Pese a que la Corte Suprema hace casi dos años ratificó la sentencia para que el Estado de Chile los indemnice mínimamente tras haber sido injustamente condenados como “traidores a la patria”, un grupo de ex ofíciales y suboficiales de la Fuerza Aérea aún no reciben un peso de los ya definidos en los fallos que ratificaron que fueron víctimas de la tortura y la persecución política a partir del golpe cívico militar de 1973.
El teniente® Humberto Frías Bulo suma una docena de correos electrónicos enviados a la Tesorería General de la República para conocer del pago de la indemnización que en noviembre de 2020 ordenó la Corte Suprema por 60 millones de pesos.
Su tenacidad se justifica porque, en junio de 2021, el Ministerio de Justicia emitió la resolución exenta 923 del 23 de ese mes ordenando a la Tesorería Regional Metropolitana pagar por concepto de indemnización un total de dos mil veinte millones de pesos entre los 48 ex funcionarios de la Fuerza Aérea, demandantes ante el Fisco tras décadas de soportar las consecuencias de su prisión política, tortura, exilio y vulneración de sus derechos esenciales como integrantes de las fuerzas armadas del país.
La suma total de $2.020.000.000 deben ser cancelados con reajustes e intereses desde el 10 de noviembre de 2020 cuando se emitió al fallo final de la Sala Penal de la Corte Suprema, pero hace más de 6 meses que el teniente Frías Bulo recibe un breve correo de la Tesorería donde sólo se les indica que “el caso está en análisis” porque existiría un inconveniente con algunos de los mandantes para el pago.
Parece obvio que la vaga explicación esconde un incumplimiento mayor que acentúa los efectos de la grave vulneración de los derechos de estos ex uniformados que se prolonga por más cuatro décadas.
En las organizaciones de derechos humanos también se han encendido las alarmas frente a los fallos judiciales que buscan hacer algo de reparación transcurridos casi 50 años de los hechos más dolorosos para el país.
La nueva vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco respondió la inquietud por el incumplimiento de las referidas sentencias judiciales, resaltando que “sabemos que hay procedimientos que se demoran muchos años, nosotros (la Corte Suprema) hemos dicho varias veces que los jueces cumplen con las leyes del procedimiento que tienen, y por consecuencia es indispensable, si queremos que haya una pronta resolución de los casos, que esos procedimientos procuren no extenderse infinitamente en el tiempo, y que ojalá duren menos tiempo”. Siendo más explícita ante la interrogante aclaró que “distinto es el caso de aquellos procedimientos que están en etapa de cumplimiento, en cuyo caso ustedes saben que los tribunales tienen Facultad de Imperio, en consecuencia, cuando un tribunal ordena el pago, la idea es que esto se haga prontamente y si no se hace habrá que recurrir ante el tribunal que se le solicita el cumplimiento, para que esto se acelere y materialice”.
Consultada Vivanco si en este caso se agrava la demora porque las víctimas resarcidas son adultos mayores, la jueza vocera de la Corte Suprema reconoce: “sin duda, que eso es grave, recuerde que nosotros tenemos una serie de protocolos desde el punto de vista del acceso a la justicia de las personas que son adultos mayores, y el acceso a la justicia por supuesto tiene que ver con el trato, que es absolutamente indispensable, pero también tiene que ver con que hay que considerar estas situaciones que quizás son casos que se están poniendo en contra de personas mayores, pero eso hay que hacerlo presente al tribunal donde se ha solicitado el cumplimiento de la sentencia”, refiriéndose así al Octavo Juzgado Civil de Santiago, donde se inició la batalla legal con una primera sentencia desfavorable para este grupo de “uniformados constitucionalistas”.
El evidente incumplimiento de una resolución judicial que ya debió ser ejecutoriada acentúa la deuda histórica del Estado de Chile con uniformados constitucionalistas maltratados ahora por el incumplimiento de un fallo de última instancia.
Harina de otro costal pareciera ser otro caso judicial que ordena el pago del Fisco a una familia por una vieja libreta de ahorro de hace casi 50 años.
En este caso las palabras del nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel (“si hay que pagar, pagamos«), fueron bien recibidas por Exequiel Hinojosa, de 67 años, un vecino de La Florida que encontró una libreta de ahorro de su fallecido padre y que, – esencialmente por intereses – podría volverse multimillonario.
En la vocería post comité político, el secretario de Estado fue consultado sobre este caso que cobró notoriedad tras el fallo de la Corte Suprema favorable al heredero de una libreta de la Asociación y Préstamo Libertad que en 1973 tenía 138.044 pesos ahorrados y que, entre inflación y reajustes, hoy equivalen a más de 1.000 millones de pesos. El dictamen, emitido el 4 de marzo pasado, sostiene que Hacienda debe informarle dentro de los próximos 30 días al Presidente Gabriel Boric cuánto es lo que hay, cuánto es el activo y el pasivo y cuánto es el patrimonio de esa caja. Así, en última instancia, Hinojosa depende del joven Mandatario para recibir el dinero. Todo debiera resolverse antes del 4 de abril, es decir, en dos semanas más.
En este contexto, el ministro Marcel reconoció que este caso no es único, que hay otros a ser «examinados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) antes de proceder a dar los pagos. Así que está siguiendo el mismo cauce que han seguido otros casos similares en años pasados«.
Valga la referencia al singular caso que inquieta justificadamente a Exequiel Hinojosa, para retomar la trascendencia del incumplimiento prolongado de la resolución judicial de última instancia que afecta a los 48 ex uniformados de la FACH que, tras un largo andar por la ignominia, han logrado reestablecer el honor militar despojado, pero aún no pueden pensar en una vejez digna y algo mejor con el acto de reparación del Estado que esperan hace décadas.
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Gracias por publicar esta noticia. Resulta increiblemente absurda la demora en el pago, de lo que adema’s, me parece una compensacio’n mediocre. Se suma al largo tiempo que le tomo’ a la Poder Judicial emitir un veredicto reconociendo la injusticia en que incurrieron los actos delictuales de los autos llamados «Consejos de Guerra» de la FACH. Una cruel y extensa venganza contra aquellos que dimos un paso al frente para decirle «NO» a los oficiales golpistas.