Múltiples son las injusticias que anidan en nuestra sociedad y en otras, por cierto. Una de sus expresiones más evidentes es la brecha distributiva que hay entre ricos y pobres, la cual tiene su origen en la distribución funcional del ingreso que resulta de las relaciones laborales.
En uno de sus cantos, Violeta Parra describía las fronteras de nuestro territorio, recordando los límites del norte, del sur, el este y el oeste para terminar denunciando que “Chile limita al centro de la injusticia”. Lejos de ser retórica, múltiples son los signos de esa impronta. Si bien hace ya bastante tiempo que fuimos advertidos de esa condición, ello no fue obstáculo para que se convirtiera en una característica perenne de nuestra historia.
Esa sensación de injusticia es la que ha empujado a los chilenos y a las chilenas a ocupar las calles para denunciar el modelo de sociedad resultado de largos años de dictadura, de la consolidación de un capitalismo al servicio del empresariado y de una democracia sin gluten ni sal.
La injusticia tiene expresiones múltiples. La de un sistema judicial que, lejos de ser ciego, tiene ojo de halcón, para encerrar largos años en prisión preventiva a los pobres que presuntamente transgreden la ley, mientras envía a clases de ética a los poderosos cuyos delitos sí ha verificado.
Es la injusticia de un Estado que defiende a capa y espada la propiedad de un bien tan básico como el agua, para favorecer a grandes tenedores de derechos, frente a atomizados consumidores que deben satisfacer sus necesidades mediante camiones aljibes.
Es la injusticia que supone un país que presume ante la región de sus altas cotas de bienestar, mientras el acceso a bienes públicos tan elementales como el ingreso en la vejez, la salud y la educación, dependen de los recursos con que hoy puedan contar o no.
Los salarios
Sin embargo, a pesar de los múltiples ejemplos que puedan esgrimirse respecto a la clamorosa falta de equidad en nuestra sociedad, hay un ámbito en que por antonomasia ella se expresa: los salarios.
Desde la economía convencional y en términos generales, el ingreso nacional, que es otra expresión del PIB, corresponde a la suma de los pagos que se realizan a los factores productivos: trabajo y capital. El aporte a la producción que realiza el capital tiene como contrapartida el pago de beneficios, es decir, el premio que recibe el empresario por la inversión realizada son las utilidades que resultan de la actividad de la empresa. Como contrapartida, el aporte que realizan los trabajadores con el mismo fin, da como resultado el pago de salarios.
Desde la economía política se discute el hecho de que los beneficios se originan en el trabajo de las personas y no en el dinero o las cosas, con lo cual, en realidad ocurre una apropiación ilegítima por parte del empresario. Cuando este se queda con las utilidades, lo que hace es escamotear una parte del aporte que realizan los trabajadores a la producción. Para Marx constituye el fundamento de la explotación.
El Salario Mínimo como expresión de la brecha distributiva
Existen varias formas de ver la brecha distributiva desde el punto de vista de los salarios que se pagan en Chile. Desde el punto de vista de la productividad del trabajo, se podría comparar la retribución mínima que muchos de ellos reciben, el Salario Mínimo Legal(SML), con el aporte del trabajo (PIB por ocupado). Así, la relación sería (SML/PIB por Ocupado). Al año 2020, el SML representaba el 15,3% del valor creado por el trabajo en la economía, mientras que la misma relación considerando el Salario Mediano, era de 19,7%[1]. Si observamos la situación en la región y de otros países respecto al salario mínimo, no tenemos un desempeño especialmente favorable. En el caso de Argentina, el valor de esa relación alcanza el 14,7; en el caso de Perú, llega al 23,6%; y en el de Bolivia, al 38,8%. Esto implica que la situación de los trabajadores más desfavorecidos en Chile solo es ligeramente mejor que en Argentina y está lejos de ser la mitad de la que tiene Bolivia.[2]
En el caso de Alemania, se llega a ese valor con el proyecto del acuerdo programático de los partidos PSD, Verdes y Liberales que han llegado al gobierno y que llevará el salario mínimo desde 9 euros la hora a 12,5 euros. En el caso de España, es resultado del último incremento del salario mínimo.
Otra manera de acercarnos a la injusticia salarial en nuestro país es mirar nuestra propia historia, con independencia de contextos regionales y otras comparaciones. En términos económicos, la transición chilena es presentada como un éxito. Sin embargo, el indiscutible crecimiento de la riqueza no se acompañó de un incremento equivalente de los ingresos para los trabajadores con peor inserción en el mercado del trabajo.
Fuente: Elaborado con datos INE y BCCh
Si bien la participación del SML en el PIB por ocupado creció durante una parte del siglo XX, desde el año 2000 en adelante esa participación se estancó. Esto contrasta con el crecimiento experimentado por el producto por cada ocupado, lo que, a su vez, es resultado del crecimiento del PIB. La suma de la riqueza creada aumentó 4,4 veces en el periodo, mientras que la ocupación lo hizo solo en 1,9 veces.
