A hora de evaluar la gestión del gobierno en sus primeros cien días de mandato, la mayoría de los analistas y medios de comunicación ponen el acento en los errores no forzados del presidente y algunos de sus ministros. Prácticamente nadie en los logros o avances logrados por el gobierno en este corto tiempo en el poder. Como la intervención del barrio Meigs. Y más recientemente la decisión de cerrar la fundición de Ventanas, con plenas garantías que ninguno de sus trabajadores perderá su empleo.
Y menos, intentar contextualizar el escenario que hoy se vive en el país. Un escenario caracterizado por la mantención de la crisis sanitaria, con una nueva ola de contagios del COVID 19, agravada por los virus propios del invierno. Una alta inflación y bajas proyecciones de crecimiento, con el fantasma de la estanflación. Un clima de violencia que ha tendido a naturalizarse, con fuerte incremento en la denominada macrozona sur. La mantención de la inmigración ilegal en el norte del país. Y una acentuada polarización entre los partidarios del apruebo o rechazo del proceso constituyente, con un parlamento fragmentado donde se hace cada vez más difícil construir acuerdos.
“Ha sido un inicio intenso, pero siempre supimos que iba a ser complejo” declaró la ministra Siches, al evaluar estos primeros cien días. La duda es si las nuevas autoridades imaginaron que se enfrentarían a una tormenta perfecta. Crisis sanitaria, económica, social y política. Todo de una vez.
Probablemente la crisis que hoy vive el país no es radicalmente diferente a la que enfrenta la mayoría de los países de la región y buena parte del planeta. La crisis sanitaria ha golpeado con igual fuerza a los países desarrollados y en desarrollo, generando fuertes impactos a nivel social. La inflación es hoy un fenómeno global, agravada por la guerra en Ucrania, que amenaza con prolongarse, con graves efectos en la cadena alimentaria. Como siempre sucede, la crisis ha golpeado con particular fuerza a los sectores más vulnerables, generando graves tensiones sociales y políticas, especialmente en nuestra región.
Se dice que mal de muchos es consuelo de tontos. Y no se trata de buscar justificaciones o excusas para no enfrentar la crisis multisistémica que enfrenta el país. Como es obvio, la principal responsabilidad recae en el gobierno. Le corresponde señalar el camino, exigencia propia del liderazgo.
Desafíos para enfrentar la violencia
La violencia, venga de donde venga o las causas que la generen, representa un atentado en contra de la democracia y es indispensable combatirla con todas las herramientas que la propia democracia entrega para su protección.
Es un deber irrenunciable del gobierno. Y no puede haber inhibiciones o vacilaciones, ni dentro del gobierno ni en las coaliciones que apoyan su gestión, para usar todas las facultades que le confieren la constitución y las leyes para asegurar el orden público y la seguridad ciudadana.
El país entrega a las instituciones policiales y de orden el monopolio de la fuerza para que cumplan las funciones que le han asignado la constitución y las leyes, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre en el marco del estado de derecho e irrestricto respeto por los derechos humanos.
Constituye una clara distorsión para la convivencia democrática asumir que la mejor opción para asegurar la vida personal, familiar, o los respectivos patrimonios, sea la defensa personal con armas, debidamente inscritos o no. En algunos países (desde la potencia norteamericana), que constitucionalmente han reconocido aquello como un derecho se llega a los extremos de tiroteos en escuelas y lugares públicos con miles de victimas inocentes. Y lo más probable es que los delincuentes, con mayor adiestramiento y decisión, se impongan por la fuerza.
Como un efecto no deseado del desarrollo, hoy el país enfrenta nuevas y mayores amenazas a la seguridad interna. Ha proliferado la posesión de armas en manos de los delincuentes, así como la frecuencia de su uso, en delitos de mayor frecuencia. Carteles de la droga y el crimen organizado de otros países, como el famoso tren de Aragua, de Venezuela y carteles mexicanos, han extendido su acción hacia el conjunto del continente, incluido nuestro país. Mafias chilenas o extranjeras ensayan nuevas modalidades de delitos, como el sicariato, el tráfico de personas y el secuestro.
Con toda razón, el tema de la seguridad ciudadana hoy figura como una de las primeras prioridades de la ciudadanía. En su primer mensaje a la nación, el presidente ha delineado una significativa agenda en esta materia, con la creación del ministerio de seguridad pública, la reforma y fortalecimiento de los servicios policiales, que deben ser impulsadas con fuerza y convicción por todos los sectores políticos, en la confianza de que están defendiendo y fortaleciendo la democracia.
Enfrentar la crisis económica con políticas reactivadoras
Las proyecciones de crecimiento continúan a la baja, con una acentuada inflación, agitando el fantasma de la llamada estanflación (estancamiento mas inflación). Un fenómeno que ha llevado a las autoridades del Banco Central ha decretar sucesivas alzas de la tasa de interés, que pudiera controlar parcialmente la inflación, pero acelerar la posibilidad de recesión económica.
Es verdad que, dado lo ajustado de la caja fiscal y cierta incertidumbre en materia política e institucional, existe poco espacio para políticas contra cíclicas, que impulsen la inversión publica y alienten la inversión privada. Pero no es posible enfrentar o resolver la crisis económica que vive el país tan solo en base a políticas monetarias, si no van acompañadas, en un adecuado equilibrio, con políticas contra cíclicas y de protección a los sectores mas vulnerables de la población.
