Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.
El debate público -si se pudiera llamar así a las campañas de descalificación que hoy presiden el paisaje mediático- está girando hacia la idea que la candidatura de izquierda produce inestabilidad y estancamiento. Una gran novedad discursiva, como se sabe.
Vamos por partes. He recibido un cuestionario por correo electrónico de una empresa de encuestas con, entre otras, la siguiente pregunta: «En una escala 0 a 10, donde CERO (0) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social’ y DIEZ (10) significa que para Usted es más urgente que ‘Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico’, ¿Dónde se ubicaría Usted?». Contesté 0, pero creo que la pregunta está esencialmente mal formulada. En efecto, este tipo de preguntas es parte del rol de creación y manipulación de opinión, en lugar de medición de la misma, que hoy tiene en Chile la mayoría de las encuestas.
¿No tiene acaso sentido pensar que para que «Chile recupere su estabilidad social y política para poder vivir tranquilo y con mayor crecimiento económico» es necesario que se «realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social»? Es bastante más razonable -si la honestidad intelectual importa un poco todavía en el país- abordar ideas sobre futuros posibles mediante una articulación de relaciones lógicas de causa-efecto antes que falsas antinomias.
El argumento es bastante simple: la mantención del actual orden de cosas en el plano institucional y económico-social es un factor de gran inestabilidad en el corto, mediano y largo plazo. La demostración de esta proposición parte por aludir lo que ha pasado en los dos gobiernos de Piñera: explosiones y estallidos sociales sectoriales y territoriales y una rebelión social generalizada a partir de octubre de 2019. Nada muy distinto a esta dinámica de inestabilidad se podría esperar de un gobierno de Sichel y de Kast, lo que no es un insulto sino una constatación. En efecto, mientras una parte minoritaria de la sociedad viva en la opulencia y se mantengan las carencias de la mayoría social en el acceso a la salud, las pensiones, la educación, el empleo, el transporte, la vivienda, junto a la subordinación estructural del trabajo y la discriminación de la mujer y los pueblos originarios, habrá ciclos sucesivos de inestabilidad garantizada. La fantasía autoritaria de repetir el golpe militar de 1973 para «restablecer el orden» es, en las condiciones de 2021, proponer una nueva masacre cuyo prolegómeno es la militarización de la Araucanía (que llevaría a la postre a sus eventuales autores inevitablemente a la cárcel) acompañada de la profundización de la fractura social y política actual, pero sin posibilidad de resolver problema de fondo alguno en la sociedad chilena.
Cambios que impliquen el fortalecimiento rápido de los servicios públicos básicos y la diversificación y dinamización de la economía, con nuevos sistemas de impuestos-transferencias y de regulación del trabajo, son no solo posibles sino indispensables para avanzar a condiciones más dignas de existencia y a una nueva prosperidad compartida. Es decir, a una nueva estabilidad. Para producir ese nuevo orden democrático deben converger a partir de marzo próximo la acción decidida de un nuevo gobierno y un nuevo parlamento comprometidos con reformas serias, los que a partir de un año deberán, además, traducir con rapidez en leyes las nuevas definiciones constitucionales que se aprobarán en julio-agosto próximo.
Sobre el tema de la “receta para ahuyentar la inversión”, es penoso leer a René Cortázar con el discurso exacto de quienes en 1989 se oponían a Patricio Aylwin y al programa de su coalición. Para Cortázar, todo lo que aumente salarios, impuestos y regulaciones no hace sino encarecer las inversiones y ahuyentarlas y “llevarnos al estancamiento”, como repite desde siempre el discurso UDI y de los Chicago Boys, sin mayor imaginación. En los últimos 12 años, es la derecha la que ha gobernado durante 8 y nos ha llevado, más que a un estancamiento, a un atolladero que, por la fuerza de las cosas, ha puesto en manos de una izquierda recompuesta y de un centro con definiciones progresistas -del que solía formar parte Cortázar- las llaves para salir de la crisis social más amplia que haya conocido nuestra sociedad en décadas.
