Las dietas parlamentarias en nuestro país son muy altas, Así lo demuestran numerosos estudios que muestran que son las más altas de la región. Incluso más altas que en algunos de los países desarrollados. Si a la dieta (el sueldo bruto, que asciende a cerca de 9.1 millones. al que hay que descontar impuestos y los aportes en salud y previsión que pagan todos los trabajadores, con lo que reciben aproximadamente 6 millones de sueldo neto), se suman los gastos operacionales (en torno a los $ 7.823.075), el personal de apoyo (5.839.375) y las asesorías externas ($ 2.856.092) cada parlamentario le cuesta al Estado de Chile cerca de $24.773.234 (CIPPER Chile). Sn lugar a dudas un monto muy alto para un país con ingresos medios.
Pero no son los únicos que reciben sueldos muy altos en el Estado. Es necesario recordar que “los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan”, como está establecido por ley. El Presidente de la República percibe una renta un poco más alta que sus ministros (en torno a los 10 millones de pesos mensuales), mientras que los ministros de la Corte Suprema perciben una remuneración equivalente a los secretarios de Estado. Por su parte, los ex Presidentes perciben la misma dieta que los parlamentarios y ministros.
Pero hay más. Según una investigación desarrollada por el PNUD -“Desiguales”- revela que cerca de 400 funcionarios del Estado perciben remuneraciones que los sitúan en el 1 % más rico del país. Ello incluye a encargados de prensa o comunicaciones, Jefes de gabinete de ministros y subsecretarios, asesores y directores de programa, sin mencionar asesores externos, o las remuneraciones de directivos de empresas estatales.
Las remuneraciones asignadas a asesores, encargados de comunicaciones o jefes de gabinete, experimentaron un sustantivo incremento durante la primera administración de Sebastián Piñera (buscando incorporar personal de “excelencia” al sector público). Un incremento que no fuera reparado por el gobierno anterior.
Sin lugar a dudas el tema ha generado la preocupación del nuevo gobierno que, tal como informara CIPPER Chile en un reportaje sobre los “súper sueldos” en los gobiernos de Piñera y Bachelet, motivaran al entonces mandatario electo, a enviar una comunicación a sus futuros ministros estableciendo “criterios para la contratación de personal a honorarios en ministerios”, con una clara instrucción sobre el monto de los salarios que se podrán pagar a quienes concentran los mayores sueldos en el aparato público. Ello, con el fin de evitar que se repitan las críticas por los altos salarios pagados a quienes ocuparon esos cargos durante su primera administración.
Hoy se discute una antigua moción de los diputados Jackson y Boric para rebajar drásticamente las dietas parlamentarias, que en su momento recibiera ácidas críticas y no pocas descalificaciones, pero que hoy cobra vitalidad en el clima de desprestigio de la política y de las instituciones democráticas. Una propuesta que cuenta con un amplio respaldo ciudadano.
Sin embargo, el tema no deja de tener sus bemoles. ¿Por qué la atención se centra tan sólo en los parlamentarios y no en el sueldo del Presidente de la República, los ministros y subsecretarios, Jueces de la Corte Suprema, los Ministros que integran el Tribunal Constitucional, los directivos de la administración pública, sus Jefes de gabinete, encargados de comunicaciones, asesores y directivos de empresas públicas?
¿Es razonables bajara las dietas parlamentarias a la mitad, recortar las asignaciones parlamentarias y disminuir asesorías, sin considerar el tema en su integralidad? Existen buenos argumentos a favor y en contra. No parece razonable el costo que representa cada parlamentario para el erario nacional.
Sobre todo tomando en consideración el ingreso promedio de los chilenos o la reciente encuesta de ingresos familiares que demuestra que más del 60 % de las familias perciben ingresos que no les alcanza para cubrir sus gastos, para no mencionar la situación de jubilados, que perciben pensiones que no aseguran su subsistencia. Pero lo que es válido para los parlamentarios es igualmente válido para el conjunto del Estado.
Chile ostenta el triste record de ser uno de los países más desiguales de la región, en donde el 1 % concentra la mayor riqueza mientras que el 90 % está por debajo de sus necesidades básicas. Y esto es igualmente válido para el sector privado, con ejecutivos y directivos que perciben remuneraciones iguales o superiores a la de sus pares en países desarrollados, con muy distinto poder adquisitivo, mientras que las remuneraciones de sus trabajadores están muy por debajo de los estándares internacionales.
Ese es el verdadero problema que enfrenta el país. El tema de las desigualdades, en donde un muy reducido grupo disfruta de los privilegios, en tanto que la mayoría sufre de los abusos, discriminación y desigualdades que caracterizan a la sociedad chilena y que está en la base del malestar social que se instala en nuestra convivencia.
Vigorosas políticas públicas han contribuido a acortar la brecha de las desigualdades, permitiendo el acceso a la salud y educación pública, a la vivienda social, la protección de la infancia, etc. No así la política tributaria, que no hace una gran diferencia para acortar las desigualdades antes y después de los impuestos, pese a que la última reforma tenía un carácter proporcional y redistributivo
El debate sobre las dietas parlamentarias es pertinente y necesario a condición que se asuma el problema en su integralidad y no se debilite la función legislativa. No tan sólo para ajustar los altos sueldos en el Estado, sino para mejorar los bajos sueldos de los trabajadores y las remuneraciones de los pensionados. Ese es el verdadero desafío que enfrenta el país en esta área.
