La crisis y el rescate de LATAM por Eugenio Rivera

Por Eugenio Rivera
Fundación Chile 21

El 26 de mayo la empresa LATAM Finance Ltd.  presentó Petición voluntaria de quiebra (Official Form 201: Voluntary Petition for Non – Individuals for Bankruptcy Capítulo 11)  en la Corte de Estados Unidos de Quiebras (Sur, Distrito de Nueva York). La empresa domiciliada el paraíso fiscal Grand Cayman hace la presentación en la corte indicada pues es un caso de bancarrota relacionado con una residencia del deudor. Los activos estimados de la empresa se encuentran entre los US$ 10 mil millones y los US$ 50 mil millones. Para enfrentar el procedimiento las 29 empresas que conforman la organización han asumido una administración conjunta bajo el nombre de LATAM Airlines Group S.A. Las deudas generales de la empresa de estiman en US$ 11 mil millones.

La empresa domiciliada el paraíso fiscal Grand Cayman hace la presentación en la corte indicada pues es un caso de bancarrota relacionado con una residencia del deudor.

La importancia de la empresa para el tráfico aéreo, su historia (empresa estatal privatizada), presencia en el transporte de personas en Chile, en América Latina y entre esta región y el mundo puso de inmediato el tema en la agenda pública del país. Más aún, el gobierno decidió presentar una iniciativa de política de apoyo y rescate para grandes empresas usando a LATAM como un caso paradigmático. Son numerosos los temas que esta situación pone en debate y la presente columna tiene como objetivo contribuir a esclarecer la complejidad del problema y las dificultades que encuentra cualquier decisión al respecto.

Más aún, el gobierno decidió presentar una iniciativa de política de apoyo y rescate para grandes empresas usando a LATAM como un caso paradigmático.

La propuesta de política del Gobierno.

En un documento del ministerio de Hacienda, titulado “Marco de financiamiento de emergencia a empresas estratégicas de mayor tamaño, se propone apoyar a empresas estratégicas que enfrenten “desajustes de caja” y una “amenaza a su continuidad operacional”. Se propone apoyar la continuidad de empresas viables, de interés estratégico, con un proyecto de negocios viable que permita retirar el apoyo estatal en un horizonte razonable con una remuneración adecuada de los riesgos incurridos. No puede estar orientado a proteger accionistas, ni a los acredores sino la continuidad de las operaciones en una actividad estratégica para el país frente a circunstancias económicas y financieras extraordinarias. Como requisitos se indica que estén constituidas y con sede en Chile incluyendo aquellas con matrices extranjeras, en la medida que tengan un negocio relevante en el país, generen altos ingresos, ventas domésticas o exportaciones, impuestos y empleo, que jueguen un papel importante en la cadena de valor, comercialización, logística o abastecimiento del país y no pueden ser reemplazadas rápidamente y que sean viables en términos económicos y financieros.

apoyar a empresas estratégicas que enfrenten “desajustes de caja” y una “amenaza a su continuidad operacional”.

La propuesta de política señala la necesidad de que un proceso de salvataje de esta naturaleza, incluya reglas para el uso de fondos, limitación de distribución de utilidades, prohibición de recompra de acciones y reducción de capital, limitación de compensaciones a ejecutivos, incorporar al menos a dos directores independientes en su directorio, si ya no los hay, un compromiso financiero de los controladores y/o acreedores claves para asegurar la viabilidad de la empresa y preferencia para las acreencias del Estado respecto de accionistas y acreedores antiguos.

Respecto de las modalidades de inversión y retribución se indica como posibilidades, mantener continuidad operacional de la empresa, no salvar accionistas ni acreedores, evitar introducir distorsiones a la competencia, cuidando que la participación estatal sea temporal y no involucre tratamiento preferencial.

Respecto de las modalidades de inversión y retribución se indica como posibilidades, mantener continuidad operacional de la empresa, no salvar accionistas ni acreedores, evitar introducir distorsiones a la competencia, cuidando que la participación estatal sea temporal y no involucre tratamiento preferencial. Se subraya que este tipo de rescates implica asumir riesgos de pérdidas parciales, por lo que tiene como contrapartida una retribución justa. Siguiendo estos principios, sistema caso a caso; puede requerir garantía estatal, inversión directa en instrumentos de deuda y participación.

puede requerir garantía estatal, inversión directa en instrumentos de deuda y participación.

El debate generado

Una primera discusión refiere a si la empresa es nacional o no. Si se observa el cuadro siguiente se podría concluir que es una empresa predominantemente de orígen nacional si se considera las empresas de Costa Verde de los Cueto y sobre todo el 17,3% de propiedad de los Fondos de Pensiones.

Ha llamado también la atención del uso del concepto “empresas estratégicas” por parte de la propuesta de política del gobierno. Es conocido que desde el punto de vista del pensamiento neoliberal se ha descalificado este término. Un conocido economista hacía mofa del término señalando que bajo ese concepto hasta una panadería sería estratégica, pues un empresario desalmado podría envenenar a muchas personas. Existe sin embargo un reconocimiento implícito de lo equivocada de la visión indicada, cuando se explica, en el documento gubernamental, lo que ha de entenderse por este concepto: que tengan un negocio relevante en el país, generen altos ingresos, ventas domésticas o exportaciones, impuestos y empleo, que jueguen un papel importante en la cadena de valor, comercialización, logística o abastecimiento del país. Se trata sin embargo de una definición insuficiente. Como señala una declaración de la Comisión Económica del Partido Socialista el concepto de estratégica solo tiene sentido en el contexto de una estrategia de desarrollo donde la empresa en cuestión juega un papel fundamental.