Cabe subrayar que el discurso liberal ultraconocido no considera que una sociedad no puede sustentarse -sin terminar estallando- en una economía cuya competitividad descanse en la minimización de derechos sociales de los que trabajan y de la población en general. A la inversa, está más que demostrado por una amplia literatura que las sociedades más prósperas y estables lo primero que hacen es garantizar esos derechos, en grados diversos, como en su época defendía CIEPLAN y el propio Cortázar antes de dedicarse a directorios de empresas (y a una fallida candidatura a la Convención), en uno de los cuales fue multado por no actuar para que no ocurrieran repactaciones unilaterales de créditos al consumo lesivas para deudores muy modestos.
Por su parte, la tasa de impuesto a las utilidades no es hoy en Chile de las más altas en la OCDE (la tasa general es aquí de 25%), que es la comparación válida, y NO va a ser incrementada si Boric llega al gobierno. La tasa de impuesto corporativo en Alemania es, por ejemplo, mayor a la chilena, pues al 15% de base se aplica un recargo de solidaridad y un “impuesto de comercio” por un valor total de 30 a 33%, más alto en las zonas más prósperas y menor en las zonas con menos dinamismo económico. ¿No era que la “economía social de mercado” y su lógica del diálogo social eran una referencia para Cortázar, como lo ha sido Angela Merkel para muchos?
Lo que se prevé en el programa de Boric es un impuesto patrimonial que, bien aplicado, no debiera disminuir la inversión, o lo haría en una proporción aceptable, junto a establecer una regalía que, bien concebida, NO disminuye la inversión, según la propia teoría neoclásica de la renta, la que NO justifica la apropiación indebida de sobreutilidades en la explotación de recursos naturales. Se agrega en el programa de Boric un aumento del impuesto personal al grupo de muy altos ingresos, básicamente por la desintegración del impuesto a las utilidades de las empresas y a la renta de las personas. Pero quedará en un nivel de tasa marginal muy inferior al aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos y Gran Bretaña en su etapa de mayor prosperidad en la posguerra o en diversos países de Europa en la actualidad. Desde luego, existirán amplias exenciones para los dueños de pyme que podrán mantener esa integración. Y claro, Boric introduce el tema de qué tipo de inversión hay que estimular (sostenible o no, por ejemplo) y en beneficio de quién (personas, grupos sociales y territorios), lo que supone una reflexión colectiva y ampliamente dialogada sobre el tipo de modelo de desarrollo que el país debe adoptar en las nuevas circunstancias.
Lo más curioso es que Cortázar insista en que sería nocivo establecer mayores restricciones y encarecimientos de los despidos para morigerar la inestabilidad en el trabajo, incluido en el programa de 1989, que fue precisamente lo que él pactó en 1990 con Sebastián Piñera. Entonces era bueno hacerlo. Ahora no. Lo propio respecto al aumento del salario mínimo, que también tuvo un salto significativo en 1990. Además, se opone a las 40 horas semanales, lo que estableció Estados Unidos en 1943, en plena guerra (gobernaba un tal Roosevelt, claro), sin que se tenga noticia de que ese país haya quebrado desde entonces. Y se opone a la negociación por rama y a regular la subcontratación, lo que Manuel Bustos promovió siempre. Y así sucesivamente.
En contraste, las declaraciones sobre estas materias del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, son críticas, pero en un tono respetuoso y matizado. Los conversos, es verdad, suelen ser más agresivos. Cerda aseguró que «si vamos a hacer algo como eso, se necesita un análisis bien acabado de cuáles son sus consecuencias porque evidentemente alguna consecuencia tiene que tener, y yo echo de menos que a veces no tenemos esos análisis sobre la mesa«. En efecto, el debate debe continuar, con el máximo de antecedentes sobre la mesa, de manera razonada y civilizada, como va a ocurrir a partir de marzo próximo.
Avanzar por la ruta del cambio necesario o mantener el estancamiento conflictivo actual es una decisión que está en manos de la ciudadanía, en buena hora. El dilema es mantener el (des)orden social y político existente o habilitar las transformaciones que sean una garantía de avance hacia una nueva estabilidad equitativa y sostenible.
