El IPOM de marzo: ¿matices en el diagnóstico?
El informe de política monetaria (IPOM) del Banco Central (BC) dejó en evidencia un deterioro de las proyecciones económicas para este y el próximo año. La inflación se esperaba que alcanzara un promedio en 2022 de 5,9% se estima ahora que mostrará una cifra de 8,2%. Para el 2023 se suben las estimaciones desde 3,2 a 3,4%. En este escenario la expectativa era que la tasa de política monetaria subiera desde un 5.5% a 7,5%; no obstante, el BC sorprendió al mercado al elevarla a 7%. Ello está asociado a que mientras en diciembre la cifra esperada de crecimiento era de 1,5 a 2,5% para el presente año, las proyecciones se ubican ahora en un rango de 1 a 2%. Para el 2023 pasan de un rango de 0 – 1% a entre 0,25 y 0,75%. Del mismo modo, el IMACEC desestacionalizado de febrero dejó en evidencia una caída de 0,7% respecto al mes de enero sumándose a las caídas de diciembre de 2021 (-0,4%) y de enero (-1%), lo que evidenció un ajuste más rápido de lo esperado.
Mientras que en diciembre el BC afirmaba que la principal causa de la mayor alza de los precios habían sido factores de índole local en el último IPOM se introducen algunos matices. Aún insistiéndose en que el mayor gasto en el 2021 sigue siendo el principal determinante del alza de la inflación, el BC llama la atención que su impacto se acentúa por las presiones por el lado de la oferta, entre las que destacan las dificultades de las cadenas de distribución global para recuperarse de los efectos de la pandemia, los mayores precios internacionales de las materias primas en particular de la energía, alimentos y algunos metales y el alza de los costos laborales. Se sostiene que ello se exacerba al considerar “la depreciación que ha acumulado el peso en el último par de años”. No resulta claro el sentido de esta última afirmación pues desde diciembre del 2021, el peso ha sufrido una importante apreciación al pasar de un promedio de 849 pesos por dólar a 807 en febrero y 799 en marzo.
Al precisar sus proyecciones de inflación para el presente año el informe de política monetaria sostiene que a mediados de año alcanzaría un 10% de aumento (en 12 meses) debido a que la demanda continúa a niveles excepcionalmente alto; no obstante, sostiene a reglón seguido que “el principal factor son las altas y crecientes presiones de costos”, que reflejan un acomodo de los márgenes de las empresas ante el deterioro que experimentaron en los últimos trimestres a lo que se suma el alza reciente de los precios de ciertas materias primas debido a la invasión de Rusia a Ucrania y un tipo de cambio real (TCR) que se ubica en niveles elevados.
El ajuste observado en el IMACEC desestacionalizado, la confirmación que el nuevo gobierno se atendría a la reducción del gasto que contemplaba el Presupuesto para el 2022, el menor impulso externo, pese al aumento del precio internacional del cobre, el aumento de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo y por tanto condiciones financiera menos holgadas (cuestión que se refleja en el comportamiento de algunos activos) y la reducción del crecimiento del PIB mundial esperado para el 2022 desde 4,2% (en diciembre) a 3,1% ha tenido como consecuencia que el BC equilibre la preocupación por el aumento de la inflación con la inquietud de que el país entre en una recesión en el segundo y tercer trimestre. Según el BC esta situación podría agudizarse como efecto de la guerra en Ucrania y los efectos sobre el crecimiento de la zona euro, de las sanciones aplicadas y por aplicar a Rusia lo cual afectaría a Chile por la importancia para el comercio de Chile de algunos de esos países. De ahí que la tasa de política monetaria se haya llevado a 7% en lugar de 7,5% y el BC señale que los aumentos futuros de la tasa serían menores. Más aún, el BC sostiene que de hacerse la contracción de la actividad y la demanda más intensa que en el escenario central previsto y, si tiene lugar un deterioro mayor de las expectativas de los agentes económicos y del mercado laboral y si la incertidumbre tiene un impacto mayor en la inversión se podría hacer necesario “una reducción más rápida de la TPM”.
El desempeño mediocre previsto por el Banco Central para el 2023 “no está escrito en piedra”
Aunque no fue explícito, el ministro de Hacienda y hasta hace poco más de dos meses presidente del BC, sostuvo en entrevista a un matutino de la capital que, si bien los niveles de actividad durante el presente año no le preocupaban, pues en términos de condiciones de vida, estas serían similares a las del año pasado, sí le preocupaban las proyecciones de crecimiento que el BC realizaba para el próximo año señalando que “el 2023 no está escrito en piedra y nuestra economía no está para nada condenada al estancamiento”. Depende mucho de lo que hagamos este año en términos de generación de capacidad productiva, de condiciones para que se reactive la inversión, mejoras en materia de productividad o de competitividad, reducción de incertidumbre”. Pero al gobierno no le preocupa solo el próximo año; también ha decidido tomar medidas para ir en auxilio de los más pobres y de las Pymes que han sufrido un período sumamente difícil.
