Financiamiento de la PGU. ¿Una oportunidad para Chile? Por Andrés Palma

Hay oportunidades que a veces no se repiten. Una unanimidad inesperada en el parlamento puede serlo.

La discusión sobre el financiamiento del mayor gasto público que representa el proyecto de Pensión Garantizada Universal(PGU) no es banal, refleja el estado de los compromisos que el actual gobierno entregará al próximo.

Está claro que lo que propuso originalmente no alcanza para cubrir el gasto que la PGU representa. El gasto en pensiones es necesario y justo, pero es lo que en economía se denomina gasto corriente o gasto del gobierno. Si lo llevamos a la economía doméstica es un gasto en consumo, es decir uno que no genera beneficios adicionales. Además, el gasto en pensiones – por ejemplo, a diferencia del IFE – constituye un compromiso permanente para el Estado, es decir, hay que pagar las pensiones mes a mes y año a año, y para ello hay que tener recursos suficientes… mes a mes y año a año.

El principio básico de la economía doméstica es que no se puede gastar lo que no se tiene, eso en la economía del gobierno se traduce en el aforismo que los gastos permanentes se deben financiar con ingresos permanentes, así, como las pensiones son permanentes se deben financiar con ingresos permanentes.

Ello no ocurre con la propuesta del gobierno, tal como lo ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que no es de oposición.

Al igual que en la economía doméstica, si los gastos permanentes son mayores que los ingresos, para financiarlos hay que endeudarse, pero no por una vez, sino de manera permanente, y todos sabemos qué consecuencias tiene eso: cuando las deudas suben mucho ya no hay como pagarlas y hay que vender algo o irse preso. Los países no se van presos, pero pueden verse obligados a vender algo. Esa fue la propuesta del llamado Consenso de Washington que estableció como regla las políticas neoliberales en todos los países pobres o de ingresos medios.

Durante años Chile ha sido responsable en el manejo de su economía pública, lo que permitió generar ahorros para enfrentar situaciones como la pandemia, pero este gobierno no lo está siendo a fines de su mandato dejando una pesada herencia a su sucesor.

Todos queremos que mejoren las pensiones, pero hay que hacerlo responsablemente.

Dado que el gobierno ha hecho una mala propuesta han surgido otras alternativas. Algunos proponen reducir el tamaño del Estado, pero no dicen en qué área realizarlo, demostrando que ese es un discurso más ideológico que resolutivo.

En el parlamento se ha propuesto establecer un impuesto a los más ricos, lo que es una buena propuesta, pero tal vez insuficiente. Se habla de fijar un royalty, lo que no sería adecuado dado que este tipo de obligación debe destinarse a recuperar las capacidades disminuidas por la explotación de los recursos naturales.

Aparentemente el país se enfrenta a una situación imposible: Subir las pensiones sin generar mayores deudas.

Si a esto agregamos las listas de espera en salud y la pérdida de años escolares, especialmente en la educación pública y particular subvencionada gratuita, más los problemas de vivienda y la necesidad de impulsar la inversión, la situación parece imposible.

Una vez Alejandro Foxley fue invitado con otros economistas latinoamericanos, a Ecuador, a una reunión con líderes políticos de diferentes tendencias para ayudarles a encontrar soluciones a los problemas de ese país. El relato posterior de Foxley fue dramático: “todos sabían lo que había que hacer, pero nadie estaba dispuesto a pagar los costos de hacerlo”, se ratificó así que la situación que parecía imposible lo fuera.

Muy distinto a lo que ocurrió en las reuniones de Mont Fleur que dieron origen al fin del Apartheid en Sudáfrica. Allí los líderes de las distintas comunidades se reunieron para imaginar nuevos escenarios a partir del fin de la política de dominación de los blancos sobre las comunidades mayoritarias, asumiendo que era necesario entenderse y que los blancos debían renunciar a su poder para construir una comunidad democrática.

¿Se podrá aprovechar esta coyuntura en que una solución parece imposible para encontrar un entendimiento en que los poderosos entiendan que deben ceder poder para que todos estemos mejor? ¿O terminaremos repitiendo las soluciones que no resuelven el problema y enriquecen más a los poderosos?

Este verano puede ser la oportunidad de un gran acuerdo nacional por la equidad. El proyecto en discusión está abriendo puertas.