Apenas asumió la nueva administración de Sebastián Piñera, casi como reacción natural, se pronosticó una desafiante irrupción de movilizaciones estudiantiles, que podrían reinstalar el complejo escenario que enfrentó durante su primer mandato. Si a ello se agregaban las más que desafortunadas “idas de lengua” del ministro Gerardo Varela, las expectativas se acentuaban en el mismo sentido.
Una evaluación de lo ocurrido en los primeros ocho meses de la actual administración no hace más que verificar que la historia no se repite, pero rima. La realidad del movimiento estudiantil es tan permeable, como la de otros actores sociales, a nuevos factores que determinan la evolución política, económica y cultural del país.
La realidad del movimiento estudiantil es tan permeable, como la de otros actores sociales, a nuevos factores que determinan la evolución política, económica y cultural del país.
Ciertamente la demanda de gratuidad continúa presente, pero el tiempo no ha pasado en vano. Con todos los cuestionamientos conocidos a los avances parciales durante la última administración de Bachelet – rechazando la mantención de la lógica de la subvención y la regulación del lucro, en lugar de asumir plenamente la educación como derecho social – emergió protagónica y masivamente la movilización estudiantil feminista, contra el abuso sexual, por la eliminación del sexismo de la educación y demandando cambios en mallas curriculares.
Esa movilización rompió con los patrones conocidos y condicionó la reacción del conjunto de los actores políticos y sociales, incluidas las propias dirigencias estudiantiles, que debieron hacerse cargo de estas nuevas demandas (como ocurrió recientemente en la elección de directiva de la FEUC, resuelta en una segunda vuelta).
Emergió protagónica y masivamente la movilización estudiantil feminista, contra el abuso sexual, por la eliminación del sexismo de la educación y demandando cambios en mallas curriculares.
La historia de las movilizaciones estudiantiles ha condicionado el quehacer político del país, dejando huella con hitos relevantes en una evolución creciente. El movimiento de “los pingüinos”, provocó la renuncia del ministro Zilic(2006); la explosión estudiantil de 2011- que condicionó la salida del ministro de Educación, Joaquín Lavín – instaló liderazgos universitarios de carácter nacional, transformados luego en parlamentarios comunistas y del, hoy, Frente Amplio.
La inevitable renuncia del primer titular de Educación del nuevo gobierno de Piñera, el muy desafortunado Gerardo Varela, repite una tendencia, pero no necesariamente el significado de sus proyecciones. Al menos, es una interrogante abierta, al momento de evaluar un proceso en curso, bajo la conducción de la muy protegida nueva titular, Marcela Cubillos.
¿PEDIRLE PERAS AL OLMO?
Se podría retroceder muchas décadas, hacia el pasado siglo, para consignar movilizaciones estudiantiles con trascendentales efectos políticos. Al mismo tiempo habría que registrar sus naturales limitaciones y la necesidad de convergencia con otros actores sociales y políticos para consolidar cambios en una nueva institucionalidad democrática.
En esa perspectiva surgen los desafíos de una institucionalidad heredada de la dictadura y, también, el accionar marginal y vanguardista de pequeños grupos violentos que desprecian el efecto de una movilización amplia, masiva y democrática.
Esa movilización rompió con los patrones conocidos y condicionó la reacción del conjunto de los actores políticos y sociales, incluidas las propias dirigencias estudiantiles, que debieron hacerse cargo de estas nuevas demandas (como ocurrió recientemente en la elección de directiva de la FEUC, resuelta en una segunda vuelta).
Hitos, como los ya mencionados, protagonizados por el movimiento estudiantil durante largas décadas, ratifican el tremendo aporte a la politización de una ciudadanía, que pone en cuestión lo que se instalaba como algo casi natural: la mercantilización de la Educación.
Pero la política es un arte donde lo posible impera, poniendo a prueba las líneas conductoras de sus protagonistas. En ese ámbito, las interrogantes son complejas para la oposición a la actual administración de Sebastián Piñera y, ciertamente, no basta contar con una precaria mayoría opositora en el parlamento.
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del mal llamado Proyecto de Aula Segura – pese a todas las modificaciones impuestas a la propuesta original del Ejecutivo – ha concentrado el debate sobre los desafíos pendientes de la educación chilena en un aspecto relevante, pero ciertamente marginal en relación a la magnitud de los desafíos pendientes en la reforma del actual sistema.
En esa perspectiva surgen los desafíos de una institucionalidad heredada de la dictadura y, también, el accionar marginal y vanguardista de pequeños grupos violentos que desprecian el efecto de una movilización amplia, masiva y democrática.
Aunque el gobierno fracasó en su intento original y debió conceder en modificaciones sustantivas, mediáticamente se instala consiguiendo un gran logro, al concentrar la polémica pública en un asunto de violencia marginal, que involucra a un sector muy reducido de la población estudiantil.
Al mismo tiempo, la oposición parlamentaria terminó dividida, marginándose del acuerdo inicial, entre otros, diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista.
En el descrito contexto, la interrogante es la trascendencia de los resultados electorales en las federaciones de estudiantes, más incidentes en el proceso de movilización social en los últimos años.
A la mayoría sorprendió el resultado de la segunda vuelta en la reciente elección de la FEUC. Después de una victoria estrecha en primera ronda de la lista del Movimiento Gremial (MG), éste fue arrasado por la lista de la Nueva Acción Universitaria (NAU), que consiguió el 57,7% de los votos, ganando la presidencia la estudiante de Arquitectura, Belén Larrondo. No es un detalle menor en la historia del movimiento estudiantil de la Universidad Católica, la alta votación en segunda vuelta que, además ratificó la mayoría izquierdista en el Consejo Superior, donde la postulante del movimiento Surgencia (alternativa al NAU) desplazó a la postulante del gremialismo.
Haciéndose cargo de los énfasis marcados por el actual gobierno, la electa presidenta de la FEUC ha cuestionado la legislación sobre Aula Segura, enfatizando que operará como una acción punitiva que aumentará la violencia.
Ciertamente incidió en el sorprendente resultado final el vuelco de votos que en primera ronda apoyaron a listas alternativas, como N- Nulo, que expresaban un descontento desafiante a las otras opciones. En esa perspectiva, la electa timonel de FEUC se ha manifestado sensible a una ampliación de las reivindicaciones planteadas para el próximo período en ámbitos como el bienestar estudiantil, el rol de los trabajadores, la confluencia con las demandas feministas y la gratuidad universal.
Haciéndose cargo de los énfasis marcados por el actual gobierno, la electa presidenta de la FEUC ha cuestionado la legislación sobre Aula Segura, enfatizando que operará como una acción punitiva que aumentará la violencia.
Cuánto incidirá la organización estudiantil en el nuevo período político y social del país?
Una interrogante abierta en el caso de la FEUC y su amplia convocatoria electoral. Mientras en el caso de la FECH, enfrentando precariedades institucionales y de representación – el titular electo, Alfonso Mohor, renunció tras polémica por supuesto encubrimiento de acoso laboral – se vive un proceso de reformulación orgánica y de estatutos para llamar a una nueva elección, con amplia convocatoria, el primer semestre de 2019.
El final de año se aproxima. El gobierno saca cuentas alegres con la legislación sobre aula segura. Más allá de cualquier previsión, la historia enseña que la irrupción del movimiento estudiantil llega con pocos avisos.