El “plan de recuperación inclusiva” que solo se ha delineado en términos generales ni se ha precisado el monto de recursos a utilizar, no tiene como objetivo reactivar la economía sino un rebalanceo “para que su recuperación sea sostenible en el tiempo y no se produzca a costa de inflación”. El dilema principal que deberá dilucidarse es si la iniciativa se financiará con las holguras del mayor precio del cobre, con los recursos de libre disposición dejados por la administración anterior y por reasignaciones o si aparte de ello el gobierno incurrirá en un mayor déficit fiscal.
El plan incluye seis componentes: apoyo
a la reincorporación al trabajo remunerado que incluiría la extensión del IFE
laboral hasta septiembre con foco especial en el empleo femenino (pues las
mujeres han sido las más afectadas por los impactos económicos negativos de la
pandemia), mayores de 55 años y jóvenes. Componente central del programa es
también el apoyo a las pymes, en particular para enfrentar el endeudamiento.
Incluye también un aumento de 30% de los recursos para inversión pública. Si
bien en vivienda el aumento de la inversión es factible en el corto plazo, será
necesario ver si ello es posible en otros campos de la inversión pública cuyos
proyectos requieren mayores tiempos de preparación. Frente al importante
aumento de los precios de combustibles y alimentos el plan incluirá
instrumentos para amortiguar el aumento del costo de la vida. Este componente
requiere cambios legislativos por lo que se presentarán los proyectos
respectivos en el curso del presente mes de abril. Se anuncia también medidas
tendientes a institucionalizar mecanismos de protección económica y social
Pese a que en enero se había anunciado que en mayo entraría en vigencia la ley que elevaría el salario mínimo a $ 400 mil (en la perspectiva de terminar el gobierno con un salario mínimo de $500 mil), las incertidumbres causadas por la invasión rusa a Ucrania han llevado a las autoridades económicas a reevaluar la decisión. Es así como la ministra del Trabajo señalaba en una entrevista el 20 de marzo que el tema no estaba zanjado y el ministro de Hacienda no se refirió al tema en la entrevista indicada más arriba. La discusión se ha centrado en el eventual efecto inflacionario del aumento del salario mínimo lo cual debe ser analizado teniendo en cuenta que es relevante para una fracción menor de los asalariados y que podría significar un respiro importante para las personas más vulnerables que están sufriendo el impacto de los fuertes aumentos de los precios de los alimentos (donde el caso del aceite es solo un ejemplo entre otros). La otra dimensión importante de analizar es el referido al impacto sobre las pymes del aumento. Respecto a ello, el gobierno ha asegurado que de aprobarse la iniciativa esto iría acompañado de medidas de apoyo al mundo pyme. De hecho, esto está contemplado en el programa de recuperación inclusiva.
Con todo lo compleja que es la situación económica heredada de la administración anterior, no cabe duda de que es necesario enfrentar con decisión el deterioro que ha venido experimentando la capacidad productiva. Hacia finales del 2017, el BC estimaba el PIB tendencial en una cifra en torno a los 3,2%; el cual según las diversas estimaciones se ubica en la actualidad en torno a un 2%. La grave situación económica heredada, la perspectiva de una recesión y el esfuerzo por preparar el plan de recuperación inclusivo no ha dejado espacio ni tiempo para que las autoridades aborden los desafíos de la recuperación y crecimiento de la capacidad productiva.
Especial atención se ha brindado al Banco Nacional de Desarrollo que como señaló la subsecretaria de Economía Javiera Petersen, apuntaría a “entregar buenos instrumentos para proyectos de innovación con ciertos objetivos sociales, o de transformación productiva” de largo plazo y riesgosos. La gran pregunta que se plantea en momentos tan complejos es si será posible romper la inercia de deterioro creciente de la capacidad productiva y generar una dinámica inversionista que impacte positivamente en la productividad, en particular en la gran masa de pequeñas y medianas empresas, que posibilite la apertura de nuevas actividades productivas más intensivas en conocimiento y que mejore la calidad de nuestra inserción en las cadenas globales de producción. La aseveración de que el Banco estaría empezando a funcionar hacia finales del gobierno hace necesario analizar el rol de las instituciones existentes en el esfuerzo indicado.
Diversos estudios han dejado en evidencia la potencialidad existente en el país para producir Hidrógeno Verde. A nivel global el hidrógeno verde aparece como de crucial importancia para avanzar en los objetivos de descarbonización. La invasión rusa a Ucrania es probable que acelere el incremento de la demanda pues existente claras señales de que los países de Europa Occidental tomarán medidas significativas para lograr la independencia energética respecto a Rusia. Mientras que Francia apuesta a la construcción de 6 nuevas plantea nucleares, Alemania prevé cerrar las últimas 3 centrales en el curso de este año lo que derivará, probablemente, en una creciente demanda de gas natural pero también hidrógeno verde. Tendrán ventajas los países que se decidan a ser los “first movers”. Chile tiene ventajas, pero requiere un rol activo del Estado en la generación de alianzas públicas – privadas, recursos públicos para crear las condiciones iniciales para un fuerte desarrollo del sector, un trabajo serio para eliminar los eventuales efectos medioambientales negativos (en todo caso muy menores comparados con los beneficios ambientales que generaría en Chile y el mundo). Es importante además considerar que una iniciativa agresiva en este campo podría variar significativamente el ánimo del empresariado al abrir diversas y amplias posibilidades de inversión generando estímulos positivos para la inversión.
Por Eugenio Rivera Urrutia
(Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible)