La base de la desigualdad
Aunque es el principal tema que subyace al estallido social de 2019 en Chile, ello no significa que la inequidad haya emergido como un tema nuevo. En repetidas oportunidades hemos visto las participaciones que tienen distintas fracciones de la población (deciles o quintiles) en el ingreso total. Esto corresponde a lo que se conoce como distribución personal. En el contexto de la OCDE, Chile tiene un indicador de desigualdad (GINI) de 0,46 disputando Chile la última posición con México.
Sin embargo, esta distribución personal principalmente es resultado de otro tipo de reparto, la llamada “distribución funcional”, que expresa la manera en que el capital y el trabajo se reparten la riqueza producida. Es decir, cómo participan las utilidades que se llevan los empresarios y los salarios que reciben los trabajadores en el PIB.
Naturalmente, si los trabajadores tienen mayores niveles de organización y capacidad negociadora, la presencia de los salarios en el PIB tiende a crecer, y viceversa. Según J. Gavan, la participación de los salarios en el PIB durante la década del 40 en Chile era cercana al 40%; las luchas sociales del periodo posterior la llevó al 47% en 1968. Desde la dictadura en adelante ese valor no ha vuelto a superar ese 40%, estando hoy día en torno al 38%,[3] lo que ciertamente es resultado del deterioro de la organización sindical desde la dictadura hasta nuestros días.
Como referencia, Inglaterra y EE.UU. tenían una participación de los salarios del 60% luego de la I Guerra Mundial, que se elevó hasta el 70% hacia finales de la década del 50. España, en la actualidad, tiene una participación del 52%, luego de la reforma laboral del Partido Popular y que afectó gravemente los derechos laborales de los trabajadores.
La asimetría de poder que se produce acaba traduciéndose en una mayor apropiación del ingreso por parte del capital. De ahí en más, la distribución personal solo refleja la injusticia de base que se produce en el mundo del trabajo.
Ciertamente el Estado tiene el deber de intervenir en este campo para compensar la inequidad propia del capitalismo que se produce en el mundo del trabajo. Esa función la cumple mediante las políticas sociales y la estructura tributaria. Dado que el sesgo de la política social se identifica con la “focalización”, su impacto en la estructura distributiva es muy limitado. Por otra parte, el sistema tributario en Chile es particularmente regresivo, al estar fuertemente anclado a los impuestos indirectos (IVA) y con distintas brechas que facilitan la evasión y la elusión para los más acomodados. Adicionalmente, la carga tributaria en Chile es la más baja de la OCDE, limitando aún más su eventual efecto redistributivo. Las estadísticas señalan que el índice de desigualdad pasa de 0,49 a 0,46 como efecto de las transferencias del Estado y los impuestos.[4]
La injusticia
El que los trabajadores más postergados solo perciban el 15% de la productividad media del trabajo, nos habla de dos aspectos. El primero es que no podemos omitir el hecho que la injusticia y la desigualdad a la que tantas veces se alude como uno de los grandes causantes del agotamiento del modelo de desarrollo heredado de la dictadura, tiene su origen en el mundo del trabajo y en la manera como se reparte entre trabajadores y empresarios la riqueza creada.
El segundo aspecto es que ese escenario de injusticia distributiva tiene una expresión más abyecta que está relacionada con el segmento de hombres y mujeres trabajadoras más postergados. Las sempiternas excusas que aluden al incremento del desempleo o la amenaza a la estabilidad de las PYMES, cada vez que se discute el incremento del SML, han demostrado carecer de sustento real. Mientras tanto, aquellos con menos poder de negociación, ven cómo la prosperidad de la que muchos se ufanan les continúa siendo escamoteada.
La sociedad de derechos que esperamos resulte de las definiciones de la nueva Constitución, debe contemplar los fundamentos regulatorios del mundo del trabajo, que impidan la reproducción secular de las injusticias. De lo contrario, la propia sociedad de derechos será solo papel mojado.
Por Patricio Escobar, Barcelona
Diciembre 28, 2021
[1] Calculado con datos del INE.
[2] Valores calculados con datos oficiales de cada país.
[3] James Gavan (1968) Sobre la distribución funcional del Ingreso en Chile en “Cuadernos de Economía UC”, año 5, número 15, Santiago 1968. CEPAL (2017) “Distribución funcional del ingreso en AL”. Javier Lindenboim (2008) Distribución funcional del ingreso en “Problemas del Desarrollo”
[4] Belén de la Torre (2020) “Desigualdad en Chile” Universidad de Barcelona http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/173879/1/TFM_MOI_Torre_2020.pdf
