Los marcos cognitivos y las identidades políticas

Es difícil dejar de interrogarse sobre el sentido de los discursos hoy prevalecientes en la esfera pública en Chile.

 Puede ser útil partir por una cita de George Lakoff sobre los marcos cognitivos («No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político«, 2004): “Cualquier palabra como elefante, evoca un marco, que puede consistir en una imagen u otro tipo de información: los elefantes son grandes, tienen orejas flexibles y trompa, se los asocia a los circos, etcétera. La palabra se define en relación con dicho marco, y cuando negamos un marco, también lo estamos evocando. Richard Nixon lo aprendió a las malas. Sometido a una gran presión para dimitir debido al escándalo de Watergate, se dirigió a todo el país por televisión. Se presentó ante la población y dijo: «No soy un delincuente». Y todo el mundo pensó en él como un delincuente. Esto ilustra un principio básico de la teoría del marco que le servirá cuando esté discutiendo contra el bando contrario: no use su lenguaje, ya que éste resalta un marco que no será el que usted desea«. Y agrega: «los candidatos liberales y progresistas tienden a seguir los sondeos y deciden que tienen que ser más «centristas» desplazándose hacia la derecha. ¡En cambio los conservadores no se desplazan en absoluto hacia la izquierda y ganan igualmente! (…). Votan su identidad, sus valores, votan a aquel con quien se identifican.» 

Lakoff desarrolla su explicación sobre la base de la diferente manera en que las corrientes de valores progresistas o conservadores interpretan la metáfora de la nación como familia. Diferencia a quienes se apoyan en la visión del padre estricto y a los que se acercan más bien a la visión del padre protector. ¿Y cuál es la identidad progresista? Cada quien tendrá su definición, dado que es un conjunto plural, pero se vincula a la protección antes que al castigo y a la idea de considerar como universal la condición humana y su dignidad en un mundo libre de temor, miseria y discriminación, basado en la democracia, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades y la reciprocidad y solidaridad entre y al interior de las comunidades de pertenencia. En ese marco ocupa un lugar destacado la empatía, que es afectiva y también cognitiva cuando razona sobre hechos, causas, efectos y perspectivas. La identidad conservadora suele privilegiar, por su parte, la idea de supuesta autoridad jerárquica natural que estaría por encima de la deliberación sobre los hechos de la sociedad y las conductas a seguir. En el extremo, es una identidad autoritaria que cree estar en posesión de verdades tradicionales aceptadas que no pueden discutirse, llamadas a establecer las reglas, identificar los males y designar enemigos. En Chile, estos son con frecuencia el indígena y el extranjero, pero también los que los conservadores no consideran “verdaderos chilenos” desde la propia fundación de la república. Esta identidad justifica la violencia represiva y la ausencia de Estado social y usa un lenguaje imperativo, o “performativo” como diría John Austin, en favor de intereses privilegiados.  

A su vez, existen votantes con identidades más ambivalentes o en formación. Lakoff caracteriza a ese votante como biconceptual, en el que coinciden posiciones racionales y reflejos emocionales progresistas y otros conservadores. Suelen ser votantes pivotes en la construcción de mayorías. Tratar de conquistarlos con “políticas moderadas” puede ser un camino, pero será mucho más eficaz ofrecerles propuestas atractivas, creíbles y fácilmente identificables. 

En todo caso, sumarse al discurso ambiente creado por los medios de comunicación dominantes termina afirmando una visión política particular, aquella de tipo conservador que defiende privilegios. Aunque en principio no se comparta esa visión, el uso de su marco cognitivo valida la identidad que está detrás y amplifica su audiencia. 

En nuestra contingencia, cuando se repite sin cuestionarlas palabras como «crisis de seguridad«, se da por hecha una situación al menos discutible, cuyo trasfondo es intentar poner por delante una supuesta impotencia de la democracia para garantizar el orden público, el principal discurso implícito de la derecha chilena. Los hechos son otros: en los últimos años, han migrado de manera irregular a Chile, y a otras partes, grupos organizados que emplean altos niveles de violencia en los delitos que cometen y en sus ajustes de cuentas. Han hecho crecer la tasa de homicidios desde 2018, la que pasó de 4,5 por cada cien mil habitantes a 6,7 en 2022. Esta es una situación nueva y muy repudiable, que requiere nuevas herramientas policiales. Pero esto no constituye necesariamente una “crisis de seguridad”. Lo sería si las policías no hubieran logrado golpear a las bandas transnacionales y que en 2023 haya habido 82 homicidios menos que el año anterior. La meta es mantener una situación de baja prevalencia de crímenes respecto a otros países comparables (la delincuencia cero no existe) y hacerla retroceder, aunque durante este año siguen produciéndose episodios dolorosos, que revelan que la tarea sigue siendo ardua e inestable. En particular, está a la orden del día evitar que las cárceles se transformen en lugares de organización y coordinación del delito. 

