El mercado no le cree a las encuestas. La mayoría de los agentes económicos piensa que ganará el Apruebo y parece estar internalizando sus efectos. Tampoco la inmensa mayoría del país. En primer lugar, porque tantas veces se equivocan. Son fotografías que, por definición, varían de un momento a otro, careciendo de valor predictivo. Además, hay encuestas y encuestas.
En cualquier caso, lo más inquietante para los partidarios del Rechazo es el cambio de tendencias en las encuestas. Sube el Apruebo a costa del Rechazo. La propuesta de nueva constitución empieza a ser percibida por la ciudadanía (especialmente por los jóvenes y sectores populares) como una esperanza y oportunidad de cambios, antes que una amenaza. Y nadie puede predecir lo que sucederá en estos cuarenta días de campaña. Tan solo recordar el viejo dicho de la hípica: Caballo alcanzado…
Difícil hacer encuestas sin conocer el universo efectivo de votantes para un plebiscito con voto obligatorio. Cerca del 90 % de los entrevistados manifiestan su decisión de concurrir a votar, pero sabemos que del dicho al hecho hay un buen trecho. Todo indicaría que una mayor participación debería favorecer el Apruebo.
Los dardos de la derecha se centran en el presidente y su gobierno, al que no dudan en acusar de una abierta intervención electoral por el sólo hecho de distribuir el texto de la propuesta de nueva constitución, cumpliendo con su deber de informar a la ciudadanía. Pero no lo pueden acusar de llamar a votar por el Apruebo y menos de emplear fondos públicos para aquello. La Contraloría ha anunciado una investigación especial tras estas denuncias.
Ácidas críticas alcanzan a la expresidenta Michelle Bachelet y su evocación a Pablo Milanés, que ha pasado a ser un cantante proscrito para un sector de la derecha. A escasos días de dejar su cargo de Alta Comisionada en Naciones Unidas, aprovechó su visita a Perú para venir al país y redactar una carta de apoyo a la propuesta de nueva constitución. Para que no cupieran dudas.
La campaña por el Apruebo acaba de comenzar, con un gran despliegue territorial, en tanto que la del Rechazo, iniciada con el plebiscito de entrada, pareciera agotar sus municiones, sin demasiado éxito. En buena medida insistiendo en la habitual práctica histórica de reiterar falacias, asumiendo que por más que desmentidas algo quedará, en medio de alguna confusión también sembrada con la colaboración de errores no forzados y algunos horrores de exconstituyentes. Con todo, muy pocos pueden creer que a los sectores populares les quitarán sus viviendas sociales, se expropiarán los ahorros previsionales o el país se divida geográficamente si gana el Apruebo, para no mencionar el terror más explícito asumido por grupos de ultraderecha.
Es claro que existe un amplio y mayoritario consenso en que el país necesita de una nueva constitución y que la propuesta constitucional no es perfecta (como la canción) sino perfectible, como lo ha reconocido el propio gobierno y los partidos que apoyan su gestión. Toda la duda es si es posible y necesario que los partidarios del apruebo especifiquen cuales son las normas que están dispuestos a modificar antes del plebiscito, como lo han propuesto algunos parlamentarios oficialistas, buscando tranquilizar o convencer a los indecisos, o si, por el contrario, ese es un debate que se deberá asumir a la luz de sus resultados.
Tan relevante como lo anterior, el país enfrenta la incertidumbre respecto de la continuidad del proceso constituyente, asumiendo que el plebiscito marca un punto de partida. La derecha ha evitado cuidadosamente comprometerse con una propuesta, pero es evidente que preferiría un mecanismo de negociación, en donde puede recuperar su derecho a veto.
Por su parte, los senadores disidentes de la DC, Ximena Rincón y Matías Walker, han propuesto un nuevo plebiscito para que sean los chilenos y chilenas quienes decidan como continuar el proceso en la alternativa del Rechazo. No es una mala opción, pero tiene un resultado más que previsible, como lo indican las propias encuestas. La opción por un nuevo proceso constituyente, con convencionales íntegramente elegidos. ¿Estaría disponible la derecha para apoyarla?
El caso contrario, la alternativa es clara. Le corresponde al parlamento la responsabilidad de introducir todas aquellas correcciones que se estimen necesarias, además de dictar las leyes para su implementación. Una vía bastante más segura, en donde todos los sectores políticos tienen la oportunidad de participar. Sin vetos y bajo la premisa de aprobar para mejorar.
