No son buenos tiempos para que las coaliciones en el poder ganen elecciones. Más que evidente en una región azotada duramente por la pandemia, que ha generado, además de la sanitaria, crisis económicas y sociales de envergadura que rápidamente devienen en políticas, manifestadas en derrotas electorales para los actuales gobernantes.
Argentina no es una excepción. Muy por el contrario. El país arrastra una larga crisis económica y social. Con altos índices de pobreza y endeudamiento externo, agravado por el controvertido crédito con el FMI, suscrito por el gobierno de Mauricio Macri, en condiciones que hacen imposible su servicio. Con altos índices de inflación, 40 % de pobres y creciente cesantía. Macri recibió el país en medio de una severa crisis económica y social que nunca pudo resolver y entregó el poder con Argentina peor que antes.
La precaria unidad del peronismo
En medio de ese complejo escenario, el peronismo, fuertemente dividido, logró reunirse para elegir presidente a Alberto Fernández. Una hábil jugada de Cristina Fernández que, consciente de que el kirchnerismo no tenía la fuerza suficiente para volver al poder, se vio urgida en aceptar la candidatura presidencial de Alberto Fernández – que había roto con el kirchnerismo durante su anterior gobierno – y postularse como vicepresidenta. La fórmula funcionó. Alberto Fernández fue elegido presidente y el peronismo alcanzó una sonada victoria hace dos años atrás, obteniendo mayoría en ambas cámaras e imponiéndose en las principales gobernaciones estatales.
A todas luces no ha sido una convivencia fácil la del presidente con su vicepresidenta, con algo más que distancias por carácter y contrapuntos reiterados. En no pocas ocasiones han tenido diferencias que se han ventilado públicamente y en la mayoría de ellas el presidente ha debido ceder. La última fue la crisis de gabinete tras el mal resultado de las primarias obligatorias (PASO), cuando públicamente Cristina Fernández demandó un inmediato cambio de gabinete, apuntando a las figuras más cercanas al mandatario como responsables del pésimo resultado. Alberto Fernández se vio obligado a desprenderse de cercanos colaboradores (a algunos los enrocó) y designar un nuevo gabinete que no respondió completamente las demandas y propuestas de Cristina.
Tras el resultado de las complejas primarias, el gobierno de Alberto Fernández y su coalición -el frente que une al peronismo – trabajaron arduamente para, al menos, acortar la brecha que lo distanciaba electoralmente de la oposición. Algo que logró muy parcialmente, sin impedir que ella terminara arrebatándole el control del senado (donde tradicionalmente se impuso el peronismo), propinándole adicionalmente duras derrotas en la capital federal y no pocos de los estados regionales.
Un complejo escenario para Fernández en la segunda mitad de su mandato
El balance de la primera mitad de su mandato no es nada bueno para Alberto Fernández y su gobierno. La pandemia ha golpeado muy duramente a Argentina, al igual que a la mayoría de los países de la región, agravando la crisis económica y social que arrastra el país. Al borde del default y con serias dificultades para renegociar su deuda externa. Prolongando altos niveles de inflación, pobreza y desabastecimiento de productos esenciales. Ante una oposición dura e intransigente que aspira a desplazar al peronismo del poder.
Sin embargo, en la oposición, no todos tienen las mismas razones para celebrar. Mauricio Macri ha perdido buena parte de su protagonismo a manos de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aparece como el liderazgo opositor emergente, con pretensiones y proyecciones presidenciables, al igual que María Eugenio Vidal, electa diputada por la capital federal.
La Unión Cívica Radical, que integra la coalición opositora, además del movimiento cívico, que lidera Lilia Carrió, tienen poco que festejar. El PRO aparece como la fuerza hegemoniza en la oposición y con toda seguridad, designará el candidato o candidata de la oposición para enfrentar a Alberto Fernández, en la eventualidad que se repostule a la reelección.
El otro fenómeno emergente de la reciente contienda electoral fue la irrupción de Javier Milei, autodefinido como un “libertario anticapitalista, admirador de Trump y Bolsonaro” que alcanzó un 17 % de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Por ahora es un fenómeno focalizado en la capital, pero ha prometido que, a partir de esta elección, empezará a recorrer cada rincón del país para que en 2023 exista una lista de su coalición “La libertad avanza”, representando las ideas de la ultraderecha y en contra de los partidos. Un libreto conocido.
La duda más que razonable es si el peronismo, o justicialismo, logrará mantener la precaria unidad que ha sido la clave de su éxito. Se dice que cada vez que el peronismo pierde se divide, uniéndose tan solo ante la perspectiva de ganar o retener el poder. Y esa será, precisamente, la disyuntiva que enfrentará en las próximas elecciones presidenciales. Con una oposición respirándole en la nuca.
La derrota del oficialismo es dura y obligará al gobierno a rectificar algunas de sus políticas y buscar diálogos con la oposición. Con todo, ello no necesariamente anuncia el retorno de la opositora Juntos por el Cambio al poder. Faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales y el gobierno mantiene un margen de maniobra para negociar con sectores no alineados con los grandes bloques. En especial con algunos senadores y diputados regionales para diversas iniciativas legislativas.
Tras la derrota, el presidente Fernández ha desechado cualquier posibilidad de ajuste económico que castigue a los sectores más empobrecidos. Pero la crisis es grave y la primera prioridad que hoy enfrenta el gobierno es la de renegociar su deuda externa, en especial, el gravoso crédito suscrito con el FMI. Y los acreedores han puesto como condición esencial, un amplio respaldo político transversal en torno a una propuesta de renegociación. Una condición a la que la oposición debiera allanarse. Sobre todo, asumiendo que fue el gobierno de Macri el que suscribió el acuerdo.
Pero es más que evidente que la prioridad principal es que el país retome la senda de crecimiento, asumiendo que el agro no puede ser su principal o único motor. Se afirma que tradicionalmente Argentina gasta más de lo que produce y que requiere renovar su actual modelo de desarrollo. Lamentablemente es un desafío de largo plazo y el gobierno tiene un horizonte de tiempo bastante acotado para intentar controlar la inflación, disminuir los índices de pobreza y dinamizar la ya vapuleada economía. Y una condición esencial es no caer nuevamente en el temido default, que ya vivió una vez durante el gobierno de Néstor Kirchner.
