La propuesta de reforma previsional anunciada por el gobierno no contiene nada muy novedoso o distinto de lo ya anunciado. En rigor, no implica un cambio sustantivo, más bien se trata de una profundización del actual sistema previsional de capitalización individual administrados por privados, con la excepción que el aporte patronal de un 4 % (la dirigencia empresarial se había manifestado dispuesta a un cinco por ciento) pueda ser administrado por entes diversos a las AFP.
Aquel es un punto en cuestión, toda vez que las administradoras de fondos de pensiones habían anunciado que no cobrarían comisiones extras por ese 4 % adicional, mientras, como ha señalado el ministro de Hacienda, otros entes privados no podrían administrarlos gratuitamente. La interrogante obvia es por qué si los afiliados al sistema de pensiones pueden elegir a quienes administren este 4 % adicional, no tienen la misma libertad para optar por quienes administren su ahorro individual, incluida la alternativa de una administradora estatal.
La interrogante obvia es por qué si los afiliados al sistema de pensiones pueden elegir a quienes administren este 4 % adicional, no tienen la misma libertad para optar por quienes administren su ahorro individual, incluida la alternativa de una administradora estatal.
Otra cosa muy distinta es el tema del pilar solidario con aportes estatales, incluido en el proyecto, que debiera tener una tramitación distinta al proyecto anunciado como reforma previsional por el gobierno. En la pasada administración, la Presidenta Bachelet – que propuso la creación de este pilar durante su primer mandato- presentó un proyecto de reajuste de la pensión básica solidaria, que se aprobó en menos de treinta días. No se divisa la razón por la cual el gobierno no proceda a separar ambas iniciativas, abriendo una necesario discusión tanto respecto del monto del ajuste (a todas luces insuficiente), así como su gradualidad y lo incorpore como gasto en el presupuesto del año próximo, permitiendo una rápida aprobación, tal como lo han propuesta senadores de oposición.
Es más que evidente que el proyecto anunciado generará un arduo debate, ya abierto, no tan sólo por el monto del ahorro necesario para generar una tasa de reemplazo mínimamente satisfactoria (las propias AFPs han señalado que este incremento es insuficiente y que la tasa de ahorro podría igualarse a la de los países de la OCDE, un 18 %), aunque la gradualidad sea mayor o se generen mayores incentivos al ahorro previsional voluntario (APV), incluida la alternativa de rescates parciales ante emergencias.
Una amplia mayoría opositora, ha reiterado su oposición a entregar un solo peso adicional a los que actualmente administran las AFP – con utilidades excesivas, mientras el desempeño de los fondos ha sido bastante discreto, con tasas de reemplazo para los afiliados irrisorias y claramente insuficientes – adquiriendo un inmenso poder económico y político con el capital de sus ahorrantes.
También el tema de la administración de estos fondos genera polémica. La ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, interpretando no tan sólo la opinión del gobierno anterior, sino de una amplia mayoría opositora, ha reiterado su oposición a entregar un solo peso adicional a los que actualmente administran las AFP – con utilidades excesivas, mientras el desempeño de los fondos ha sido bastante discreto, con tasas de reemplazo para los afiliados irrisorias y claramente insuficientes – adquiriendo un inmenso poder económico y político con el capital de sus ahorrantes.
Un proyecto perfectible
Un punto rescatable del proyecto gubernamental, además de instalar este sensible tema en la agenda, es que establece la posibilidad que los ahorrantes prolonguen voluntariamente su vida laboral, con claros incentivos y la posibilidad de incrementar sustantivamente sus pensiones futuras. Con las actuales expectativas de vida, un hombre de 65 años no es propiamente viejo. Y menos una mujer a los 60. Sin embargo, tanto los incrementos de la cotización (incluido el aporte patronal de un 4,02 %, así como los incentivos a la mujer, y la clase media) que contempla el proyecto son bastante modestos y excesivamente graduales.
Evidentemente, este tema del actual sistema previsional, que ha concitado innumerables críticas y múltiples propuestas de reformas, a partir de la baja tasa de reemplazo que asegura a sus afiliados, como enormes utilidades a las administradoras, independientemente de los resultados de las inversiones, ha generado fuertes controversias.
El gobierno, que no cuenta con mayoría parlamentaria, debe estar abierto a un diálogo y búsqueda de acuerdos que recojan aportes y propuestas de la oposición, en tanto que ésta debe buscar amplias coincidencias para perfeccionar un proyecto que no cambia en lo sustancial el actual sistema de pensiones, ni garantiza mayor competencia. Con el efecto de no beneficiar a los actuales jubilados y pensionados, ni asegurar pensiones suficientes para los futuros.
El movimiento No más AFP ha concitado importantes movilizaciones, apuntando al retorno del sistema solidario, mientras que diversos expertos apunta a un vigoroso sistema mixta, que incluya el aporte del Estado, los privados y trabajadores, introduciendo una mayor competencia en su administración. Incluso con una propuesta de seguro de vejez que permita reducir las previsiones de vida de los ahorrantes hasta los 85 años a la hora de calcular su pensión, tras lo cual el seguro de vejez asumiría el costo de la pensión.
La bancada de senadores socialistas ha presentado recientemente una completa propuesta de reforma previsional que debería ser considerada durante la tramitación de este proyecto, así como las elaboradas por la llamada Comisión Bravo, que trabajó durante la pasada administración.
Nuevamente queda bajo el escritorio la reforma al sistema de pensiones que favorece a las Fuerzas Armadas. Un tema eludido por larga data y que tiende a transformarse en más sensible, a la par de los numerosos escándalos financieros que involucran a altos mandos de las distintas ramas uniformadas.
El gobierno, que no cuenta con mayoría parlamentaria, debe estar abierto a un diálogo y búsqueda de acuerdos que recojan aportes y propuestas de la oposición, en tanto que ésta debe buscar amplias coincidencias para perfeccionar un proyecto que no cambia en lo sustancial el actual sistema de pensiones, ni garantiza mayor competencia. Con el efecto de no beneficiar a los actuales jubilados y pensionados, ni asegurar pensiones suficientes para los futuros.
Nuevamente queda bajo el escritorio la reforma al sistema de pensiones que favorece a las Fuerzas Armadas. Un tema eludido por larga data y que tiende a transformarse en más sensible, a la par de los numerosos escándalos financieros que involucran a altos mandos de las distintas ramas uniformadas.
