Como sin querer, queriendo, no son pocos los protagonistas del espacio político partidario que condicionan sus conductas a la inminencia de un próximo período electoral. La calculadora está instalada para las reacciones mediáticas ante urgencias predecibles, como ha ocurrido, contra reloj, en la forzada mayoría parlamentaria para el salvataje inicial de las Isapre, que no supo de celebraciones a la vista, dejando interrogantes abiertas para el conjunto del urgido sistema de salud, incluida ciertamente la mayoría de la población dependiente del desarrollo progresivo de Fonasa.
El Ejecutivo, se repite hasta el cansancio, sin contar con mayoría parlamentaria la tiene más que difícil para viabilizar una agenda legislativa ya acotada en referencia a sus pretensiones programáticas iniciales, mientras la mayoría opositora sobre apuesta a su calculadora, olvidando que, de retornar hipotéticamente a La Moneda, la obstrucción legislativa del ahora se puede transformar en un pesado boomerang del mañana.
En el referido contexto la expectativa cifrada por el Ejecutivo en el “fast track” económico de 21 proyectos para ser legislados en el marco del Pacto Fiscal, con aplicada tutela del ministro Marcel, en acuerdo inicial con las presidencias de las dos cámaras, sustenta la aspiración del Ejecutivo para viabilizar iniciativas – 19 de ellos ya en trámite legislativo- en lo referido al crecimiento, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Un test básico para poner a prueba y dar alguna continuidad a los defendidos logros que el gobierno exhibe ya cumplida su primera mitad de mandato. Una propuesta de fast track que ya ha comenzado a condicionar la oposición al tratamiento previo de la agenda de seguridad.
Sin embargo, el diablo mete la cola sin avisar, más allá de los cálculos y predicciones coyunturales, como ha ocurrido últimamente con el triple crimen de tres carabineros en Cañete, desafiando severamente las capacidades de investigación policial y judicial desplegadas desde el primer momento en un caso que pareció romper los límites hasta hoy conocidos del crimen organizado en la macrozona sur. En otra arista de alta complejidad, por la cadena de efectos institucionales posteriores, irrumpió el caso de la muerte del joven recluta Franco Vargas, durante las prácticas iniciales del servicio militar en la nortina Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”.
Cuando el desafío mayor para el gobierno en su relación con los mandos uniformados se concentraba en la crítica mantención del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el mando, a la espera de su próxima formalización judicial (por el delito de omisión en apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidios, durante el estallido social de 2019), ahora pospuesta precisamente en atención a los efectos del triple crimen de tres de sus subordinados en Cañete, las esquirlas del caso del joven recluta Franco Vargas, muerto en Putre, golpearon severamente al mando del Ejército, llegando a poner en cuestión la permanencia del comandante en jefe, general Javier Iturriaga, sólo ratificado en el cargo tras un encuentro personal con el Presidente Boric.
Ello se dilucidó luego de sucesivas contradicciones y rectificaciones de la versión oficial de los hechos, aún como materia de investigación judicial y del llamado a retiro del general Rubén Castillo, mando superior de la VI División del Ejército y del coronel Sebastián Silva, bajas confirmadas por decisión del mandatario en el encuentro sostenido en La Moneda. El impacto mediático del caso escaló con las graves denuncias realizadas por las madres de los reclutas afectados por el suceso mortal y sus circunstancias, llegando al abandono del servicio militar que realizaban 114 de ellos en el extremo norte del país.
El lamentable suceso repuso un debate polémico respecto de las normas y protocolos que regulan la práctica del servicio militar, volviendo las referencias al bullado caso de la tragedia de Antuco en 2005, que significó la muerte de un suboficial y 44 conscriptos. La ministra de Defensa, Maya Fernández, anunció muy escuetamente una revisión de los protocolos que realizará una mesa de trabajo a cargo de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Así como sucede con las interrogantes abiertas en el caso de los tres carabineros ultimados salvajemente en Cañete, la muerte del joven recluta Franco Vargas y las graves lesiones de otros, uno con una mano amputada, ha reinstalado el debate respecto de las competencias de la justicia militar, algo ya polémico en la discusión parlamentaria y en el contexto de la participación acotada de las fuerzas armadas en el combate a la criminalidad creciente en el país, con evidente irrupción del crimen organizado y el narcotráfico.
El reciente suceso ha afectado inevitablemente la imagen del general Iturriaga, que llegó al mando superior sucediendo a sus precedentes afectados severamente en materia de transparencia y probidad. El actual comandante en jefe se hizo conocido durante el estallido social en 2019, cuando a cargo de las fuerzas de control militar en la Región Metropolitana, contradijo al entonces desenfrenado Presidente Sebastián Piñera, declarando sobriamente “no estar en guerra con nadie”. Sería el propio Piñera quien lo nombraría posteriormente comandante en jefe el año 2022, en reemplazo del procesado general Ricardo Martínez.
Así, sucesivamente han irrumpido en la atención ciudadana sucesos que desafían a las fuerzas políticas con respuestas más consistentes, que trasciendan los intereses inmediatos de una confrontación crecientemente marcada por la próxima disputa electoral. Algo evidente que anima tensiones al interior de las distintas coaliciones electorales y el ansiado protagonismo de no pocos legisladores.
