En todo el mundo se debate sobre una política de estabilización de precios que no produzca una nueva caída de la economía después de la recesión de 2020. En Chile, en cambio, se discute sorprendentemente mucho de lo primero y apenas de lo segundo, en circunstancias que el pleno empleo es uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos en cualquier sociedad.
El mundo vive una etapa de crecientes incertidumbres, con la guerra de Ucrania superponiéndose a los efectos todavía persistentes de la pandemia de COVID-19. El primer impacto sanitario de 2020, que se tradujo según el FMI en una caída de -3,1% del PIB mundial, fue seguido por un crecimiento de 6,1% en 2021 y una proyección de expansión de 3,6% para este año. Una vez normalizada buena parte de la producción a escala global, se verificaron efectos inflacionarios temporales por restricciones de la oferta en diversas cadenas de suministros, en el contexto de una mayor demanda de bienes y de políticas de apoyo gubernamental a empresas y hogares (ver Brad DeLong). Se agregó desde febrero un brusco desequilibrio en el mercado de las energías fósiles y de los cereales, oleaginosas y fertilizantes por la invasión rusa a Ucrania, con importantes incrementos de precios. Estos alcanzaron en mayo un 64,9% anual en el caso del petróleo WTI y un 37,9% en el de los cereales.
En todas partes se debate ahora sobre la mejor política de estabilización. En Estados Unidos, se discute si las metas inflacionarias previas son o no pertinentes. Paul Krugman, premio Nobel de economía, señala: “cualquier interesado en la política económica debiera saber que la historia de cómo se llegó a que el 2% defina la ‘estabilidad de precios’ es peculiar, y que el argumento para mantener esa meta está menos basado en una recta teoría económica que en casi metafísicas consideraciones acerca de la credibilidad«. Agrega Krugman que “si la Fed hubiera de aplicar los estándares que prevalecieron en los años 1980, consideraría que la actual inflación es aceptable y cantaría victoria. En cambio, está poniendo una restricción en los mercados de crédito y arriesgando al menos una recesión leve para llevarnos a 2% desde el 4%. ¿Por qué? No porque haya un caso económico ineludible. Tal como Blanchard y sus coautores preguntaron en 2010: ¿son los costos netos de la inflación mucho mayores con, digamos, 4 por ciento que con 2 por ciento? No existe evidencia real de ese efecto».
Olivier Blanchard -execonomista jefe del FMI- y el propio Krugman proponen que la meta de inflación, sin los productos volátiles, se aumente a 4% en Estados Unidos y la Zona Euro, para evitar políticas contractivas sin sentido, lo que otros rechazan en nombre de la credibilidad. Lo paradojal es que los grandes bancos centrales han construido una nueva credibilidad mediante políticas no convencionales para enfrentar las dos más graves recesiones desde 1929, la de 2008-09 y la de 2020, como muestran Bhattaray y Neely en el Journal of Economic Literature, con el trasfondo del “estancamiento secular” como principal problema económico de más largo plazo. Han sido, además, reacios ante aumentos bruscos de la tasa de interés.
En el caso de Chile, no existe ningún argumento racional -dada la fuerte exposición a los impactos de los precios externos por el grado de apertura de la economía- para que la meta de inflación (sin bienes volátiles) no sea también de 4% en un horizonte de 24 meses. Hoy la meta de inflación en Chile ya es discrecionalmente de 3%, y no de 2%, como en Estados Unidos y la Zona Euro, precisamente por esa razón. En todo caso, no le corresponde al Banco Central establecer las metas de inflación, que deben ser congruentes con las de empleo, de modo de no precipitar a la economía en frecuentes recesiones. Le corresponde fijar las metas de inflación a la autoridad democráticamente electa, la que debe responder por ellas, como ha subrayado el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke. Al Banco Central solo le corresponde formular y ejecutar autónomamente la política monetaria para contribuir a alcanzar esas metas.
En los últimos meses destaca la ortodoxia del Banco Central en el manejo de la recuperación. Se ha producido una sorprendente reacción frente a los hechos medulares de la coyuntura, es decir los aumentos de precios por interrupciones temporales en algunas cadenas globales de suministro y luego una crisis aguda de los precios internacionales de los combustibles y de los alimentos. Esta inflación importada inevitable ha sido tratada como si fuera una inflación de origen interno por exceso de demanda, la que requeriría una recesión correctiva y no una corrección específica de sus efectos distributivos. No hay evidencia de una “economía sobrecalentada”, pues la producción de bienes se encuentra en promedio en abril de 2022 por debajo de la de 2018. Los servicios han experimentado una expansión importante, pero muestran menos límites de capacidad instalada para su provisión.
