 mineras privadas más grandes del país acumularon utilidades en 2021 por unos US$8.400 millones, cerca de 3% del PIB, una cifra gigantesca que es 3,7 veces superior a la de US$2.280 millones de 2020. Los tributos, en cambio, crecieron de US$1.486 millones el año pasado a US$3.781 millones en el actual ejercicio, una cifra solo 2,5 veces superior y que suma un 1,3% del PIB.
¿Por qué esa asimetría? Muy simple: el Impuesto Específico a la Minería, el Impuesto de Primera Categoría y el Impuesto Adicional, los tributos que se pagan sobre las utilidades de la gran minería privada, no capturan para el país sino una parte de las utilidades sobre normales que derivan de un alto precio del cobre, gracias al persistente poder de la minería privada y sus aliados. Estas utilidades sobre normales se presentan en períodos de altos precios por exceso de demanda sobre la oferta, mientras los costos se mantienen sin variaciones mayores. La diferencia entre los costos, incluyendo una utilidad normal, y el precio constituye la llamada renta minera (cuyas bases conceptuales fueron establecidas por David Ricardo en 1818 y cuya existencia reconoce el enfoque económico neoclásico al uso), que debiera beneficiar a todos los chilenos y chilenas, dado que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación desde 1971. En cambio, nosotros los regalamos en una alta proporción a través de las llamadas concesiones permanentes a privados desde 1982, con un limitado impuesto especial introducido en 2005 después de múltiples batallas y de que el Congreso dominado por la derecha rechazara el establecimiento de una regalía minera.
La consecuencia es que, según la Dirección de Presupuestos, la recaudación de impuestos de la minería privada sumará en 2021 unos US$ 3.085 millones, con dos tercios de la producción, mientras los ingresos aportados por CODELCO sumarán unos US$ 3.896 millones, con solo un tercio de la producción. Por unidad producida, la minería privada paga en 2021 menos de la mitad en impuestos que el aporte de la minería estatal al fisco, incluso suponiendo todas las ineficiencias que se quiera -incluyendo las altísimas remuneraciones de sus altos ejecutivos- en el funcionamiento de la empresa estatal. Esto no tiene ningún sentido desde el ángulo que se le mire.
Nótese que la extracción, refinación y elaboración de cobre requiere de muchos capitales y es legítimo que éste sea remunerado cuando se autoriza la participación de privados. Lo que no es legítimo es que los actores privados se apropien de los aumentos de valor de un recurso natural escaso, que no se puede reproducir (aunque si reciclar con precios altos) y sin el cual no pueden desarrollar su actividad extractiva.
Ese es el Chile que debe cambiar. En el mediano plazo, Codelco debiera asegurar una mucha mayor proporción de la producción de cobre -ampliando sustancialmente su producción propia y adquiriendo parte de la producción privada- y en el corto plazo se debiera cobrar las utilidades sobre normales mediante una regalía minera sobre las ventas, descontando los diferenciales de productividad física de los yacimientos y la mayor elaboración en su proceso de producción. Esta regalía debiera partir en un 2% de las ventas y ser de monto creciente según el precio (hasta 70%, según propone el proyecto que pasó de la Cámara al Senado, aunque en mi opinión debiera alcanzar hasta el 100% a partir de un precio superior a 5 dólares la libra). De otro modo, el aumento del precio de un recurso escaso que pertenece a los chilenos será apropiado más allá de lo razonable por privados, llegando a utilidades sobre capital faraónicas y que no existen en ninguna otra actividad legal (el costo de producción difícilmente supera los dos dólares en las grandes faenas), todo sin realizar esfuerzo ni inversión adicional alguna para obtenerlas.
En suma, en materia de litio y cobre solo cabe insistir en que la renta minera debe ir en lo principal al dueño del recurso natural, no al contratista o concesionario privado que extrae ese recurso. Este debe recibir una utilidad razonable y no las utilidades ultra sobre normales que le están siendo regaladas por el Estado chileno, las que deben ser recuperadas y puestas al servicio de la diversificación productiva y tecnológica del país y de sus territorios, que mucha falta le hacen.