Más allá del proceso constituyente
El objetivo de contar con una nueva constitución redactada en democracia, por representantes elegidos de manera paritaria, con participación de las etnias originarias, siendo muy relevante no agota la urgente y nutrida agenda en el marco de una crisis sanitaria y económica, que ha generado graves efectos sociales para la mayoría del país, acentuando aquellas demandas por cambios y transformaciones que estuvieron en el origen del proceso constituyente.
Plenamente consciente que su deber es gobernar y cumplir con el programa ofrecido al país, sea cual fuere el resultado del plebiscito, el gobierno se ha esforzado por desplegar una agenda sustantiva en los primeros meses de su gestión. La reforma tributaria ha sido enviada al parlamento, tras un proceso de consultas ciudadanas, que buscó recoger las opiniones de diversos sectores de opinión. Para el próximo mes de agosto, el gobierno ha anunciado que enviará a trámite parlamentario una propuesta de reforma del sistema previsional, largamente debatida en los últimos diez años, que busca reemplazar el actual sistema de capitalización individual, que no ha cumplido su promesa inicial de garantizar pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas.
La propia decisión de cerrar la fundición de Ventanas, asumida por el directorio de CODELCO, con pleno respaldo del gobierno, marca una nueva prioridad en la agenda medio ambiental del ejecutivo.
El ministro Carlos Montes anuncio un ambicioso plan para enfrentar la emergencia habitacional del país, que contempla la construcción de 260.000 nuevas viviendas, en diversas modalidades.
Adicionalmente el gobierno trabaja en un proyecto de reforma de la salud y anuncia un nuevo Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, que incluye el reforzamiento y reforma de los servicios policiales.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, que ha enfrentado una verdadera campaña de descrédito por temas menores, suscribió una declaración conjunta con su par boliviano, estableciendo la decisión de avanzar en una agenda de cooperación entre ambos países, luego de la ruptura de relaciones diplomáticas, la interrupción del dialogo en torno a una agenda de 13 puntos y el juicio de La Haya, que marca una nueva etapa de acercamiento entre ambos países.
Son avances muy relevantes, muy a menudo desconsiderados por los medios de comunicación y algunos analistas, a la hora de hacer un balance de la gestión gubernamental en sus primeros cinco meses de su mandato.
Es más que obvio que el gobierno ha cometido errores no forzados en su proceso de instalación. Como es igualmente evidente que no ha gozado del periodo de gracia que se concede a los gobiernos electos. Sea porque los problemas que enfrenta no tan sólo el país sino la mayoría de los países, producto de la crisis sanitaria y la guerra en Ucrania, son muy serios y apremiantes, O porque hay un cuadro de polarización, crisis y disgregación política que dificulta la gobernabilidad.
Mucho se declara la esperanza, de buena crianza, en que al gobierno le vaya bien porque ello va en provecho del país, pero poco se traduce en una real voluntad de cooperación en temas más que sensibles, que deben ser asumidos como asuntos de Estado, por sobre la contingencia y la disputa política. La política exterior es uno de aquellos. También la salud, la previsión y la seguridad ciudadana.
La propuesta de nueva constitución define al país como un estado social y democrático de derechos. Es un enunciado muy relevante al que es necesario de dotarlo de contenidos muy concretos para reducir la brecha de las desigualdades, avanzar en derechos sociales garantizados, asegurar la igualdad de género y no discriminación, impulsar un desarrollo sustentable y sostenible, con mayor justicia tributaria, mantener el orden y garantizar la seguridad ciudadana, además de resolver la histórica deuda del país con sus pueblos originarios.
Esa es la promesa y el compromiso del gobierno. Más allá de las legítimas diferencias políticas, que deben ser resueltas a través de los mecanismos que la democracia entrega, subsiste la necesidad de avanzar en un nuevo pacto social, que asuma los grandes desafíos que enfrenta el país. Un pacto que comprometa, por igual, a los actores políticos y sociales, incluyendo nuestros pueblos originarios.
Mucho de todo aquello se juega en el proceso constituyente, que no se agota el próximo 4 de septiembre, aunque no es indiferente si triunfa el apruebo o se impone el rechazo. La mayoría del país lo debe tener claro.
