Que el escenario de la inseguridad pública no es promisorio constituye una de las pocas cosas en las existe acuerdo unánime en Chile. Y que algunos de los remedios propuestos podrían conducirnos a un creciente autoritarismo populista a muchos nos resulta preocupante.
Primero lo que sabemos: con todas sus limitaciones, las estadísticas de criminalidad reflejan un importante incremento de los homicidios. Salvo el caso del 2021, los datos del Ministerio Público indican un alza de los casos de homicidios incluyendo los frustrados que entre 2016 y 2020 alcanzó un 66% y un incremento de la tasa de fallecidos por delito de homicidio cada 100 mil habitantes de 4,2 en 2016 a 5,7 en 2020. Ello ocurrió a la vez que el porcentaje de los casos en los que se desconoce la identidad del imputado pasó de un 17,9% en 2016 al 36,9% en 2020. El análisis del Ministerio Público para ese período es que el 37% de las víctimas fallecieron producto de un homicidio por un conflicto interpersonal no VIF (violencia intrafamiliar), 13,5% falleció en el contexto de otras actividades delictivas, como un robo, 12% murió en manos de un familiar y 10% pertenecen a la tipología de pandillas o grupos organizados. El 2021 los homicidios atribuidos a pandillas ya alcanzaron el 16% del total y se caracterizan por el uso de armas de fuego. El año 2021, a pesar de disminuir el número de víctimas, aumentó exponencialmente el número de ellas que son extranjeros y el número de victimarios identificados que también lo son pasó de un 4,6% a un 9,6% del total de imputados por homicidio.
Pero eso es sólo parte de la realidad que enfrenta el país. Poblaciones tradicionalmente afectadas por la presencia de bandas reportan crecientes tiroteos, han aumentado los asesinatos de carabineros y los enfrentamientos a balazos copan los noticiarios. Asimismo, las tasas más altas de homicidios se concentran en Tarapacá y Arica Parinacota. Un análisis reciente de los homicidios ocurridos en la Macrozona Norte por parte del Ministerio Público indica que en el año 2021 aparece con mucha fuerza el contexto de “ajustes de cuenta”, aumentando también los fallecidos por “disparo injustificado” o “balas locas”, lo que podría estar relacionado con una mayor presencia de armas de fuego, y las “mexicanas” (quitadas de droga) o disputas territoriales, probablemente vinculadas a un aumento del tráfico ilícito de drogas.
Consciente de que su posición de izquierda lo hace vulnerable a acusaciones de buenismo o garantismo excesivo, el gobierno ha tratado de dar respuestas visibles al fenómeno criminal. Así, la ministra Carolina Tohá promovió la aprobación de una reforma constitucional que ha permitido que alrededor de 600 efectivos de las FFAA se desplegaran en la frontera Norte del país para evitar la inmigración irregular sin necesidad de estado de emergencia. Ellos se agregan a la permanente prolongación del estado de emergencia en la Araucanía que también involucra la participación militar.
Durante meses el gobierno buscó concordar con la oposición una agenda transversal en materia de seguridad, la que finalmente lanzó sin ella, pero con la concurrencia de alcaldes y gobernadores, y que consulta medidas misceláneas que incluyen la ejecución de operativos de control en sectores con presencia de la narco-beneficiencia, comprometen la formulación de una metodología de recuperación de la presencia del Estado y de reactivación de la comunidad que será piloteada en barrios de dos regiones, la aprobación de diversos proyectos de ley , hasta medidas puntuales, como la regulación de motos eléctricas y vehículos motorizados de menor tamaño.
Consciente de que su posición de izquierda lo hace vulnerable a acusaciones de buenismo o garantismo excesivo, el gobierno ha tratado de dar respuestas visibles al fenómeno criminal.
Ello no ha calmado a los diputados de gobierno y oposición quienes acompañados de alcaldes y algunos gobernadores han insistido reiteradamente en la necesidad de que se decreten estados de excepción constitucional en la Región Metropolitana, Valparaíso y la zona norte.
El país enfrenta el riesgo de que crezca el clamor público por ampliar la participación militar en tareas de seguridad pública y por endurecer sanciones penales, y por aprobar leyes de manera apresurada, lo que a mi juicio es lo que no habría que hacer.
Una creciente intervención militar en un contexto de baja aprobación del Congreso, partidos políticos y Poder Judicial va a profundizar la convicción de que las instituciones democráticas no funcionan y abrir el paso a soluciones autoritarias o no institucionales. La participación militar en zonas altamente pobladas entraña riesgos para los derechos humanos y su efecto es debatible. En efecto, el año en que un mayor número de casos de homicidios ingresó a la Fiscalía fue el 2020, durante el cual por algo más de seis meses rigió el estado de catástrofe, que permitió restringir la libertad y movilidad de las personas a través de medidas como cuarentenas, cordones sanitarios y toques de queda con la participación de las Fuerzas Armadas.
Una creciente intervención militar en un contexto de baja aprobación del Congreso, partidos políticos y Poder Judicial va a profundizar la convicción de que las instituciones democráticas no funcionan y abrir el paso a soluciones autoritarias o no institucionales.
El país requiere de un Estado más efectivo que responda preventivamente frente a la violencia que pueda ser reducida por esa vía y que organice la intervención focalizada respecto de otras expresiones de la violencia homicida. El 2020 casi un 50% de los homicidios correspondieron a conflictos interpersonales o a violencia entre parientes. Se trata de situaciones en las que juega un rol crucial el consumo de drogas o alcohol y diversas expresiones del machismo. En ese terreno la prevención del consumo de sustancias y la respuesta rápida ante las víctimas hace una gran diferencia. La presencia militar o el uso de armas son muy poco relevantes.
La presencia de bandas armadas y de ajustes de cuenta requiere incrementar el porcentaje de casos de investigación criminal con resultados positivos y establecer patrullajes preventivos que no sean predecibles por los criminales en lugares donde éstas tienen presencia visible. Particular atención debiera prestar el Estado a la movilidad geoespacial del homicidio para lo cual es imprescindible tener información adecuada y la aparición de nuevos campamentos de alta vulnerabilidad social y donde hoy se encuentran presentes diversas formas de violencia, pues allí la presencia del Estado muy baja.
El principal desafío de Chile hoy es responder ante la criminalidad de manera efectiva con las instituciones y las prácticas propias del estado de derecho y a través de programas bien formulados. Es difícil encontrar otro antídoto a la situación actual.
