Un grupo transversal de senadores entregó una limitada propuesta de reforma del sistema político que apunta a fijar una barrera de entrada a los partidos con representación parlamentaria (5% de los votos y, transitoriamente, un 4 % para la elección de 2025), además de penar con la pérdida de su escaño a los parlamentarios que renuncien al partido en cuya representación fueran elegidos. Sin lugar a duda una reforma necesaria para garantizar gobernabilidad futura del país y, de paso, recuperar la gastada credibilidad y confianza ciudadana en la política y el propio parlamento. Hoy día existen 21 partidos con representación parlamentaria, a la par de 40 legisladores que se declaran independientes pese a resultar electos en listas partidarias, muchos de los cuales integran comités parlamentarios tan sólo por razones administrativas, sin que, necesariamente, acepten las resoluciones de dichos comités, con extremas dificultades para construir acuerdos. No por nada el parlamento es una de las instituciones con menor aprobación ciudadana, a la par de los actuales partidos políticos.
Sin embargo, es muy poco probable que esta reforma pueda prosperar. Al menos en el corto plazo (y los plazos son muy cortos). Son demasiados los intereses en juego para los incumbentes. No tan sólo de los independientes, que ven en serio riesgo su posible reelección, sino también de los partidos más pequeños, surgidos de divisiones o debilitados por esa misma causa, o aquellos que no han logrado superar el umbral del 5 % a lo largo de su existencia. Probablemente la propuesta tendría mayor viabilidad si se implementara para el período subsiguiente, pero ello implica condenar al próximo gobierno a sufrir igual o mayores riesgos de ingobernabilidad que el actual o los que lo antecedieron
El actual sistema favorece aquella ingobernabilidad, con una creciente incapacidad para procesar demandas ciudadanas y llegar a acuerdos en temas tan cruciales, como la reforma del sistema previsional trabada por más de una década. Se pueden agregar varios síntomas similares en sus efectos perversos, entre ellos la postergada reforma a la salud, mientras abundan las acusaciones constitucionales fallidas, con múltiples comisiones investigadoras que llegan al ridículo de citar asesores para testificar acerca de sus reuniones privadas con el presidente.
Es más que evidente que la recientemente presentada es una propuesta de reforma limitada, insuficiente para dar cuenta de todos y cada uno de los problemas que enfrenta la actividad política, pero sería muy incomprensible que se le cerrara la puerta sin mayor debate y un genuino esfuerzo por arribar a un mejor acuerdo. Aunque algunos lo añoren es impresentable la pretensión de retornar al sistema binominal, que excluía a significativas expresiones ciudadanas, pero es necesario establecer algunas barreras de entrada al sistema político que pongan coto a la disgregación y la presencia de verdaderas pymes partidarias subsidiadas por el estado. En democracia, los independientes tienen el derecho a postularse como tales, cumpliendo ciertos requisitos establecidos, pero si un parlamentario opta por renunciar al partido por el cual fue electo, lo justo es que pierda su escaño y pueda ser reemplazado por alguien del mismo, modalidad que opera en otros sistemas democráticos del planeta.
Aunque los próximos apetitos electorales tiendan a postergar el debate sobre aquella indispensable reforma, difícilmente el tema se pueda continuar eludiendo en el contexto de la campaña parlamentaria que ya se avecina
Estrujando el caso Monsalve
La derecha insiste en buscar mayores responsabilidades políticas por el manejo del bullado caso que copa la agenda mediática, en desmedro de situaciones críticas y escándalos que la incomodan con su prolongación (como el caso Hermosilla y sus múltiples derivadas), apuntado al propio presidente de la república, sus principales asesores, la ministra del Interior y funcionarios subalternos de la subsecretaría, que se enteraron del caso horas antes que fuera de público conocimiento. Es del todo inconducente que la comisión investigadora de la cámara cite a dos de los principales asesores del mandatario para que revelen conversaciones privadas, propias de sus funciones. Como asimismo que demanden sus renuncias, Quienes aconsejan (asesoran) no pagan, reza el dicho, y ello es particularmente válido para funcionarios de la exclusiva confianza del mandatario, que es quién toma las decisiones y asume las responsabilidades.
Es un profundo error de la oposición persistir en la búsqueda de presuntas responsabilidades políticas del gobierno apostando a réditos electorales o políticos. El caso está en manos de la justicia y allí debe continuar. Los daños electorales para el oficialismo por el caso Monsalve pudieron manifestarse en las recientes elecciones municipales y de gobernadores regionales. Sus resultados fueron de dulce y agraz para la oposición. Sin duda mejoró en relación con la anterior elección, pero estuvo muy lejos de alcanzar una victoria aplastante, como aspiraba la derecha. Así se reflejó en la segunda vuelta de la elección de gobernadores, en donde el oficialismo, apoyando a connotados independientes cercanos, eligió 10 de 16, incluyendo las emblemáticas regiones metropolitana y la quinta región, sosteniendo interrogantes abiertas e indeseadas para las pretensiones optimistas de la actual oposición de cara a la próxima contienda presidencial y legislativa.
Los dilemas que enfrentan la derecha y el oficialismo de cara a la próxima elección presidencial
Evelyn Matthei no tiene despejada su carrera hacia la presidencia, por más que aparezca, hasta ahora, como favorita en las encuestas. Por de pronto, los resultados de la segunda vuelta en la elección de gobernadores implicaron un duro golpe a sus aspiraciones, toda vez que jugó su capital político en apoyo de Francisco Orrego en la región metropolitana y María José Hoffmann en la quinta región, ambos derrotados holgadamente por candidatos de la centroizquierda. Con todo su limitado favoritismo, debe adaptarse a la idea de primarias en su sector (con el incómodo exlacalde Carter y el apetito abierto en RN del senador Chahúan, además del impredecible Ossandón).