Si bien la inflación alcanzó en mayo un 11,5% anual, aumentaron en 14% los precios de los bienes sujetos al comercio internacional en la canasta de consumo. La tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 9% anual, lo que se explica en parte porque los aumentos de precios de los combustibles, a pesar del aplazamiento de su efecto por el mecanismo de estabilización, han impactado en toda la economía. El fuerte efecto en el consumo en 2021 de los retiros de fondos de AFP y de los ingresos de emergencia están, por su parte, en retirada y no alimentarán la inflación futura, mientras los salarios reales vienen cayendo desde octubre pasado (en abril la variación anual fue de -2,3%).
Índices Trimestrales Móviles de Actividad Económica y Ocupación (enero 2019=100), enero 2020-abril 2022
El resultado es que tendremos con una alta probabilidad otra recesión evitable en 2022. Esto ocurrirá gracias a los aumentos sistemáticos de las tasas de interés de política monetaria por el consejo del Banco Central (pasaron de 0,5% a 9% en un año). La entidad considera sin matices que deben seguir subiendo, pues «la economía está retrocediendo a una velocidad menor que la esperada, ligado a un consumo que se ha mantenido en niveles elevados”. Esta afirmación es sorprendente si se considera que el consumo desestacionalizado de los hogares ha variado en -0,6% en el cuarto trimestre de 2021 y en -0,3 en el primer trimestre de este año. Un segundo factor recesivo es el ajuste fiscal de -25% (-8% del PIB) programado para 2022 por el gobierno anterior, una «política de shock» a lo Milton Friedman que no tiene justificación alguna. Esta combinación de políticas no logrará controlar la fuerte inflación importada que durará, desgraciadamente, durante un cierto tiempo por los avatares de la situación internacional, pero terminará por afectar de manera importante la actividad e impedir una aún incompleta recuperación del empleo.
Hay dogmas que tienen larga vida, en este caso el que lleva a rechazar la idea que las economías pueden funcionar sin graves costos con un cierto nivel de inflación temporal, con las debidas compensaciones a la pérdida de poder adquisitivo de las personas y grupos de menos ingresos. El suplemento de la asignación familiar que compensa el aumento del precio de los alimentos básicos decidido por el gobierno actual va en la línea adecuada, así como la distribución en el tiempo del aumento de los precios de los combustibles y de la electricidad, junto a congelar la tarifa de transporte público.
Una recesión interna no va a evitar el aumento de los precios importados. Es un error técnico o una intencionalidad política considerar sin más trámite que es necesario debilitar la actividad productiva y provocar efectos negativos en las pymes y en el empleo. El argumento de la necesidad de “desanclar” las expectativas de una espiral de salarios-precios es válido, pero siempre y cuando se observen síntomas en la materia. No es el caso en el Chile actual. La ocupación suma en febrero-abril de 2022 unas 280 mil personas menos que en el trimestre de mayor actividad previa en 2020 (y 165 mil menos en el caso de empleo de mujeres). Los desempleados totales suman 1,5 millón de personas. El empleo informal es de 27,2% y abarca 2,4 millones de personas, según el INE.
La ortodoxia ya provocó en 1999 y 2009 (y en otras circunstancias en 1975 y 1982-83) caídas evitables de la actividad económica. Lo que subyace es el postulado de «la necesidad de un ajuste después de los excesos de gasto«, en este caso después de los retiros de ahorros previsionales y los ingresos de emergencia que estimularon fuerte pero temporalmente el consumo. Se encuentra muy pocas razones técnicas válidas y mucho de una apreciación elitaria y moralizante sobre las circunstancias que enfrenta la economía y la sociedad en el Chile de hoy.
Lo que el país ha vivido es una crisis inédita en 2019 por la acumulación de las fracturas sociales, seguida de la grave pandemia que ha afectado al mundo, junto a un desborde institucional posterior que llevó a los retiros desde AFP y a fuertes déficits fiscales. La crisis llevó a la búsqueda de una redefinición del marco institucional y del pacto social, empezando por provocar una alternancia en el gobierno. Estos procesos deben ser protegidos y no obstruidos por políticas que podrían llevar a un nuevo clima de crisis social, lo que tiene sin cuidado al mundo de la ortodoxia. El consumo requiere de un aterrizaje suave y de la mantención de políticas redistributivas, no de deterioros bruscos e indiscriminados que afectan el empleo. Simplemente el pleno empleo no es relevante para este enfoque, aunque se trate de uno de los mayores bienes públicos a ser defendidos.