La reforma tributaria
En su primer mensaje al país, el presidente ha marcado una hoja de ruta, enfatizando la necesidad de enfrentar estos múltiples desafíos en un clima de diálogo y colaboración, tanto de los sectores políticos como sociales. Un primer test respecto de esto dice relación con la reforma tributaria que se anunciará a fines de junio. Nunca es un buen momento para subir los impuestos y probablemente, este puede ser muy malo. Pero resulta imprescindible si de verdad queremos impulsar cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana demanda. Como en toda crisis, hay perdedores, normalmente los sectores mas vulnerables, y ganadores. El dinero llama al dinero, y no pocos sectores salen más fortalecidos de estas crisis. Es la hora de que los sectores que más tienen aporten más, según sus evidentes posibilidades. La reforma tributaria no es en contra de nadie, ha señalado el presidente, es por el bien del país, que requiere de mayores recursos y mayor justicia tributaria. Y precisamente, porque enfrentamos una crisis, el momento es ahora.
La reforma previsional
El sistema previsional de capitalización individual, administrado por el sector privado, no es estrictamente un sistema de protección social y no cumplió su promesa de ofrecer pensiones dignas para sus ahorrantes (el 70 % de sus últimas remuneraciones, como prometió). Incluso para aquellos trabajadores y trabajadores que no registran lagunas en sus ahorros previsionales.
Tras un largo proceso de discusión acerca de un verdadero sistema previsional, que garantice pensiones dignas, ha llegado la hora de resolver el tema. Nadie quiere volver al fracasado modelo de reparto, en donde diversas administradoras publicas llevaron a una virtual quiebra el antiguo sistema previsional. Lo que hoy se postula es un sistema mixto, en donde tanto los empleadores, los trabajadores y el propio estado, deben aportar para garantizar un sistema mixto, que incorpore una dimensión de solidaridad, administrado por el estado o privados, en donde lo mas relevante no es el tema de la propiedad de los fondos (que pertenecen a los trabajadores y son inexpropiables, como ha reafirmado el gobierno), sino el compromiso de garantizar pensiones dignas, con un piso mínimo universal, a partir del cual puedan incrementarse en base a los aportes de los ahorrantes.
La reforma de la salud
El país requiere de un sistema universal de salud pública, financiado con el aporte de todos los chilenos. Ello independiente de que los sectores acomodados puedan tener seguros adicionales en el sector privado, financiado con recursos propios, que les permita acceder a una mejor hotelería hospitalaria y mayor confort. No así respecto de las prestaciones de salud. La salud pública, tanto es su calidad como en su oportunidad debe mejorar sustancialmente en un sistema universal de salud.
Una nueva constitución
Tanto los partidarios del apruebo como algunos del rechazo y también los indecisos, asumen que la actual constitución (la de 1980 y la reformada durante el gobierno de Ricardo Lagos), está obsoleta y se requiere de un nuevo orden constitucional. Para lograrlo, unos abogan por aprobar para avanzar y otros rechazar para reformar.
No es un tema menor determinar el camino para alcanzar este objetivo supuestamente compartido (aún es posible encontrar en la derecha y centro derecha férreos defensores de la actual constitución).
Para una mayoría ciudadana y algunas instituciones financieras internacionales, el camino menos riesgoso, que evitaría nuevas tensiones sociales y políticas, es la aprobación de la propuesta de nueva constitución, sin perjuicio de posteriores perfeccionamientos e implementación gradual.
El rechazo a la propuesta de nueva constitución que la convención constituyente deberá entregar en un acto solemne el próximo 4 de julio (sin la presencia de los ex presidentes), genera mayores incertidumbres y riesgos para el país. Partidarios del rechazo especulan con dibujar “una tercera vía”, sin que hasta el momento entreguen algunas luces.
Otros insinúan devolver las facultades constituyentes al parlamento. Un parlamento marcado por la disgregación política, en donde la derecha recupera el derecho a veto que no alcanzara en la elección de miembros de la convención constituyente y en donde nada garantiza que puedan reunirse los 4/7 necesarios para los acuerdos. Además, si la convención no goza de gran apoyo en las encuestas, el parlamento esta muy por debajo de esos niveles de respaldo.
Otros han propuesto convocar a un nuevo proceso constituyente, dando por fracasado el actual, desechando todo el esfuerzo y los recursos invertidos en él. Y aun existen propuestas mas estrambóticas. Como volver a la constitución de 1925, recurrir a la propuesta de nueva constitución elaborada en el segundo mandato de Michelle Bachelet, o formar una comisión de “expertos” (supuestamente negociada entre gobierno y oposición) para redactar una nueva propuesta, que sería plebiscitada.
Un eventual rechazo a la propuesta de nueva constitución enfrentaría al país a la necesidad de resolver sobre estas y otras alternativas, con el grave riesgo de nuevos estallidos sociales, entregándole al gobierno una nueva responsabilidad de proponer un camino que genere mayor consenso social y político.
No es una tarea fácil, como no lo es ninguno de los grandes desafíos que hoy enfrenta el país de cara al futuro.
Sin lugar a dudas, estos primeros cien días de gobierno no han sido fáciles. Sin periodo de gracia o luna de miel. Pero, como decía la expresidenta Michelle Bachelet, que anuncia su pronto retorno al país, “cada día puede ser peor”.
Esta en el mejor interés del país que ello no sea así y se rescate el espíritu de colaboración y no confrontación propuesta por el presidente en su mensaje, asumiendo que, si al gobierno le va bien, al país le va bien. Al menos a la inmensa mayoría.