Aunque desmejorado en las encuestas y con magros resultados en la reciente elección de gobernadores, el partido Republicano sostiene su opción por competir con José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial, lejos de cualquier tentación de primarias en la derecha. Una traba adicional para las pretensiones de Matthei, en la misma medida que involucra dos listas parlamentarias, tal como ocurrió en la reciente elección municipal, en donde perdieron mas de un municipio por la dispersión de votos, con la evidente imposibilidad de traspasar la votación alcanzada en esa elección a sus candidatos a gobernadores regionales en segunda vuelta.
Todo aquello, sin descartar la ambición del diputado Johannes Kaiser para competir el voto más extremo del sector, tras renunciar a las filas republicanas y con los animados socialcristianos al aguaite para negociar con el mejor postor.
Por su parte, en el oficialismo reina la confusión acerca de la mejor manera de enfrentar los próximos desafíos electorales, luego que tanto Michelle Bachelet como Tomás Vodanovic y Claudio Orrego (las figuras mejor posicionadas en la centroizquierda), han reiterado que no están disponibles para competir por la nominación presidencial. Todo aquello en un contexto de expectativas abiertas tras los resultados de la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, instalado el desafío mayor de una amplia unidad que dista de parecer algo fácil.
La DC, aunque debilitada, apuesta a ser un factor, y su timonel Alberto Undurraga se ocupa de entregar señales de resistencia a un acuerdo que incluya al PC. Así se aproxima un período de decisiones políticas en arenas algo movedizas en el ámbito partidario de la diversa centroizquierda.
La suerte final del actual gobierno, un factor incidente
Inevitablemente la suerte del oficialismo de cara a las próximas elecciones está ligada al éxito o el fracaso del actual gobierno que buscará fijar su legado en el año y medio que le resta de mandato. La derecha se ha esforzado por proyectar una imagen catastrófica del país, insistiendo que se vive una triple crisis en materia de seguridad, estancamiento económico y crisis social, por más que las cifras no avalen estas interesadas proyecciones. En materia económica, el país se perfila mejor que hace tres años, cuando Boric recibió el gobierno. Se han equilibrado las cuentas fiscales y el país ha retomado la senda de un moderado crecimiento, que según las estimaciones del ministro de Hacienda puede llegar al 2. 4 % este año, con tendencia al alza el año próximo. La inversión extranjera es la más alta de la región y Chile aparece como uno de los países más ricos de América Latina. En materia de seguridad, el país vive una crisis más atemperada que el resto de la región, con mejor legislación, reforzamiento de los servicios policiales e importantes golpes al crimen organizado. Y respecto al ámbito social, el gobierno puede exhibir importantes avances, como un sueldo mínimo de $ 500.000 pesos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, avances en la construcción de las 260.000 viviendas comprometidas, consignado al débito las listas de espera en materia de salud y la reforma del sistema.
En definitiva, una de las claves de la próxima elección presidencial es el juicio de la ciudadanía acerca de si el país está mejor o peor que hace cuatro años. Y eso hace parte de una verdadera batalla política y comunicacional, en donde el gobierno aparece en clara desventaja respecto de la oposición y los llamados poderes fácticos, pero tiene a su favor las indesmentibles cifras. Alguna vez el economista Vittorio Corbo afirmó que le gustaría comprar el país por el valor que los chilenos le daban y venderlo por el valor que los extranjeros le asignaban. Y sigue siendo válido. Como lo muestran diversos informes internacionales que destacan la solidez económica, la estabilidad política y la razonable paz social que impera en nuestro país.
Ciertamente un factor incidente en la próxima elección será la seguridad ciudadana y la inmigración ilegal. Uno de los temas favoritos de la oposición para montar su clásica campaña del terror para períodos electorales. El gobierno ha asumido este tema como una de sus principales prioridades, reformando la ley de migraciones, inyectando mayores recursos para fortalecer los servicios policiales, la protección de las fronteras y el combate en contra del crimen organizado, impulsando una vigorosa agenda en materia de seguridad. Aún resta mucho para avanzar en esta materia, que no tan sólo requiere de mayores recursos sino también de consensos para enfrentar la amenaza del crimen organizado que se cierne sobre la región.
Tan importante como lo anterior, son los proyectos que se le ofrezcan al país, que deben asentarse en ajustados diagnósticos acerca de la real situación en que se encuentra el país, sus verdaderas necesidades y demandas ciudadanas, para contrastarlas con los recursos que se requieren para darles fiel cumplimiento. Ese debate aún no se instala en el país, pero sería muy importante conocer las propuestas de la derecha en materia de probidad, transparencia, justicia tributaria, crecimiento económico, seguridad y protección social, incluyendo los temas de salud y educación, como también una propuesta sobre estos mismos temas que unifique a los sectores progresistas.
Certeramente se afirma que las elecciones son una batalla por el futuro y que no da lo mismo quién gobierne. El último informe del PNUD señalaba que una gran mayoría del país aspira a cambios estructurales implementados de manera gradual, en base al diálogo y construcción de consensos. Les corresponde a los ciudadanos resolver que tipo de liderazgo y con qué orientación puede conducir este proceso. De eso se tratan las elecciones.
A la hora del cierre, relajando el verbo, valga la felicitación al presidente Boric y su pareja, Paula Carrasco, que han anunciado la llegada de un próximo hijo. Es de esperar que de las bancadas opositoras no surja la idea de una comisión investigadora.
