Por Marcelo Contreras N.
Aumentar la subvención estatal para los organismos colaboradores del SENAME constituye, apenas, un paliativo para cubrir el enorme déficit que arrastran la mayoría de estas instituciones, recibiendo una mísera subvención, muy por debajo del costo que supone acoger a un menor en estado de vulnerabilidad. Menos de la mitad de lo que gasta el Estado para mantener a un reo en prisión (que ya es muy baja).
Nada asegura que ese incremento le permita a los hogares de acogida mejorar sustantivamente la calidad de la atención que hoy brindan a estos menores. A lo más podrían reducir sus déficits y marginalmente mejorar algunos servicios o prestaciones.
Fresco se mantiene en la memoria y retina de los chilenos, el impacto de decenas e incluso centenas de casos de muerte de menores, en circunstancias no suficientemente esclarecidas, ocurridas en algunos de estos recintos. Así como la denuncia de abusos y apremios a algunos de ellos, las fugas de muchos para prostituirse o delinquir. Se debe consignar también la desatención y abandono de niños con capacidades limitadas, trastornos mentales o emocionales.
Continúa pendiente la definición de una política integral de atención hacia la infancia. Una que, además, enfrente la liviandad con que ciertos jueces de familia resuelven quitar la tuición de sus hijos a los padres, para entregársela al Servicio Nacional de Menores y los organismos colaboradores, sin investigar adecuadamente si existen otros familiares directos que podrían hacerse cargo de su tuición.
Una política que asuma a los hogares de acogida como un recurso de última instancia. Luego que una rigurosa investigación permita determinar que estos niños y niñas en situación de vulnerabilidad estarán verdaderamente protegidos en hogares que cumplan altos estándares de atención integral, sin exponerlos al contacto con infantes o adolecentes que han cometido delitos. O a los abusos que se registran en algunos de estos hogares.
Se afirma que gobernar es priorizar. No es simple hacerlo entre necesidades sociales básicas y sectores vulnerables, como la infancia, la tercera edad, o personas en situación de calle o extrema pobreza.
Fresco se mantiene en la memoria y retina de los chilenos, el impacto de decenas e incluso centenas de casos de muerte de menores, en circunstancias no suficientemente esclarecidas, ocurridas en algunos de estos recintos. Así como la denuncia de abusos y apremios a algunos de ellos, las fugas de muchos para prostituirse o delinquir. Se debe consignar también la desatención y abandono de niños con capacidades limitadas, trastornos mentales o emocionales.
Ciertamente estas situaciones, denunciadas con cierto morbo por algunos medios de comunicación, conmueven e inquietan a la opinión pública, que tiende a responsabilizar al Estado, y los propios hogares, por las condiciones de abandono y precariedad en que deben vivir estos menores en extrema vulnerabilidad. Falta asumir la responsabilidad colectiva que tenemos como país, al no otorgar la prioridad, urgencia e importancia que el tema requiere.
Poner a los niños en la primera fila bien puede ser una prioridad compartida por una muy amplia mayoría nacional. Y con la máxima urgencia. Incrementar la subvención a los organismos colaboradores del SENAME, que debe ser aprobada sin mayores trámites, es apenas una solución de parche para un problema social que interpela con fuerza al país.
Ello no quiere decir que el tema no haya estado presente en la agenda pública en los últimos años. Probablemente la constitución del Consejo Nacional de la Infancia, con el mandato de elaborar una propuesta política integral sobre la materia, que creara la Presidente Michelle Bachelet, fue el intento más serio para abordar este desafío. Funcionó durante todo su segundo mandato y culminó sus trabajos con la entrega de un enjundioso informe, que contiene un acabado diagnóstico y múltiples propuestas, que no han sido suficientemente debatidas o acogidas por la actual administración ni en el debate parlamentario, salvo en lo referido a separar el Servicio Nacional de la Infancia en dos instituciones, incrementar marginalmente la subvención para sus servicios colaboradores y crear una nueva comisión presidencial para debatir algunas de sus propuestas.
Se afirma que gobernar es priorizar. No es simple hacerlo entre necesidades sociales básicas y sectores vulnerables, como la infancia, la tercera edad, o personas en situación de calle o extrema pobreza.
La pobreza y las desigualdades están en la base de muchos de estos abusos y discriminaciones.
Poner a los niños en la primera fila bien puede ser una prioridad compartida por una muy amplia mayoría nacional. Y con la máxima urgencia. Incrementar la subvención a los organismos colaboradores del SENAME, que debe ser aprobada sin mayores trámites, es apenas una solución de parche para un problema social que interpela con fuerza al país.
El gobierno como el parlamento y la llamada sociedad civil, comparten responsabilidades para definir una política integral de atención de la infancia. Una que garantice la defensa de sus derechos y oportunidades. También a quienes, como ellos, sufren diversas formas de abuso y discriminación. Principalmente entre los sectores de menores ingresos.
La pobreza y las desigualdades están en la base de muchos de estos abusos y discriminaciones.
