Hace casi un año, gatillado por el análisis político que hacía Carolina Tohá en La Tercera (10 de diciembre de 2021), contrastaba su tesis del fracaso generacional con mi visión del relevo político (ver mi artículo “Boric y la Gobernanza” en Revista Occidente, enero 2022). Un tipo de relevo que rompía con la tradición de hacerlo dentro de las estructuras partidarias históricas, para fundarlo en una nueva coalición política (el Frente Amplio); surgido de la crítica de su antecesora (la Concertación), pero necesitada de ella a la hora de gobernar.
Tras la estrepitosa derrota del Apruebo de una Nueva Constitución para Chile esa necesidad se hizo indispensable; no sólo para obtener las mayorías parlamentarias en el Congreso, sino también para recoger la experiencia de gobernar de los, hasta ayer, denostados competidores políticos. Sin ir más lejos quién hablaba de fracaso generacional asumió la jefatura del gabinete, para corregir errores e intentar cumplir con el programa “en la medida de lo posible”.
Más allá de una visión positiva de esa ampliación de la alianza, cabe preguntarse si estos viejos y nuevos actores están haciendo frente de manera real y efectiva a la situación de crisis de legitimidad de las instituciones y políticas que estuvo en el origen del triunfo del candidato del Frente Amplio. Y la respuesta es negativa; al menos no “en la medida de los necesario”. Si bien es temprano todavía para hacer juicios definitivos, llaman la atención ciertas señales que son preocupantes.
Recuperar la juventud para la buena política
Uno de los indicadores negativos es la expresión política organizada de los jóvenes. En días recientes una de las pocas organizaciones estudiantiles que sobreviven con cierta dignidad: la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) mostró que todavía la mayoría de los estudiantes se inclina por definiciones progresistas. Sin embargo, el escenario es desolador. Al frente, la histórica Federación de Estudiantes, la FECH, no es capaz de reorganizarse y el movimiento estudiantil universitario brilla por su ausencia. Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles secundarias son permanentemente ahogadas por grupos anarquistas cuya única actividad es la destrucción de bienes públicos con propósitos inconducentes.
El llamado “estallido social” que fue canalizado institucionalmente por el proceso constituyente y que dio lugar a una Convención expresiva de una atomizada diversidad social con banderas feministas, indigenistas, ambientalistas y regionalistas, entre otras, ha desaparecido. Las expresiones violentas subsisten, pero sin apoyo popular. “Chile despertó”, pero hoy ha quedado en estado de sonambulismo. No se han resuelto las demandas originarias del movimiento y tampoco hay capacidad para reconducir esas fuerzas, transitoriamente apagadas, hacia metas convocantes y realistas.
No lo hicieron los partidos históricos subsumidos en dinámicas clientelistas autodestructivas. Tampoco los nuevos partidos, apremiados por las exigencias del manejo del Estado en medio de dificultosos procesos de aprendizaje rápido, parecen tener la capacidad de ser atractivos para ir formando a las nuevas generaciones de relevo.
Urge poner en el centro de las tareas de las estructuras partidarias el trabajo con la juventud: Relato con valores trascendentes, prácticas políticas renovadas y ejemplares, convocatorias atractivas a la acción social y a la formación y reflexión con sentido.
Es cierto que hoy predomina la fragmentación, la inserción en el mundo de las redes sociales y el consumo, un cierto facilismo combinado con altos niveles de frustración individual y social. No es fácil convocar de manera atractiva y es más difícil aun mantener una pertenencia constante y comprometida. Pero, no intentarlo es algo simplemente suicida.
La tarea de reinventar la política juvenil corresponde a los líderes políticos. Las nuevas generaciones capaces de conducir al país a altas metas de bienestar, sostenibilidad ambiental, convivencia social, vida saludable y solidaridad requieren ser formadas con prontitud. El riesgo de una vida sin sentido, individualismo extremo, drogadicción fácil, obesidad temprana, delincuencia y otros males sociales es alto. El compromiso de los jóvenes con causas nobles es una tendencia siempre existente, abrirle canales de participación es una responsabilidad mayor.