Las nuevas amenazas de seguridad debieran llamar a un consenso políticamente transversal, pero la oposición ha decidido hacer de la delincuencia un caballo de batalla electoral, deseando su multiplicación para infundir sostenidamente temor en la población y atribuirle la responsabilidad al actual gobierno y a la inmigración que, por lo demás, la misma derecha estimuló en su momento. Queda fuera cualquier referencia a los gobiernos de Piñera, en los que no se avanzó mucho en medio de palabras vacías (“se acabó la fiesta de los delincuentes” y “no más puerta giratoria”). Esto debiera denunciarse con más frecuencia como una actitud reprochable, en vez de entrar en la carrera de quien es verbalmente más drástico y pide más aumentos de penas.

El hecho es que el gobierno ha fortalecido las políticas de seguridad y de control migratorio, contrariamente a lo que afirma día a día la oposición, lo que dará poco a poco sus frutos. Dejar que se afirme lo contrario o incluso dejarse llevar por la falsa idea de que el progresismo no se preocupa del tema (baste recordar la transición y como se resolvieron con eficacia los temas de seguridad para desmentirlo), no hace sino favorecer a la ultraderecha autoritaria. Y evita discutir sobre las reformas de las leyes laborales, los sistemas de salud, pensiones o acceso a la vivienda, y sobre los recursos tributarios adicionales desde los sectores de mayores ingresos que son indispensables y que la derecha rechaza en el parlamento.

También se ha puesto de moda mencionar despectivamente la palabra «permisología«, cuando en realidad se alude a regulaciones sanitarias, ambientales y sociales que son indispensables para la vida en común, aunque sean siempre perfectibles y deba buscarse en cada caso la tramitación más rápida posible, aunque no por eso menos estricta. El empresariado quisiera que estas regulaciones no existieran o fueran laxas, en detrimento del interés general, lo que debiera reprochársele en vez de sumarse al coro en su contra. 

Otro reflejo sistemático que moldea el debate público es la repetición sin más de aquello de «los expertos opinan tal cosa» para llevar agua al propio molino, sin reparar que suele tratarse de opiniones particulares de algunos expertos, frecuentemente sesgadas por intereses creados y no suficientemente basadas en evidencia. 

En suma, hoy en Chile un cierto progresismo se deja llevar por el marco cognitivo conservador en temas que aparecen muy arriba en las encuestas (las encuestas no hacen todas las preguntas necesarias y orientan las respuestas para reafirmar una visión predeterminada), tienen fuerte impacto a través de los matinales de TV y crean un amplio temor en la población. 

Peor aún, se ha terminado por ampliar un arsenal legislativo autoritario, inspirado por un creciente populismo penal. Como señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, “este enfoque de mano dura no tiene mucho sentido. La delincuencia en América Latina y el Caribe ha aumentado, a pesar del incremento de las penas y la consiguiente subida de población penal en las últimas décadas (…). Las sentencias más largas tienen poco o casi ningún impacto en la delincuencia y … tampoco suelen ser muy efectivas para disuadir el crimen. Para que una sentencia larga tenga efecto, los delincuentes deberían ser capaces de asimilar esa información y comparar racionalmente los beneficios actuales frente a los eventuales costos de ser capturados, y verse disuadidos ante la posibilidad de pasar una larga temporada en la cárcel. Pero ese tipo de comportamiento difícilmente describe a delincuentes que suelen tener bajos mecanismos de autocontrol y actuar bajo el impulso del presente.” Lo efectivo es el trabajo policial en vínculo con las comunidades y sus problemas cotidianos de seguridad y, a la vez, el reforzamiento de los medios de inteligencia tecnológica y humana contra el crimen organizado y las bandas. En cambio, el populismo penal no resuelve nada y desprotege de los abusos de poder, cuya impunidad es precisamente lo que busca la ultraderecha, lo que termina creando ambientes de polarización y violencia. 

Las palabras que se usan nunca son neutras. La izquierda y el progresismo tienen todo que ganar si ponen en el contexto de su propia identidad las propuestas de progreso de la mayoría social, incluyendo los temas de seguridad. En efecto, ¿por qué dejar de lado la importancia en el combate a la delincuencia de la protección social, que incluye abordar mejor los riesgos del desempleo, bajos ingresos y difícil acceso a la atención de salud y a la educación de calidad? ¿Por qué no poner en el centro el cuidado efectivo de la infancia y de las familias, el trabajo decente y la mano tendida a quienes sufren dificultades individuales o colectivas, o bien agresiones y discriminaciones injustificadas? ¿Por qué no reivindicar con más fuerza el espíritu de justicia y la necesaria corrección en las conductas, especialmente de las autoridades, incluyendo las policías que tienen el mandato de proteger y no el de abusar, como además lo cumple la mayoría de sus miembros? ¿Qué hacer con los 340 mil Ninis que hay en Chile entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan? ¿Por qué no enfatizar la batería de políticas educativas y de formación para el trabajo que debieran abordar un problema que es colectivo? Los enfoques de seguridad humana son los que atacan con mayor profundidad las causas socio- culturales de la delincuencia y la carencia de marcos normativos a ser respetados en medio de la disolución individualista de comunidades de pertenencia, las que deben ser reforzadas. 

No poner por delante la identidad propia históricamente construida es, siempre siguiendo a Lakoff, el camino más seguro hacia el fracaso político frente a las visiones conservadoras, aquellas que amplifican expresamente el miedo en su búsqueda de suscitar respuestas autoritarias e intolerantes a los problemas de la sociedad.