Los problemas más importantes son sin embargo los relativos a la propia operación de salvataje y lo relativo al uso altenativo de recursos escasos.

Los problemas más importantes son sin embargo los relativos a la propia operación de salvataje y lo relativo al uso altenativo de recursos escasos. En una interesante columna el abogado Oscar Torres https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/05/27/el-complejo-rescate-financiero-del-estado-a-latam-airlines-group-s-a/ relevaba los riesgos financieros en que podía incurrir el Estado Chileno en una empresa que había visto caer su clasificación de riesgo de B+ a B- y en circunstancias que el transporte aéreo de pasajeros  había caído en cifras en torno al 90% y el lento proceso de recuperación de la emergencia sanitaria y reactivación económica hacía presumir que pasaría mucho tiempo antes que se recuperaran los niveles de actividad anteriores a la crisis. En una perspectiva de más largo plazo cabe señalar que es probable que el transporte aéreo empiece a funcionar en niveles sustancialmente más bajos, como efecto de una serie de cambios que se empiezan a vislumbrar a nivel internacional. Es también muy importante evaluar como la declaración de quiebra en los Estados Unidos (capítulo 11) incide en los efectos de un salvataje por parte del Estado de Chile. Va a ser la Corte estadounidense la que, probablemente, va a ser más incidente en la suerte de LATAM.

Es también muy importante evaluar como la declaración de quiebra en los Estados Unidos (capítulo 11) incide en los efectos de un salvataje por parte del Estado de Chile. Va a ser la Corte estadounidense la que, probablemente, va a ser más incidente en la suerte de LATAM.

Existen, por otra parte, como el propio documento del ministerio de Hacienda lo señala, múltiples mecanismos para ejecutar una operación de salvataje. La experiencia alemana con Lufthansa en que el Estado asume 20% de la propiedad parece una experiencia que puede ser interesante de seguir.

Oscar Torres también resaltaba las trampas que el sistema constitucional y legal chileno le ponen a un esfuerzo de salvataje, cuya única fórmula aceptable política y financiera sería el ingreso del Estado en la propiedad de la empresa. En efecto, como sostiene Torres son numerosos los temas que es necesario analizar, como un cambio en el estatuto social de LATAM, el aumento de capital social, emisión de nuevas acciones, representación del Estado en el directorio, serie privilegiada de acciones a favor de éste; en suma, una operación de “due diligence” compleja. A esto se suman la necesidad de abordar las restricciones que pesan sobre la posibilidad de que el Estado cree o participe en una empresa que como se sabe requiere quorum calificado.

las trampas que el sistema constitucional y legal chileno le ponen a un esfuerzo de salvataje, cuya única fórmula aceptable política y financiera sería el ingreso del Estado en la propiedad de la empresa.

Se ha argumentado también que no parece razonable, en un contexto de recursos fiscales limitados, que el Estado los utilice para salvar a una empresa privada. Es cierto que el esfuerzo fiscal necesario para sustituir los ingresos de los afectados mientras dure la crisis y, la necesidad de salvar a las empresas pequeñas y medianas es muy significativo (y los ingresos públicos caerán como efecto de la caída de la actividad económica) y hará subir el déficit fiscal, probablemente, por encima del 10% del PIB. No obstante, es importante tomar en cuenta que la inversión pública en una empresa abre la posibilidad de generar ingresos que, en el futuro, pueden ser relevantes para las finanzas públicas.

Se ha argumentado también que no parece razonable, en un contexto de recursos fiscales limitados, que el Estado los utilice para salvar a una empresa privada.

No obstante, el tema hace necesario reflexionar respecto a elementos relevantes desde el punto de vista de la estrategia y modelo de desarrollo futuro.

¿La vuelta del Estado empresario?

La pandemia ha sido implacable en evidenciar los errores del pensamiento neoliberal respecto del rol del Estado en la economía. Ya desde la crisis financiera del 2008 quedó clara a nivel global la importancia del Estado en el rescate de empresas y bancos de relevancia sistémica para el funcionamiento de las economías. El problema, en algunos casos, fue que muchas de esas operaciones se hicieron privilegiando a los accionistas de las empresas. Resulta crucial que en caso que se concrete la idea, el centro de atención está en el interés nacional y de los ciudadanos. También ha sido notable el creciente financiamiento que entregan los Banco Centrales a los gobiernos de los principales países para que ellos impulsen las medidas necesarias para combatir la crisis. En Chile en cambio, existen prohibiciones constitucionales que impiden al Estado el uso de intrumentos de política que pueden ser relevantes en momento de crisis.

La pandemia ha sido implacable en evidenciar los errores del pensamiento neoliberal respecto del rol del Estado en la economía.

En Chile en cambio, existen prohibiciones constitucionales que impiden al Estado el uso de intrumentos de política que pueden ser relevantes en momento de crisis.

En momentos que el modelo de crecimiento proyecta indicios de agotamiento, de que son cada vez más las voces que apuntan a la necesidad de avanzar hacia una economía más intensiva en conocimiento, más diversificada, inclusiva y sostenible se hace necesario un rol más relevante del Estado. Surge así la propuesta de un Estado emprendedor, el que no podría renunciar, en algunos ámbitos, a operar como Estado empresario.