Acercar el poder a la gente.
El otro frente de posibilidades de recuperación de la institucionalidad y la legitimidad democrática se está abriendo con el proceso de descentralización.
La cuestión central aquí es el cumplimiento de los compromisos políticos y de las leyes. El compromiso del presidente es terminar el período con un poder central reducido y un poder subnacional fortalecido. El espíritu de las leyes vigentes es acercar el poder a la gente.
Por una parte, transferir poder, recursos y competencias; todo aquello que pueda ser mejor servido desde municipios y regiones debe ser traspasado, en forma gradual y progresiva, con confianza y responsabilidad. A fin de cuentas, lo que importa es la calidad de las decisiones y los servicios en beneficio de la ciudadanía y ella juzgará.
En esta materia todo va demasiado lento. El aumento de recursos de decisión regional propuesto en el Presupuesto Nacional es menor que el aumento total de los gastos. Esto significaría que la participación del gasto subnacional en el total se reduciría, algo que es contradictorio con las declaraciones del presidente. Por su parte, los gobiernos regionales han ejecutado una proporción menor del gasto que la histórica; en esto coinciden con la misma tendencia del gobierno nacional, lo que se explica tanto por las dificultades de los proveedores privados frente a los aumentos de costos, como por las rigideces estructurales del sector público.
Por otra parte, la exigencia legal es que la descentralización se haga con participación. No se trata solo de reemplazar unas elites por otras; hay un objetivo, elevar la calidad de la democracia.
Con el estallido social la institución que logró mayor legitimidad social fueron los municipios. Un mes después del acuerdo constituyente, más de 200 alcaldes movilizaron sobre un millón de personas que se pronunciaron en favor de una nueva Constitución e indicaron que las preocupaciones principales debían concentrarse en previsión, salud y educación. Una demostración de sensibilidad política que fue respaldada por mucha gente.
No ha ocurrido lo mismo con la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En ella se establecen formas permanentes de participación. Entre ellas, la creación de los Consejos de la Sociedad Civil en el ámbito territorial con funciones claramente definidas: recibir información a través de cuentas públicas e incidir en las decisiones sobre prioridades presupuestarias, ordenamiento territorial y estrategias y políticas de desarrollo.
En el ámbito municipal cuatro estudios desarrollados por la Fundación Multitudes en los años 2015, 2016, 2019 y 2020 muestran que solo el 50% de las comunas mantiene vigente legalmente el funcionamiento de los COSOC. De ese total, en el último estudio influido por la pandemia, el 77% cumplía con la cantidad de consejeros estipulada por la ley, el 68% efectuaba Cuentas Públicas anuales, sólo el 37% realizaba las 4 sesiones anuales que fija la Ley y el 14% abordaba la totalidad de las materias. De los 345 municipios solo 25 estaba al día con los estándares mínimos de participación ciudadana.
En el ámbito regional, una observación de la información pública generada por los gobiernos en sus sitios web revela que el proceso recién comienza. Sólo 2 de las 16 regiones (el 12,5%) mantiene en funcionamiento Consejos de la Sociedad Civil con sus integrantes elegidos y sus reuniones en forma. Hay 3 que tienen Consejos Regionales, pero éstos o no funcionan o no se informa públicamente de su labor y otros 3 que recién están preparando el proceso de instalación de estos. El 50% de los gobiernos regionales no ha tomado iniciativas o no informa al respecto.
Sin el apoyo de la gente gobernadores y alcaldes nada podrán hacer frente al centralismo estructural. Hacerse cargo del desarrollo de los territorios es distinto de obedecer instrucciones superiores y gastarse los presupuestos. Se requiere crear y consensuar visiones estratégicas compartidas, elevar la calidad política y técnica de las instituciones subnacionales y, especialmente, obtener el respaldo de una ciudadanía informada, participativa y comprometida con el futuro de los territorios. Gobernadores Regionales y Alcaldes tienen en esta materia la palabra.
