Nadie discute que el presidente tiene la facultad constitucional de indultar personas condenadas, por más que muchos critiquen esta institución porque tendría resabios monárquicos y planteen su eliminación, como han hecho algunos parlamentarios de derecha tras la decisión del mandatario de aplicarla con algunos presos de la revuelta, además del ex frentista Jorge Mateluna.
No era necesario que el presidente intentara justificar su decisión de indultarlo, aduciendo que se había formado una completa convicción de su inocencia, refiriendo a irregularidades en el juicio que declaró su culpabilidad por una presunta participación en el atraco a un banco.
Muy probablemente el mandatario basó su convicción en las supuestas irregularidades denunciadas extensamente por su abogado defensor durante el juicio, cuando argumentó en referencias a un fallido reconocimiento de identidades y pruebas circunstanciales, que no acreditaban de manera fehaciente la participación de Mateluna en los hechos. Sin embargo, la defensa no pudo acreditar estos antecedentes en el juicio, ni durante el proceso de revisión. Es cosa juzgada. Jorge Mateluna es culpable según la justicia, Y el indulto remite la pena, pero no borra la condena, Así debió entenderlo el presidente.
Ello dio pábulo para la severa declaración de la Corte Suprema, en donde, citando el inciso 1 del artículo 76 de la Constitución, recuerda que “las facultades de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la república ni el congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar sus fundamentos o contenidos de sus resoluciones, o hacer revivir procesos fenecidos”.
Habría bastado con que el presidente fundamentara genéricamente su decisión en la necesidad de avanzar en la superación de los traumas pasados y contribuir a la paz social. Cual más, cual menos, todos sus antecesores concedieron indultos a condenados por los tribunales, incluyendo a narco traficantes y delincuentes de lesa humanidad, con argumentos igualmente genéricos.
El mandatario está consciente de que incurrió en un lamentable error que, como en otras ocasiones, busca enmendar posteriormente afirmando compartir íntegramente la declaración de la Corte Suprema y desechando un conflicto entre poderes del Estado. No es evidente que ello sea suficiente, de no mediar públicas disculpas.
Pese a todo, es necesario asumir que este indulto parcial a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social, además del caso de Jorge Mateluna, no resuelve el problema de más de un centenar de procesados o condenados por esas causas. Una promesa de campaña del presidente, cada vez más difícil de cumplir a cabalidad, que sigue pesando en nuestra convivencia.
A 50 años del golpe y tres del estallido social
En este 2023 que recién se inicia el país conmemora 50 años del golpe de estado de 1973, circunstancia más que simbólica para abordarla sin reavivar las heridas y viejas polémicas del pasado, sino sacando lecciones y asumiendo las responsabilidades que a cada sector corresponde. Sin olvido, en memoria de las víctimas y mártires, pero mirando el futuro, en donde estamos obligados a construir, en común, un mejor país, con mayor justicia, más espacios de libertad y cohesión social.
El estallido social de 2019 fue un gran remezón para el país, desafiando una mirada crítica y autocrítica para asumir que más allá de los avances de las últimas décadas, persisten déficits sustantivos adjudicables al proceso de transición y consolidación democrática, como rémoras del autoritarismo que aún no logramos superar del todo. El nuevo proceso constituyente dejará igualmente, más allá de su resultado, un largo trecho por recorrer.
No tan sólo el gobierno tiene la responsabilidad de impulsar este proceso. También las diversas fuerzas sociales y políticas. Las universidades, los centros de pensamiento. Los académicos, artistas e intelectuales. Empresarios y trabajadores. El conjunto del país. Es una tarea de estado, por sobre la contingencia política o el cálculo electoral.
El acuerdo por la seguridad ciudadana
La derecha arremetió con virulencia ante la decisión presidencial, desahuciando la mesa de diálogo sobre seguridad ciudadana y anunciando una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia.
El tema de los indultos huele a pretexto. Ya antes, la oposición había intentado condicionar el acuerdo a la reforma de la ley antiterrorista y la declaración de estado de emergencia en la zona norte.
La derecha apuesta por agitar la seguridad ciudadana como en tema político y electoral, buscando dividendos fáciles, que no lograría suscribiendo un acuerdo con el gobierno en este sensible desafío. Y lo hace, aunque no cuente con la mayoría parlamentaria para viabilizar una agenda propia sobre la materia.
Es más que evidente que el tema de la seguridad ciudadana es muy relevante. La situación en la Araucanía no tiene visos de amainar. Los atentados a la propiedad pública y privada se mantienen, pese al estado de excepción, que cada vez cuesta más extender. La amenaza de un incremento de la inmigración ilegal en la zona norte en estos meses de verano es una posibilidad cierta y los hechos de violencia, así como la tasa de homicidios, aparecen disparados.
Sin embargo, nada garantiza que la situación pueda ser controlada con la mantención, de manera indefinida, del estado de excepción en la Araucanía o su extensión a la zona norte del país. El país no puede vivir bajo un estado de excepción constitucional de manera permanente, sin un grave daño a la democracia. Se requiere de un conjunto de medidas – el Ejecutivo ha dado pasos relevantes con ese horizonte – como base de un gran acuerdo nacional, que comprometa al conjunto de las fuerzas sociales y políticas, para reforzar los servicios, mejorar la inteligencia policial y la colaboración de las FF.AA. en la protección de las fronteras y la infraestructura crítica.
La derecha haría bien en revisar su postura cortoplacista y regresar a la mesa de diálogo sobre este sensible tema. La seguridad ciudadana no puede ser usada como una plataforma política para sumar votos. Es un tema de estado, que requiere del concurso de sus tres poderes y el compromiso no tan sólo de los actores políticos sino también del conjunto de los actores sociales, con el aporte resuelto y obediente al poder constitucional de las FF.AA. y los servicios policiales.
El tema no admite dilación. Cada día que pasa se registran nuevos hechos de violencia. En el sur, norte y centro del país operan mafias internacionales y locales, con una notable proliferación de armas y creciente control de algunos territorios. Aún estamos a tiempo para enfrentar esta amenaza, que ciertamente trasciende fronteras en el conjunto de la región.
